Enfoques_2025-02

1. Condicionantes domésticos y agenda
de la política exterior: reconfiguraciones
del problema energético argentino
(2003-2015)

Domestic constraints and the foreign policy agenda:
reconfigurations of the Argentine
energy problem (2003–2015)

Condicionantes domésticos e agenda da política externa:
reconfigurações do problema
energético argentino (2003–2015)

Maximiliano Barreto

Facultad Teresa de Ávila y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario

maximilianobarreto@uca.edu.ar

Recibido: 30 de septiembre de 2023
Aceptado: 30 de abril de 2025

DOI:

Resumen

La interrupción del suministro energético argentino en el verano de 2003-2004 impulsó a la problemática energética como tema de la agenda gubernamental del período 2003-2015. El presente artículo analiza esta cuestión desde la perspectiva de la agenda de la política exterior, ya que la misma se vio impactada por tales dificultades domésticas. En este sentido, a través de una estrategia general de carácter cualitativa, el objetivo es hacer foco en el problema energético como tema de la agenda externa y analizar de qué manera varió y condicionó la política exterior entre los años 2003 y 2015.

Palabras claves

Política exterior — Condicionantes domésticos — Agenda gubernamental — Problema energético — Argentina

Abstract

The interruption of the Argentine energy supply in the summer of 2003-2004 propelled the energy problem as a topic of the governmental agenda of the period
2003-2015. This article analyzes this issue from the perspective of the foreign policy agenda since it was impacted by such domestic difficulties. In this sense, through a general qualitative strategy, the objective is to focus on the energy problem as a topic of the external agenda and analyze how it varied and conditioned foreign policy between 2003 and 2015.

Keywords

Foreign policy — Domestic constraints — Governmental agenda — Energy problem — Argentina

Resumo

A interrupção do fornecimento de energia argentino no verão de 2003-2004 impulsionou o problema energético como um tema da agenda governamental do período de 2003-2015. Este artigo analisa essa questão sob a perspectiva da agenda de política externa, uma vez que foi impactada por tais dificuldades domésticas. Nesse sentido, através de uma estratégia geral qualitativa, o objetivo é focar no problema energético como um tema da agenda externa e analisar como a política externa variou e condicionou entre 2003 e 2015.

Palavras-chave

Política externa — Restrições domésticas — Agenda governamental — Problema energético — Argentina

Introducción

Tiempo antes del inicio del gobierno de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007), el sector energético mostró señales preocupantes en relación con el suministro doméstico. En la presidencia interina de Eduardo Duhalde (enero de 2002 a mayo de 2003), aparecieron inquietudes sobre el stock de reservas de hidrocarburos, su relación con los volúmenes exportados y el abastecimiento de hidrocarburos, especialmente de gasoil.1 Respecto de esta última, incluso se declaró la emergencia en el abastecimiento de los hidrocarburos.2

Aunque la causa de dicha situación no es objeto de este artículo, cabe enmarcar este comportamiento sectorial en las transformaciones que sufrió al calor de las políticas de reforma estructural que experimentó el Estado, las cuales modificaron el modelo de gestión estatal (Estado-productor-empresario) que sobre él había predominado históricamente en el país, de modo directo a través de las empresas públicas energéticas, o indirectamente a través de controles en las decisiones de precios, producción, comercio exterior, etc.3 Así, en líneas generales, los diversos eslabones de la cadena de suministro quedaron en manos de actores privados.

Ahora bien, a pocos meses del arribo de Kirchner a la Casa Rosada, la interrupción del suministro de gas natural y electricidad en el verano de 2003-2004 catapultó la problemática al tope de la “agenda gubernamental”, entendida esta como el conjunto de problemas, demandas, cuestiones y asuntos que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar.4 La batería de medidas tomadas al respecto confirmó el ingreso de este flagelo a la agenda de gobierno y, a la vez, su incorporación a la agenda de la política exterior.

Las siguientes acciones lo ejemplifican. En marzo de 2004, se lanzó el Programa de Racionalización de Exportaciones de Gas y del Uso de la Capacidad de Transporte”,5 que recortó las exportaciones a Chile, suspendió
la exportación de energía eléctrica a Uruguay, se recibió suministro energético de emergencia desde Brasil y se acordó importar gas natural desde Bolivia y fueloil desde Venezuela.

Desde allí hasta el final del recorte temporal, el problema energético —en tanto condicionante doméstico— permaneció como issue-area de la agenda externa argentina. En este marco, se propone analizar de qué manera el problema energético como asunto de la agenda externa varió y condicionó la política exterior entre los años 2003 y 2015. Con este objetivo, se busca comprender el comportamiento de uno de los principales problemas de la agenda del Gobierno y, particularmente, de la agenda externa, y su incidencia sobre las relaciones exteriores del país.

Disciplinarmente, el estudio acerca de cómo los problemas de agenda sufren cambios en el tiempo es escasamente abordado desde las relaciones internacionales. La ciencia política es el campo que aporta pistas sobre este cometido. En este sentido, si bien se recupera el llamado enfoque interactivo como marco de referencia teórico-conceptual que habilita el estudio sobre la relación entre condicionantes (domésticos) y la política exterior, se toman conceptos politológicos como la mencionada idea de agenda gubernamental.

Desde el punto de vista metodológico, esto implica considerar la problemática energética como un condicionante doméstico de la política exterior o, en otras palabras, a la primera como la variable independiente y a la política exterior como la variable dependiente. Dado que se asume que la condicionalidad entre ambas variables no es automática sino mediada por los decisores políticos, se incorporó una variable interviniente, denominada agenda de Gobierno.6

En cuanto a la operacionalización, la variable independiente se conformó por dos dimensiones: física y económica, las cuales emplearon indicadores energéticos (cuantitativos y materiales). En relación con la variable dependiente, se identificaron dos dimensiones: la político-diplomática y la económico-comercial, que compartieron el mismo indicador que registró las acciones del Gobierno en relación con otros actores internacionales. Dicha variable presentó componentes materiales e ideacionales.
La variable interviniente cumplió la función de captar las impresiones de los tomadores de decisiones respecto a la problemática energética al configurarse como un problema de la agenda gubernamental, conformada por indicadores ideacionales.

En cuanto a las fuentes, cabe decir que en el marco de una estrategia general de carácter cualitativa se consultaron recursos primarios y secundarios. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación basada en documentos y la investigación basada en Internet y archivo. En lo referido a las técnicas de análisis de datos, se empleó el análisis documental, el análisis estadístico descriptivo y el análisis de contenido o discurso.

A modo de hipótesis, se sostuvo que a corto plazo el problema adquirió una faceta primordialmente física que posicionó a Bolivia y a Venezuela —en tanto productores— como socios prioritarios y tensionó el vínculo con Chile, principal importador energético. A mediano término, el problema sumó una faceta económica dado el deterioro de la balanza comercial energética y derivó en la expropiación de las acciones de Repsol YPF, lo que tensionó el vínculo con España.

Finalmente, el texto se organiza del siguiente modo. La próxima sección inserta el trabajo en la literatura y plantea los conceptos centrales escogidos. Posterior a ello, el apartado sucesivo, que es el primero estrictamente empírico, estudia el problema energético y su incidencia en la política exterior a corto plazo. La inclusión de la noción temporal del corto y el mediano plazo es la herramienta que permite visualizar las dos grandes variaciones del problema en el período en cuestión. En efecto, la sección final se dedica a estudiar el tema energético a mediano plazo. El trabajo cierra exponiendo las principales conclusiones obtenidas a lo largo de la investigación.

Los problemas de agenda
en las relaciones
internacionales

Un vistazo rápido al desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina en el siglo xx alcanza para identificar que el estudio de los problemas de agenda de Gobierno no ha tenido un espacio destacado. Las perspectivas hegemónicas, en su mayoría pertenecientes al nivel de análisis de la política internacional,7 han sido estudios de alcance demasiado macro para ocuparse del tratamiento de las problemáticas de la sociedad, de un sector de ella o del Gobierno y su ingreso al espectro de preocupaciones de la clase política. La influencia del realismo y su desatención a aquello que ocurre al interior de la caja negra del Estado contribuyó a esta situación.

Dentro del nivel de análisis de la política exterior, aunque en términos de escala (micro o meso) existió mayor familiaridad para tratar los problemas de agenda. Ello ocurrió de manera parcial. En la década del 60 y del 70, la aparición del linkage theory (también llamado “enfoque interactivo”) con el trabajo pionero de James N. Rosenau Pre-theories and theories of foreign policy (1966) abrió el camino para el desarrollo del campo de la política exterior y, a la vez, para reflexionar sobre cuestiones al interior del Estado.

Es conocida la posición de Rosenau de que para estudiar la política exterior es necesario prestar atención a determinados factores domésticos y externos que la condicionan simultáneamente, aunque se podrían citar otras aproximaciones, tales como la propuesta de Graham T. Allison en su obra La esencia de la decisión de 1971, en la que construye modelos de toma de decisiones por parte de organizaciones gubernamentales. Los problemas de agenda propiamente dichos han sido considerados temas de estudio de la ciencia política. Claramente, esta desatención relativa pierde de vista que la política exterior es, al fin y al cabo, una política pública.8

Dado lo expuesto, el enfoque interactivo se toma como marco de referencia teórico-conceptual porque permite estudiar la problemática energética como un condicionante doméstico de la política exterior y, a la vez, considerar factores externos si es necesario. Se escoge la definición de “condicionante doméstico” de Natalia Ceppi, quien los entiende como “grupo de factores y actores de naturaleza diversa que son parte del escenario nacional y que inciden en la formulación de la política exterior en un issue-area determinada”.9

Por otro lado, se toman dos definiciones de “política exterior”: una operativa y otra con una impronta política. La primera de ellas considera que es la acción de un Estado con relación a los demás actores internacionales que persiguen el cumplimiento de una serie de metas u objetivos para el desarrollo de sus relaciones y actividades con los demás actores de la comunidad internacional.10

La segunda entiende que “la tarea de la política exterior como política pública es traducir necesidades internas en posibilidades externas para ampliar el poder de control de una sociedad sobre su destino”. Esta se elige porque frente al problema energético, como se verá, la política exterior fue considerada como una herramienta para apuntalarlo. Asimismo, y en estrecha relación con esta segunda definición, se acudió a la ciencia política para definir “política pública” en tanto sinónimo de la política estatal, pero diferente a la política de Estado:

… un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De tal intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión.11

De esta disciplina se tomó, además del mencionado concepto de agenda gubernamental en la Introducción, la noción de “problema”. Aguilar Villanueva define los problemas como construcciones lógicas planteadas y estructuradas, de manera que sean gubernamental y socialmente abordables con los recursos intelectuales, legales, fiscales, políticos y administrativos a disposición.12

Por último, volviendo a las relaciones internacionales, se empleó la idea de “corto plazo” y “mediano plazo” de Calduch,13 las cuales permiten periodizar las dos grandes variaciones que el problema energético adquirió. El corto plazo refiere a una fase temporal generalmente breve, durante la cual uno o varios actores internacionales son capaces de formular y ejecutar una determinada línea de acción en el contexto internacional (uno a cinco cinco años). El mediano plazo, por su parte, es una etapa relativamente más amplia, entre cinco y diez años, durante la cual las diversas estructuras y los factores endógenos de los actores internacionales experimentarán cambios significativos que afectarán su influencia o su capacidad de actuación en la vida internacional.14

El problema energético argentino
en el corto plazo
(2003-2007)

En los primeros meses del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, la problemática energética (variable independiente) se cristalizó en la restricción de la oferta interna de determinados recursos energéticos que, en el verano 2003-2004, tuvieron al gas natural y a la electricidad como factores operantes de la crisis.15 Dicha restricción y el consecuente corte a los usuarios catalizaron el ingreso de la problemática en la agenda gubernamental. Asimismo, fue la restricción de diversos recursos la que le otorgó al problema energético un cariz físico y explicitó a corto plazo la condicionalidad sobre la política exterior.

Dado que —tal como se expresó— la condicionalidad entre las variables independiente y dependiente no fue automática, cobró peso la variable interviniente “agenda de Gobierno”, la cual captó las impresiones de los tomadores de decisiones respecto a la problemática energética. Al respecto, el Gobierno consideró necesario disponer de un conjunto de medidas a efectos de evitar una crisis de abastecimiento interno.16 La posibilidad de interrupción del suministro se internalizó en la visión del Gobierno como una amenaza al programa económico, cuya idea del crecimiento puso acento en lo productivo, en el marco de una estrategia neodesarrollista. Se consideró a la energía como un recurso natural estratégico que debía estar “al servicio de un proceso de desarrollo industrial y de la mejora de calidad de vida de los argentinos, manteniendo valores competitivos, con el objetivo de desarrollar la economía del país…”.17

Dentro de la batería de opciones, al aparecer la política exterior como una política pública capaz de traducir dichas necesidades internas en posibilidades externas, parafraseando la definición de Lafer escogida, sucintamente se visualizó el mecanismo por el cual la variable independiente condicionó a la dependiente. Aquella se constituyó en un condicionante doméstico de la segunda. Esta acción a nivel internacional para contribuir a la solución de problemas, necesidades e intereses locales,18 en el corto plazo, configuró un esquema de dos planos.

A los fines analíticos, el primero de ellos se organiza en torno a un conjunto de acciones de política exterior orientadas a restringir la demanda internacional de energéticos. En este sentido, incluye el relacionamiento con el principal actor internacional del esquema: Chile, pero también los vínculos con Brasil y Uruguay. Como se verá, los rasgos de la interconexión energética heredada de la década del 90 circunscribieron a Chile y Uruguay como destinatarios ineludibles de las medidas que, dado su carácter, tensionaron el vínculo. En este plano, aunque las vinculaciones con Brasil se enmarcaron en un cuadro similar, tuvieron un comportamiento distintivo.

El segundo esquema, organizado en torno a las medidas de política exterior que se orientaron a ampliar la oferta externa de energéticos, refirió al establecimiento de relaciones energéticas con actores internacionales con quienes no se registraban antecedentes inmediatos en la materia como Bolivia y Venezuela, quienes se convirtieron en socios prioritarios.

Primer esquema de impactos

Cuando estalló la restricción de gas y electricidad, Argentina contaba con un esquema de relacionamiento energético con los Estados limítrofes que databa de la década de 1990. En el caso del gas natural, principal factor operante de la crisis de restricción de la oferta doméstica energética, se registraban diez gasoductos19 de exportación construidos entre 1997
y 2003, dada la abundancia relativa de reservas argentinas en relación con los países vecinos (siete para abastecer a Chile, dos a Uruguay y uno a Brasil).20 A partir de 1997, rápidamente Chile se había constituido en el mayor mercado para la energía argentina debido a sus compras de gas natural al ser un importador neto de insumos energéticos.21 En el año 2003, compró nueve décimas partes del total de las exportaciones argentinas de gas natural.22 En este escenario, Brasil y Uruguay se ubicaron en posiciones lejanas. En 2002, las exportaciones se repartieron del siguiente modo: 91 % a Chile, 8,5 % a Brasil y 0,5 % a Uruguay.23

Analizando las relaciones con el principal socio gasífero (Chile), puede decirse que en este período se presentaron dos grandes momentos de tensión político-diplomática, mientras la dimensión económico-comercial energética se deprimió de manera continua, incluso más allá del corto plazo.

La primera tensión que, a su vez, inició la desaceleración de los intercambios tuvo lugar el 24 de marzo de 2004, cuando la Resolución n.° 265 indicó la suspensión de la exportación de excedentes de gas natural útiles para el abastecimiento interno, ya que Chile quedó en la órbita de aplicación de aquella resolución. El efecto inmediato de la resolución significó una caída importante de las exportaciones de gas natural durante los meses de abril, mayo y junio (el racionamiento comenzó con 3,5 millones de m3 diarios y llegó casi a 8 millones, lo que afectó a las generadoras de energía y a las industrias), cuya tendencia en descenso, como se dijo, fue más allá del período en cuestión.

En el aspecto político-diplomático, el Gobierno argentino sostuvo la tesis de que la medida era legal y legítima24y trasladó la responsabilidad a las empresas privadas involucradas. El Gobierno chileno, por su parte, sostuvo otra argumentación, la del incumplimiento del Protocolo Gasífero de 1995 por parte del Gobierno argentino, lo que se sustentó al recurrir al principio de no discriminación respecto de los consumidores afectados en casos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten temporalmente a elementos de infraestructura comunes a la exportación y al consumo interno, presentes en el Protocolo Adicional n.° 15.25 Además, rechazó la postura argentina de responsabilidad de los privados.

Asimismo, este escollo tuvo un condimento adicional dada la firma, en paralelo, de un acuerdo temporario entre Argentina y Bolivia por el cual Buenos Aires acordó importar gas boliviano (abril de 2004). A través de una estrategia de vinculación de cuestiones por parte de Bolivia, en dicho instrumento se dejó constancia, indirectamente, de que el gas boliviano importado por Argentina no podía ser reenviado a Chile, lo que se usó como una herramienta de presión en referencia a la histórica reclamación boliviana a Santiago por una salida al mar. Ello configuró una relación triangular entre los tres países, que irritó a las autoridades chilenas.

Ahora bien, en el caso de Uruguay, al exportarse pequeños volúmenes de gas, el impacto fue menor. La principal afectación estuvo producida por la restricción de electricidad. Los despachos argentinos de electricidad representaban una quinta parte del consumo eléctrico uruguayo. Dado que, en abril de 2004, de 338 MW exportados por Argentina se pasó a 23 MW, la tesis sostenida por Uruguay fue que los contratos establecían el suministro de energía a Uruguay en la modalidad “potencia firme”, por lo cual no correspondía la interrupción del servicio. Cabe decir que, aunque el Gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) se vio ante la posibilidad de tener que recurrir al uso de fueloil y gasoil para alimentar dos centrales térmicas y comprar electricidad a Brasil, tuvo una postura flexible y aceptó que se apliquen cortes de electricidad a usuarios uruguayos en la misma medida en que los sufrieran los consumidores argentinos.

Brasil, por su parte, a diferencia de Chile y Uruguay, contaba con una dotación de recursos energéticos que lo posicionaban de otra manera. Frente a las medidas de restricción por parte de Argentina, la dimensión político-diplomática no se vio negativamente afectada: el corte de gas no supuso una dificultad doméstica para Brasil y, por el contrario, dada la interconexión energética existente, Brasil le exportó electricidad a Argentina, lo que contribuyó a atenuar el problema energético argentino en el corto plazo.26

Volviendo a Chile, el segundo momento de tensión tuvo lugar a poco de ser electa Michelle Bachellet como presidenta (marzo de 2006; su Gobierno se extendió hasta 2010). Mientras la dimensión económico-comercial seguía deprimiéndose, nuevamente la triangulación de cuestiones con Bolivia fue la protagonista. El triunfo de Evo Morales en Bolivia (enero 2006; su Gobierno se extendió hasta 2010) conllevó una revisión de los acuerdos de venta de gas a la Argentina, cuyo resultado fue el aumento del precio del gas que Argentina importaba. Ello obligó a que Buenos Aires aumentara el precio del gas exportado a Chile en correspondencia con el aumento boliviano. Antes de cerrar este apartado, no es menor reconocer que, aunque el vínculo se tensionó en los años analizados, Chile no registró reclamos como parte demandante contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo Banco Mundial.

Segundo esquema de impactos

Como ya se dijo, las medidas destinadas a ampliar la oferta internacional de energéticos estuvieron asociadas a la dotación de recursos de Bolivia y Venezuela, que los posicionó como proveedores de energía, pese a no tener hasta el momento vinculaciones significativas con Buenos Aires al respecto.

En el caso venezolano, no era un país limítrofe y no estaba interconectado energéticamente con Argentina, pero poseía las mayores reservas de petróleo y gas de la región, por lo cual reunía las condiciones para ofrecer energéticos sustitutos (combustibles líquidos para la generación eléctrica: gasoil y fueloil).27 Este carácter como proveedor se potenció en el marco de un escenario de proximidad ideológica y, por añadidura, dado el empleo de los recursos energéticos por parte de Venezuela como herramientas de su política exterior.28

Es en este sentido que, estallada la crisis de restricción argentina, el 6 de abril de 2004 se firmó en Caracas el Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela que dispuso, según el artículo n.° 6, el intercambio de combustibles para la Argentina (fueloil y gasoil) por tres años. En el Anexo I
del Convenio, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) —empresa estatal venezolana de la industria hidrocarburífera— se comprometió a proveer como intermediadora productos combustibles consistentes en volúmenes de fueloil hasta un total de 8 millones de barriles y de gasoil hasta un total de 1 millón de barriles por el período comprendido entre mayo y octubre de 2004. Además, el convenio incluía facilidades en materia de financiamiento. En la dimensión económico-comercial, el acuerdo se tradujo en un intercambio durante el invierno de 2004 de aproximadamente 634 000 toneladas, cuyo valor total de la operatoria se estimaba en 572 millones de dólares.29

En el caso boliviano, las compras de gas aprovecharon la proximidad geográfica, la existencia de un gasoducto inactivo y la necesidad de Bolivia de ampliar los volúmenes exportables de gas natural. A su vez, se vieron marcadas por la crisis sociopolítica y económica doméstica boliviana.30 En este sentido, tres hitos se identificaron a corto plazo. El primero, con el estallido de la restricción argentina, implicó, el 21 de abril de 2004, la firma del Convenio Temporario de Venta de Gas Natural donde Bolivia, en el que se acordó exportar 4 mm3 por día de
gas a Argentina. A partir del 2 de junio —por un período inicial
de seis meses (renovables o ampliables)— el plano económico-comercial se vio impactado por la reanudación de las importaciones desde Bolivia sustituidas por producción local en 1999. Recuérdese que este suceso contó con la condición de no autorizar la exportación de gas natural a terceros países en una cantidad superior al promedio histórico de los 90 días anteriores,31 lo que reforzó la tensión argentino-chilena.

A fin de comprender mejor las cuestiones, debe considerarse que esto ocurrió en el contexto de la llamada guerra del gas, que había implicado la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y la sucesión por su vicepresidente, Carlos Mesa (2003-2005). El gas aparecía como un tema sensible y el Gobierno de Mesa no contaba con margen para desoír las demandas políticas domésticas. Este momento incluyó dos adendas (noviembre de 2004 y enero de 2005) que extendió el volumen de gas a 6,5 millones de m3 por día.

El segundo hito ocurrió cuando Bolivia requirió ajustar el valor base del fluido. Aunque la posibilidad de que Bolivia cortara el suministro energético puso signos de interrogación a la armonía político-diplomática,32 un acuerdo resolvió las tensiones. Es importante destacar que la presión por elevar el precio no solo respondió a la dinámica doméstica de Bolivia, sino también al proceso de aumento del precio internacional de los hidrocarburos de aquellos años.

Por último, el tercer hito se dio con la llegada de Morales en enero de 2006 a la presidencia de Bolivia, que condujo al resurgimiento del nacionalismo petrolero. En el contexto de la firma de la Declaración Binacional de Integración Energética, se convino revisar de manera integral el Convenio Temporario de venta de gas natural de 2004 y sus adendas. Frente a esta situación, y dado que la problemática energética argentina continuaba agravándose, el Gobierno argentino asumió una postura flexible.

De esta manera, a fines de junio de 2006 se firmó el Convenio Marco entre la República Argentina y la República de Bolivia para la Venta de Gas Natural y la Realización de Proyectos de Integración Energética. Argentina receptó las demandas bolivianas: se fijó la elevación del precio de exportación, se estableció que el suministro de gas tendría como prioridad el abastecimiento del mercado boliviano y se reiteró el compromiso del Gobierno argentino a destinarlo a su consumo doméstico y a no redirigirlo hacia terceros países, sin el acuerdo de ambas partes (art. 3). Asimismo, se concibió la ampliación del volumen de los 7,7 millones de m3 por día a 27,7 en total al considerarse los 20 millones de m3 por día del futuro Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) (art. 2).

Evidentemente —y en este punto comienza a ser explícita la faceta económica del problema energético trabajada en el siguiente apartado—, las compras argentinas de gas tras el acuerdo implicaron una mayor erogación de las arcas estatales, lo que se acentuó frente a puntuales incumplimientos de Bolivia y el recurso a la importación de GNL —más costoso que el gas boliviano— a través de dos terminales de regasificación ubicadas en Escobar y en Bahía Blanca, ambas en la provincia de Buenos Aires.

El problema energético argentino
a mediano plazo
(2007-2015)

El presente apartado analiza las implicancias de la problemática energética en la política exterior argentina a mediano plazo. Esta periodización permite estudiar la faceta económica del problema energético que se explicitó en un lapso mayor al considerado anteriormente. En este sentido, se abarcan los tres Gobiernos contemplados en el recorte temporal (2003-2015).33

Cabe decir que la distinción entre corto y mediano plazo posee una justificación adicional a la luz de la literatura especializada. Los estudios que se centran en las restricciones del suministro energético reconocen que en el corto plazo el quid de la cuestión consiste en atenuar el impacto de las interrupciones, del alza de precios o bien reaccionar con prontitud ante cambios repentinos en el equilibrio entre oferta y demanda mientras que, en un plazo mayor, se trata de asegurar la disponibilidad de flujos de energía compatibles con un desarrollo económico sostenible.34 En concordancia, lo trabajado en la sección previa dio cuenta de que en el corto plazo el Gobierno argentino se enfocó en responder ante el desequilibrio entre la oferta y la demanda energética (considérense las medidas destinadas a ampliar la oferta internacional de energéticos y a limitar la demanda internacional de estos).

Ahora bien, como los alcances de un problema no permanecen fijos en el tiempo, paulatinamente la variable independiente contribuyó a actualizar la visión del Gobierno sobre la naturaleza del problema. En tal sentido, así como a corto plazo se evidenció que la política exterior fue condicionada primordialmente por la faceta física del problema energético, a mediano término la política exterior fue condicionada, además, por una faceta económica relacionada con la insustentabilidad macroeconómica de la problemática energética. En efecto, a mayor plazo, el Gobierno buscó garantizar la disponibilidad de flujos de energía, pero en la medida en que ello fuera compatible con un desarrollo económico sustentable.

En este punto, cabe preguntarse por qué con el paso del tiempo se alteró la valoración del Gobierno sobre el problema energético. La respuesta a ello se encuentra en gran medida en la variación que sufrió la problemática energética, la cual se fue agravando.

En un contexto de caída constante de la producción petrolera, en el año 2005 la balanza comercial de gasoil35 entró en déficit. El año 2007 fue clave por el fuerte crecimiento de las importaciones. Si bien, respecto al gas natural, Argentina exportaba un volumen importante, dada la crisis de restricción, en el año 2007 la balanza comercial se volvió deficitaria y se inició allí el declive de la producción de gas y un ciclo de crecientes importaciones. Asimismo, el fueloil, junto al gasoil, cobró peso como combustible para la generación de las centrales termoeléctricas a partir de la escasez en el suministro de gas.36 Dichos combustibles resultaron significativamente más costosos que el gas natural y, a pesar de ello, desde 2009 su importación se consolidó como la única alternativa.37 En este cuadro, deben sumarse las importaciones de gas natural licuado que, progresivamente, significaron uno de los volúmenes más importantes de compras. En efecto, hacia los años 2007-2008 el aglutinamiento de un conjunto de cambios configuró un hito en el proceso de redefinición del problema energético.

Primera fase de la reconfiguración
del problema energético
(2007-2008)

Como se vio, hacia los años 2007-2008 la problemática energética se agravó. El Gobierno comenzó a prestar atención a indicadores de la variable independiente que, inclusive, no tenían efecto inmediato en la vida cotidiana, como la caída de las reservas comprobadas hidrocarburíferas. Así, en julio de 2007, la Resolución n.° 45938 creó el programa Energía Total. Al año siguiente, ya en el Gobierno de Cristina Fernández, se crearon los programas Gas Plus,39 Petróleo Plus y Refinación Plus40 con el objetivo de incrementar la producción de petróleo de las cuencas argentinas y aumentar la capacidad de procesamiento de las refinerías41.

Dado el tema de investigación, es interesante mencionar que fue la propia área económica de la política exterior por su conexión con el sector energético, fundamentalmente a través de la balanza de pagos,42 el lugar en el que se identificaron los principales elementos considerados en la reconfiguración del problema. Esto tuvo lugar dentro de dicha balanza y, a su vez, al interior de la cuenta corriente donde se ubica la (sub)balanza comercial, la cual recoge las transacciones reales entre los residentes del país y el resto del mundo (comercio de bienes y servicios, tanto exportaciones como importaciones; ingreso primario, o los ingresos y egresos devengados provenientes de rentas e ingreso secundario, o las transferencias corrientes, por ejemplo, las remesas).43 Respecto a ello, un informe del Banco Central de la República Argentina de 2007 indicó:

… el saldo de la balanza comercial del sector combustibles continúa contrayéndose, en un marco donde la extracción local de petróleo crudo no muestra señales de recuperación luego de las caídas verificadas en los últimos años. Este fenómeno es de importancia para el análisis de las cuentas externas, dado que el superávit comercial del sector casi explica la mitad del saldo comercial total.44

En efecto, el cariz económico del problema comenzó a transformarse en un serio desafío para el programa económico y, en definitiva, el desarrollo del país, en un contexto de agotamiento del modelo de desarrollo neodesarrollista.

Otros ejemplos que sitúan a la política exterior como el lugar donde visualizar la faceta económica del problema refiere a los aumentos de precios ya mencionados con Bolivia y a la relación con Venezuela. En este último caso, vía la intermediación, Caracas cobró preponderancia en la provisión de fueloil (hasta 2011) y gasoil.

Finalmente, un último ejemplo relevante se vincula con las importaciones de gas natural licuado iniciadas en 2008.45 Con el fin de ser regasificado e inyectado en las redes de gasoductos, se instaló una terminal flotante de regasificación en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca (que inyectó gas al gasoducto de la empresa Trasportadora Gas del Sur [TGS]) y, una segunda46 en 2011 cuando la redefinición del problema adquirió definitivamente su nuevo cariz.

La importación de gas natural licuado configuró un nuevo esquema de relacionamiento internacional sin antecedentes sustantivos en la materia, que implicó a países proveedores, fundamentalmente extrarregionales. Al respecto, no debe perderse de vista que el precio pagado por la importación de gas natural licuado fue superior a los precios del gas en boca de pozo de las cuencas argentinas. También fue mayor a los precios pagados a Bolivia por la importación de gas mediante gasoductos, sobre todo a partir de 2011. Esto sucedió como resultado del desastre natural padecido por Japón47 que implicó que aquel país —uno de los mayores importadores de gas natural licuado del mundo— aumentara su demanda ante la falta de energía eléctrica causada por la catástrofe nuclear de Fukushima provocada tras el terremoto de nueve grados en la escala de Richter y posterior tsunami.

Segunda fase de la reconfiguración
del problema energético
(2011)

Las crecientes compras externas de energía detalladas anteriormente condujeron a que, en 2011, la balanza comercial energética fuera deficitaria, por un monto de 3115 millones de dólares. Dicho déficit adquirió una dimensión muy significativa, ya que dejó de tratarse de una dificultad sectorial para convertirse en un problema de impacto macroeconómico.48 Dado este panorama, las importaciones en tanto medida para evitar la interrupción del suministro eran claramente insustentables. Fue necesario emprender acciones urgentes sobre la oferta de recursos energéticos.49 Hacia 2012, ante el agotamiento de los márgenes fiscales, cambiarios y de capacidad sectoriales, que produjeron como resultado la agudización de los desequilibrios macroeconómicos y a nivel sectorial en la energía, inició un período de mayor intervencionismo en los mercados y una mayor presencia directa del Estado,50 lo que dejó en claro el giro y la reinterpretación del problema energético.

En esta mutación del problema, cobró peso la visión del Gobierno sobre la responsabilidad del sector privado. Recuérdese que fruto de las reformas de los 90, el sector empresarial privado-extranjero cumplía un rol esencial en el rubro energético: las empresas extranjeras controlaban cerca del 88 % de la producción y del 91 % de las reservas de petróleo, y alrededor del 70 % de la producción y de las reservas de gas del país.51

En ese escenario, tal como se observa en lo que se conoce como Informe Mosconi,52 el Gobierno enfocó a su vez la responsabilidad sobre la petrolera transnacional Repsol YPF, la cual era la líder del sector y fue acusada de un comportamiento empresarial “predatorio” 53 iniciado en 1999.54 Además, se la culpó de ser responsable ante la ascendente necesidad de importar combustibles, ya que fue la causa del 54 % de la caída de la producción de petróleo y del 97 % de la caída de la producción de gas.55 El argumento de las autoridades gubernamentales consistió en afirmar que mientras numerosas empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron sus inversiones, y con ello su producción, se verificó una disminución progresiva de la relevancia local de Repsol YPF en la producción de hidrocarburos.

Ante esta lectura, la principal (re)acción del Estado no solo fue una medida doméstica sobre la oferta, sino también una medida de política exterior al dirigirse sobre un actor internacional (empresa transnacional) y tener una meta e implicancias internacionales, con la particularidad de incluir al Congreso argentino en su diseño.56 En otras palabras, frente a la insustentabilidad en términos macroeconómicos del problema energético, la política exterior apareció nuevamente como una herramienta para apuntalar esta situación.

En resumidas cuentas, el Gobierno decidió expropiar las acciones de Repsol YPF, lo cual trajo implicancias internacionales en dos planos principales. Por un lado, el interestatal, con España como interlocutor de Argentina y sede central del grupo Repsol YPF y, por otro, el transnacional, con la empresa Repsol propiamente dicha.

El Gobierno español, en línea con la postura del grupo Repsol, consideró la expropiación como una medida hostil, discriminatoria y un ataque a la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. La tensión no solo quedó en palabras, sino que, en el contexto del debate parlamentario del proyecto de ley de expropiación, España a través de una norma privilegió la compra de biodiesel proveniente de países de la Unión Europea en clara retaliación a la Argentina, productor de aproximadamente la mitad del biodiésel consumido por España. Este hecho redujo el saldo argentino de exportaciones por un valor cercano a los 900 millones de dólares anuales.57

Argentina expresó su preocupación y protestó formalmente ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio respecto a la Orden Ministerial IET/822/2012 del 20 de abril de 2012 que anuló las ventajas resultantes del GATT 1994 al prohibir el uso de biodiésel no producido en la Unión Europea, lo cual discriminaba injustificadamente el biodiésel extracomunitario, distorsionando la producción y el comercio internacional del recurso.58 No obstante, la medida fue suspendida seis meses más tarde debido a su alto costo de implementación para Madrid en el marco de la crisis económica española. En octubre de 2013, nuevamente el Ministerio de Industria español excluyó a los productores argentinos de biodiésel de la lista de proveedores autorizados a vender el combustible.59

Conclusiones

El presente trabajo se enfocó en la relación entre condicionantes domésticos (problemática energética) y la política exterior (argentina). Dado que no se asumió una condicionalidad necesaria y automática entre dichas variables, se sumó una variable interviniente para construir a la problemática energética como un problema de la agenda gubernamental. En este sentido, el texto permitió no solo divisar las implicancias del tema energético sobre la política exterior, sino además estudiar los rasgos que el problema energético adquirió entre los años 2003 y 2015 al sumarse a la agenda de Gobierno.

En concordancia con la hipótesis propuesta, el abordaje habilitó la identificación de dos grandes momentos del problema energético en función de la idea de corto y mediano plazo. En este sentido, a corto plazo el problema adquirió un cariz físico debido a que fue la restricción en el suministro interno de determinados recursos energéticos la que impactó prioritariamente sobre la política externa. Esto es así porque el Gobierno percibió que el desequilibrio en la oferta y la demanda de recursos energéticos era perjudicial para sostener el crecimiento económico.

En cuanto a los impactos, se agruparon en dos esquemas. Por un lado, en torno a las acciones que buscaron restringir la demanda internacional de combustibles en pos de garantizar el abastecimiento nacional: se habla aquí de las medidas que recortaron, fundamentalmente, las exportaciones gasíferas a Chile y, en un plano de menor importancia relativa, a Uruguay y Brasil. El análisis de los casos permitió divisar cómo el intercambio de gas con Chile inició en el verano 2003-2004 un declive que se prolongó más allá del corto plazo. Con Uruguay, la situación de tensión se relacionó, en realidad, con las restricciones de electricidad, mientras que Brasil —con una dotación de recursos destacable— por el contrario, asumió una postura de ayuda al despachar electricidad a la Argentina. El segundo esquema consistió en agrupar las medidas de ampliación de la oferta de combustibles, lo que posicionó a Bolivia y Venezuela como proveedores.

Avanzando el tiempo, la problemática energética fue agravándose y mostrando una faceta económica además de la física. En resumidas cuentas, dicho agravamiento se visualizó en las crecientes importaciones de gasoil, gas natural, fueloil y gas natural licuado, las que hacia 2007-2008 comenzaron a ser preocupantes para el Gobierno. En ese contexto, las autoridades comenzaron a mirar con prioridad la insustentabilidad económica que resultaba de comprar combustibles en el exterior. Finalmente, fue en el año 2012 cuando se tomó una decisión radical dado su contenido con el objetivo de frenar el drenaje de divisas. Por medio de una ley nacional, se expropiaron las acciones del grupo Repsol YPF, identificado por el Gobierno como el principal responsable de un proceso de depredación de los recursos energéticos que devino en la necesidad de importar para cubrir lo no producido.

1 Jefatura de Gabinete de Ministros, informe del jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso de la Nación: Honorable Cámara de Senadores de la Nación, informe n.° 56, 2 de octubre de 2002, 80, 223-228.
2 Decreto 867/2002, Hidrocarburos, 23 de mayo de 2002.
3 Nicolás Gadano et al., “Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas en la Argentina”, Serie Reformas Económicas 7 (Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1998), 16; Evelin Goldstein et al., “Efectos macroeconómicos del sector energético en la Argentina en el período 2003-2014”, Realidad Económica 298 (2016): 34.
4 Luis Aguilar Villanueva, Problemas públicos y agenda de Gobierno (México, D. F.: Miguel Ángel Porrúa, 1993), 29.
5 Resolución 265/2004, Gas natural (Secretaría de Energía, 24 de marzo de 2004).
6 La variación de los indicadores de la variable independiente no implica una relación de necesariedad con la variable dependiente. Aunque la primera exprese un comportamiento preocupante, incide en la segunda de acuerdo con el modo en que los decisores entienden el problema energético.
7 Las investigaciones en la disciplina pueden organizarse en dos grupos determinados en función de la unidad de análisis. Por un lado, los estudios de la política internacional (Study of international politics) y, por otro, los análisis de la política exterior (Foreign policy analisys).
En el primero, se agrupan los abordajes que comprenden a una realidad amplia y remiten “… al conjunto de relaciones interestatales que constituyen el sistema de estados. Aquí la perspectiva no es la de un Estado, sino la del sistema en su conjunto”.
En el segundo, los análisis se refieren al “estudio de la forma en que un Estado lleva sus relaciones con otros estados…”, es decir, al estudio del comportamiento exterior desde la perspectiva de un Estado. Celestino Del Arenal, Introducción a las relaciones internacionales (Madrid: Tecnos, 2007), 22-23.
8 Helen Ingram y Susan Fiederlein, “Traversing boundaries: A public policy approach to the analysis of foreign policy; Political Research Quarterly 41, n.o 4 (1988): 725-745.
9 Natalia Ceppi, “Cooperación y discordia por el uso y aprovechamiento de recursos naturales: la incidencia de lo doméstico en las relaciones trilaterales de Argentina, Bolivia y Paraguay (1994-2008) y en las bilaterales de Argentina y Bolivia (2003-2007)” (tesis doctoral, Universidad Nacional de Rosario, 2011), 15.
10 Baldomir, como se cita en Ricardo Arredondo, Derecho diplomático y consular (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2016), 6.
11 Guillermo O’Donnell y Oscar Oszlak, “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”, Redes 2, n.o 4 (1995), 112-113.
12 Aguilar Villanueva, “Estudio introductorio”, 59-61.
13 Rafael Calduch, Relaciones internacionales (Madrid: Ediciones Ciencias Sociales, 2011).
14 Ibid., 13-14.
15 La restricción de la oferta doméstica inició específicamente en marzo de 2004 cuando el déficit en el suministro de gas natural provocó cortes de energía que oscilaron en torno a los 6,5 millones de m3 por día hasta fines de abril cuando saltaron a una media de 20 millones. En este lapso, la restricción fue sufrida por la industria y las centrales de generación eléctrica. Entre abril y comienzos de mayo, esta cifra se multiplicó cuando se agregaron los cortes de gas natural a Chile (que llegaron a picos de 8 millones de m3 por día) y mayores cortes a la industria. Walter Cont y Fernando Navajas, “La anatomía simple de la crisis energética en la Argentina”, documento de trabajo n.° 82 (Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004), 13.
16 Ignacio Sabbatella, “Integración hidrocarburífera de la Argentina con la región: herencias, urgencias y cooperación en el escenario posneoliberal”, en La integración regional en América Latina: lecciones de una experiencia compleja, comp. por Raúl Aronskind (Buenos Aires: Ediciones UNGS, 2021), 128.
17 Secretaría de Energía, Plan Energético Nacional 2004-2019 (Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2015), 7.
18 Lafer como se citó en Anabella Busso, “Notas sobre la estrategia de inserción internacional”, en Modelos de desarrollo e inserción internacional: aportes para el análisis de la política exterior argentina desde la redemocratización; 1983-2011, coord. por Anabella Busso (Rosario: UNR Editora, 2016), 12.
19 A su vez, existía un gasoducto con Bolivia que databa de los años 70.
20 Nicolás Gadano et al., “Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas en la Argentina, 6; Ricardo de Dicco, “¿Crisis energética en Argentina?: diagnósticos para comprender qué hay detrás de la crisis”, documento de trabajo n.o 22 (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales Universidad del Salvador, 2004), 59.
21 Rodolfo López y Mónica Romegialli, “Crisis energética y tensiones regionales en los países
sudamericanos (ponencia, La Plata, Argentina, 2008), 1.
22 Anouk Honoré, Argentina: 2004 gas crisis (Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2004), 35. En este esquema, el gas licuado de petróleo también cumplió un lugar importante. Nicolás Gadano et al., “Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas en la Argentina”, 58.
23 Anouk Honoré, Argentina: 2004 gas crisis, 35.
24 El Gobierno desmintió que Argentina hubiera violentado lo acordado a nivel bilateral, porque según la letra del Protocolo de 1995, las exportaciones nacionales de gas natural se realizarían en la medida en que no se pusiera en riesgo el abastecimiento del mercado doméstico. María Elena Lorenzini, Política exterior, alianza estratégica y energía en América Latina: las relaciones argentino-chilenas bajo la lupa (Rosario, AR: Homo Sapiens, 2011), 23. Anónimo. “La falta de gas enfrenta a Chile y Argentina”, El País, 10 de mayo de 2004, https://elpais.com/diario/2004/05/11/economia/1084226425_850215.html.
25 Recientemente, Lagos publicó sus memorias y dedicó unas líneas en las que recordó la crisis del gas y su amenaza al presidente Kirchner de declarar la guerra: “[L]e dije [a Kirchner] que el día en que las casas no tuvieran gas, me vería obligado a declararle la guerra a su país, porque esa carencia provocaría una revolución aquí”; “[M]e daba cuenta de lo que significaba mi amenaza, pero no tenía otra herramienta para exigir que se cumpliera el contrato”. Anónimo, “El día que el chileno Ricardo Lagos casi le declara la guerra a Néstor Kirchner”, Infobae, 6 de enero de 2021, https://www.infobae.com/politica/2021/01/06/el-dia-que-el-chileno-ricardo-lagos-casi-le-declara-la-guerra-a-nestor-kirchner/.
26 Brasil y Argentina se conectaban con dos líneas de transmisión de electricidad a través de las cuales era posible transmitir un promedio de 300 megavatios, llegando a 500 megavatios en horas pico. Claudio Cafiero et al., “Emergencia e intercambios internacionales (tesina, Universidad de Buenos Aires, 2004), 20.
27 Se destacan como atributos positivos de estos combustibles su oportuna disponibilidad, sobre todo en lo referente a la gestión, almacenamiento y transporte, lo que los posicionó como una alternativa inmediata. Claudio Cafiero et al., “Emergencia e intercambios internacionales”, 40.
28 El Gobierno de Hugo Chávez implementó diversos programas de venta de crudo y combustibles a precios reducidos y en condiciones especiales de pago.
29 Claudio Cafiero et al., “Emergencia e intercambios internacionales, 40.
30 Natalia Ceppi y María Elena Lorenzini, “La energía en la agenda externa argentina 2003-2015: el ascenso de Bolivia y Venezuela como reacción frente a la urgencia”, Estudios Internacionales (Santiago) 51, n.o 194 (2019): 23.
31 Convenio temporario de venta de gas natural entre la República Argentina y la República de Bolivia (Buenos Aires: 21 de abril de 2004), Cancillería Argentina, art. 2 inc. 7, https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=kqOlmJo=&tipo=kg==&id=mKCimw==&caso=pdf.
32 Natalia Ceppi, “La temática energética en las relaciones entre Argentina y Bolivia: acuerdos y contrariedades por el gas natural”, Foro Internacional 50, n.o 1 (2010): 29-30.
33 Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2007-2011/2011-2015).
34 International Energy Agency como se citó en Gülfer Kocaslan, “International energy security indicators and Turkey’s energy security risk score”, International Journal of Energy Economics and Policy 4, n.o 4 (2014): 736; Gonzalo Escribano, “Seguridad energética: concepto, escenarios e implicaciones para España y la UE, Real Instituto Elcano, 21 de diciembre de 2006, 5, https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/seguridad-energetica-
concepto-escenarios-e-implicaciones-para-espana-y-la-ue-dt.
35 En este rubro, se incluyen los denominados gasoil grado 1, 2 y 3 y el diésel oil según lo indicado en el documento metodológico del Balance Energético Nacional 2015. Balance Energético Nacional 2015 (Buenos Aires: Ministerio de Energía y Minería, octubre de 2016), 28.
36 Ignacio Sabbatella, “Petróleo, gas y crisis energética en Argentina (2003-2007): algunos aportes desde el marxismo ecológico (ponencia, Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, Buenos Aires, 2010), 9.
37 Evelin Goldstein et al., “Efectos macroeconómicos del sector energético en la Argentina”, 40.
38 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Resolución 459/2007 (Buenos Aires: 12 de julio de 2007), Boletín Oficial de la República Argentina, 13 de julio de 2007.
39 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Resolución 24/2008 (Buenos Aires: 6 de marzo de 2008), Boletín Oficial de la República Argentina, 7 de marzo de 2008.
40 Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 2014/2008 (Buenos Aires: 25 de noviembre de 2008), Boletín Oficial de la República Argentina, 26 de noviembre de 2008.
41 Víctor Bravo, “Análisis de la Ley 27.007, llamada de hidrocarburos, y de la política hidrocarburífera del período 2003-2014”, documento de trabajo, Fundación Bariloche, https://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/IDEE-2015-13-1.pdf, 2015, 16.
42 La balanza de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre residentes y no residentes desagregadas en reservas internacionales y cuentas: corriente, capital y financiera. En la versión de la estimación de la balanza de pagos adoptada por Argentina, la suma de los saldos de las cuentas corriente, capital y financiera más los errores y omisiones es equivalente a la variación de activos de reservas internacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, Gobierno de la República Argentina, consultado el 26 de octubre de 2025, https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-35-45.
43 Ministerio de Economía de la Nación, Las cuentas internacionales: preguntas frecuentes (Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021), 9, https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/preguntas_frecuentes_cuentas_internacionales.pdf.
44 Banco Central de la República Argentina, Informe de inflación (Buenos Aires: Subgerencia General de Investigaciones Económicas, 2007), https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_inflacion.asp.
45 Se advierte que las importaciones de gas natural licuado se registran desde 2005, aunque los volúmenes son poco significativos. Es a partir de 2008 cuando las compras de este recurso dieron un salto cualitativo. Natalia Ceppi, “La política energética argentina: un balance del período 2003-2015”, Revista Problemas del Desarrollo 192, n.o 49 (2018): 49.
46 En este caso, sobre el río Paraná de las Palmas a la altura de la localidad de Escobar, aportando al gasoducto troncal de la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN).
47 Federico Bernal, et al., Ex secretarios de Energía bajo la lupa: ¿quiénes son, qué hicieron y a quiénes representan los críticos energéticos del kirchnerismo? (Barcelona: Planeta, 2015), 84.
48 Evelin Goldstein et al., “Efectos macroeconómicos del sector energético en la Argentina, 3; Nicolás Gadano, “La lógica político-institucional de la política energética”, en Dilemas del Estado argentino: política exterior, económica y de infraestructura en el siglo xxi, coord. por Carlos Acuña (Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2014), 165.
49 Francisco Nercesian et al., “Política energética, evolución del sector y desafíos del mercado de hidrocarburos en Argentina: análisis del desarrollo del sector desde la privatización de YPF hasta la actualidad”, Centro de Economía Política Argentina, 30 de marzo de 2022, 37, https://centrocepa.com.ar/informes/331-politica-energetica-evolucion-del-sector-y-desafios-del-mercado-de-hidrocarburos-en-argentina-analisis-del-desarrollo-del-sector-en-la-posconvertibilidad-2002-2021.
50 Alfredo Visintini et al., “Análisis de las políticas energéticas (petróleo y gas natural) desde el abandono de la Convertibilidad (2002-2015)” (ponencia, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2019), 5.
51 Humberto Campodónico, Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004), 26, https://cdi.mecon.gob.ar/bases/doc/cepal/recinf/78.pdf.
52 Documento que recopiló los resultados de la investigación llevada a cabo desde el 16 de abril de 2012 hasta el 1 de junio de 2012 por parte del equipo que —como se verá— intervino Repsol YPF.
53 Según el Gobierno, la estrategia adoptada se basó en la depredación de los recursos existentes, surgidos tras años de inversión en exploración por parte de la YPF estatal (anterior a la década del 90), proceso que se tradujo primero en una reducción progresiva en el nivel de reservas, especialmente en el caso del gas y, posteriormente, en una contracción persistente en el nivel de producción. Esta tendencia se reforzó aún más a lo largo de los últimos años cuando la empresa maximizó la remisión de utilidades y el endeudamiento externo, en el marco de una creciente especulación financiera como parte de su estrategia global. “Las políticas de Repsol en YPF: depredación, desinversión y desabastecimiento”, El informe Mosconi, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2012), 20.
54 Pascale Bonnefoy, “Argentina: la expropiación de Repsol-YPF”, Estudios Internacionales 184 (2016): 47, ; El informe Mosconi, 18-19.
55 Ibid., 19.
56 La expropiación fue a través de una Ley Nacional.
57 Jesús Rodríguez, “Estudio sobre los condicionantes domésticos e internacionales de la política energética argentina en la etapa 2003-2014: la expropiación de YPF bajo la presidencia de la Dra. Cristina Fernández (tesis de grado, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2015), 148.
58 Informe del jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso de la Nación: Honorable Cámara de Diputados de la Nación, n.o 81 (2012), 1225. No es menor reconocer que Argentina era el principal productor mundial de biodiésel, elaborado a base de aceite de soja.
59 “Nueva restricción española al biodiésel argentino”, Agrofy, 12 de noviembre de 2013, https://news.agrofy.com.ar/noticia/132535/nueva-restriccion-espanola-al-biodiesel-argentino. Cabe decir que, si bien la voz de España y Repsol se amplificó por el respaldo político de diversos actores, también en octubre de 2013 el bloque decidió imponer aranceles a las importaciones de biodiésel argentino, aludiendo a prácticas de dumping por parte de Argentina.

2. Inclusión educativa desde la percepción
de actores educativos peruanos:
¿existen barreras
para el aprendizaje?

Educational inclusion from the perception
of Peruvian educational actors: Are there
barriers to learning?

Inclusão educativa a partir da percepção
dos atores educativos peruanos:
Existem barreiras para
a aprendizagem?

Ruth Magna Meregildo Gómez

Universidad Nacional de Trujillo

rmeregildo@unitru.edu.pe

https://orcid.org/0000-0001-6706-4752

Flor Fanny Santa-Cruz

Universidad Privada Antenor Orrego

fsantacruzt2@upao.edu.pe

https://orcid.org/0000-0003-4032-9620

Katiusca Cruz-Ayala

Comité Iberoamericano de Ética y Bioética

katyc037@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-9389-8424

Reemberto Cruz-Aguilar

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

r.cruz@uct.edu.pe

https://orcid.org/0000-0003-2362-2147

Recibido: 10 de enero de 2025
Aceptado: 6 de mayo de 2025

DOI:

Resumen

En Perú, se han logrado avances en las políticas educativas y en la promoción de una cultura más inclusiva, sin embargo, aún existen barreras que imposibilitan que la escuela inclusiva sea una realidad efectiva en la atención de estudiantes. Este estudio con enfoque cualitativo tiene el objetivo de identificar, categorizar y analizar las principales barreras que frenan el aprendizaje de los niños sujetos de inclusión, desde la percepción de los actores educativos en la educación básica en el Perú. Para la recolección de los datos, se utilizó la entrevista semiestructurada respecto a cuatro categorías orientadoras: política, pedagógica, de accesibilidad y cultural. El análisis y el procesamiento de los datos se realizó mediante el software ATLAS.ti. Los principales hallazgos muestran las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza por la falta de adopción de las metodologías educativas que atiendan a las diversas necesidades de los estudiantes, así como la falta de capacitación docente especializada para atender a los estudiantes. Se concluye que es necesario promover la inclusión desde la gestión institucional para sensibilizar a la comunidad educativa con el fin de cambiar creencias y actitudes que perpetúen la exclusión.

Palabras claves

Barreras educativas — Educación inclusiva — Exclusión social — Accesibilidad— Necesidades educativas especiales

Abstract

In Peru, progress has been made in educational policies and in promoting a more inclusive culture, however, barriers remain that prevent inclusive schools from becoming an effective reality for students. This qualitative study aims to identify, categorize, and analyze the main barriers that hinder the learning of children subject to inclusion, from the perspective of educational stakeholders in basic education in Peru. Data collection was carried out using semi-structured interviews based on four guiding categories: policy, pedagogy, accessibility, and culture. Data analysis and processing were carried out using ATLAS.ti software. The main findings show the difficulties that arise in the teaching process due to the lack of adoption of educational methodologies that address the diverse needs of students, as well as the lack of specialized teacher training to serve students. It is concluded that it is necessary to promote inclusion through institutional management to raise awareness among the educational community and change beliefs and attitudes that perpetuate exclusion.

Keywords

Educational barriers — Inclusive education — Social exclusion — Accessibility — Special educational needs

Resumo

No Peru, houve progressos nas políticas educacionais e na promoção de uma cultura mais inclusiva, no entanto, ainda existem barreiras que impedem que escolas inclusivas se tornem uma realidade efetiva no atendimento aos alunos. Este estudo qualitativo tem como objetivo identificar, categorizar e analisar as principais barreiras à aprendizagem de crianças elegíveis para inclusão, a partir da perspectiva de atores educacionais na educação básica no Peru. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada respeitando quatro categorias norteadoras: política, pedagógica, acessibilidade e cultural, a análise e o processamento dos dados foram realizados utilizando o software ATLAS.ti. As principais conclusões revelam as dificuldades que surgem no processo de ensino devido à falta de adoção de metodologias educativas que atendam às diversas necessidades dos alunos, bem como à falta de formação especializada dos professores para atender aos alunos. Conclui-se que é necessário promover a inclusão desde a gestão institucional para conscientizar a comunidade educacional e mudar crenças e atitudes que perpetuam a exclusão.

Palavras-chave

Barreiras educacionais — Educação inclusiva — Exclusão social — Acessibilidade — Necessidades educacionais especiais

Introducción

En la Conferencia Mundial sobre Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales realizada en Salamanca, España, en el año 1994, se manifiesta que cada niño tiene sus propias características, habilidades, intereses y necesidades, que tiene derecho a la educación y que las instituciones educativas deben realizar adaptaciones para obtener una educación adecuada.

Esta declaración da la posibilidad de que todos los niños, sin importar sexo, condición o situación, sean beneficiarios de una escuela para todos.1 Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas instauró que los niños con discapacidad tienen acceso en condiciones de igualdad de oportunidades, sin discriminación en cuanto a una educación inclusiva y a un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que facilite el acceso en los diferentes niveles educativos.2

En el Perú, el Ministerio de Educación reporta que son 80 000 los estudiantes que presentan alguna discapacidad, de los cuales 3933 niños asisten a los Programas de Intervención Temprana (PRITE), 21 247 niños y jóvenes asisten a los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y 55 178 estudiantes se encuentran incluidos en las instituciones educativas de educación básica regular de gestión pública y privada.3 Como se evidencia, es una población numerosa que tiene que ser atendida bajo el contexto de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad según el objetivo de desarrollo sostenible 4.4

Existen políticas orientadas a brindar un mejor servicio en la educación inclusiva, sin embargo, subsisten múltiples factores que imposibilitan su cumplimiento, tales como profesores que atienden aulas inclusivas y que no están capacitados para cumplir cabalmente su función, inexistencia de un plan de fortalecimiento de capacidades docentes para atender la inclusión, falta de seguimiento o monitoreo para velar por el cumplimiento de los logros de aprendizaje, escaso alcance del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (de aquí en adelante SAANEE), para el número de alumnos que se encuentran en aulas inclusivas.

Por otra parte, se observa la inexistencia de infraestructura y de mobiliario adaptado a las necesidades. En otros casos, la existente es deficiente. Asimismo, se puede decir que los currículos de formación docente inicial consideran, poco o casi nada, las capacidades orientadas a la educación inclusiva. La falta de orientación a los padres de familia y a la comunidad tampoco contribuyen a lograr una mejor educación inclusiva.

El contexto descrito se agudizó en la pandemia y puso en evidencia otras limitantes como la falta de acceso y de capacidad en el uso de las tecnologías por parte de profesores, padres de familia y alumnos, y barreras actitudinales de los profesores y padres de familia.5

Por más esfuerzos que realicen los directivos, los docentes, los estudiantes y los padres de familia, encuentran una serie de barreras que imposibilitan brindar una educación inclusiva de calidad. Fue así que se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción de los actores educativos sobre las barreras que se presentan en las instituciones educativas básicas, que dificultan el aprendizaje de niños sujetos de inclusión? Como objetivo se planteó identificar, categorizar y analizar las principales barreras que frenan el aprendizaje de los niños sujetos de inclusión, desde la percepción de los actores educativos en la educación básica en el Perú.

Barreras para el aprendizaje
y la participación

La inclusión educativa es un proceso dinámico y en evolución. Dentro de la comunidad educativa se debe promover la convivencia. Todos los estudiantes deben ser valorados independientemente de sus capacidades o condiciones personales y sentirse respetados. Esta convivencia debería ser una oportunidad para el aprendizaje, en el cual todos puedan desarrollar habilidades sociales y empatía a fin de que ningún alumno con discapacidad sea excluido y pueda alcanzar su máximo potencial.6

Las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) son componentes que dificultan o limitan el acceso al derecho a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Estas aparecen en el proceso de interacción entre estudiantes y los contextos que implica el cumplimiento de normas y políticas, la cultura, los valores y las prácticas actitudinales, culturales y didácticas.7 Estas barreras se presentan como limitantes que impactan en las actividades de enseñanza-aprendizaje.8 Asimismo, constituyen impedimentos que obstaculizan el aprendizaje, la participación y la convivencia equitativa. Entre ellas, tenemos las “políticas” que están relacionadas con las normativas contradictorias: las “culturales” que son conceptuales y actitudinales y las “barreras didácticas” que tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje.

Las barreras para el aprendizaje y la participación se clasifican de la siguiente forma:

Barreras arquitectónicas. Son los obstáculos físicos que limitan el acceso o la movilización en un espacio determinado.
Barreras didácticas o pedagógicas. Están relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Se evidencian cuando se presentan escasas actividades compensatorias y de apoyo. También en las aulas, en la competitividad en el trabajo cooperativo no controlado, en la falta de adaptación curricular y en textos escolares no adecuados, en la poca profesionalización/ o capacitación docente y en la falta de integración de los padres de familia de los colegios antidemocráticos que no fomentan la participación y el compartir las tareas. Estas barreras son más visibles y tangibles.
Barreras culturales o actitudinales. Son las invisibles que, con frecuencia, se presentan como discriminatorias.

Estas barreras están muchas veces presentes en todos los componentes de la institución educativa, como en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el currículo, en la metodología, en los recursos para el aprendizaje, en la infraestructura y en la gestión administrativa. Por otra parte, también se encuentran aquellos aspectos externos inherentes a la escuela como son las políticas educativas o la cultura de la comunidad respecto a la educación inclusiva, entre otros.9 De ello, las barreras más marcadas en los centros educativos, que crean situaciones relacionadas con la polarización estudiantil, son la desigualdad y la exclusión educativa, así como las actitudes y prácticas específicas en las materias de pedagogía ambiental y social. Son las que dificultan e inhiben la posibilidad de aprendizaje y participación de los estudiantes.10

Por otra parte, las barreras se presentan en diversos contextos o pueden ser generadas por diversos actores. Pueden ser transversales y específicas. Las primeras se presentan en todos los contextos en los cuales interactúa el alumno, las mismas que se identifican para determinar a quién corresponde su eliminación. Las específicas se presentan en un contexto en particular, dependen de determinados actores y su plan de acción está más focalizado.11

Por lo tanto, el propósito de identificar barreras de aprendizaje y participación no es solo para señalar que está mal, sino que, en base a las barreras identificadas, elaborar planes de intervención o mejora, eliminar las barreras con la participación de toda la comunidad educativa. De esta manera, la
comunidad educativa brindará un servicio equitativo y de calidad donde
la heterogeneidad conducirá a oportunidades de aprendizaje para todos.

Inclusión y equidad en el sector
educativo

Para que una escuela promueva la inclusión y la equidad, se requiere una estrategia que centre la atención en eliminar las barreras, a fin de desterrar la marginación y la discriminación de los niños en las escuelas.
Superar tales barreras sería la estrategia más importante para desarrollar una educación efectiva para todos los niños.12 A quienes dirigen las escuelas, les corresponde identificar y minimizar las barreras para lograr el aprendizaje y la participación de los niños, además de movilizar estrategias y recursos pertinentes. Por otra parte, desde las políticas locales y nacionales, la participación de la comunidad puede contribuir con la erradicación de estas barreras.13

El modelo social plantea que el problema de la discapacidad no está en la persona, sino en la sociedad. Asimismo, lo atribuye a la falta de sensibilidad del Estado y a la indiferencia de las personas hacia la discapacidad. Además, es vista como una construcción social y cultural que surge cuando las barreras sociales, físicas y actitudinales impiden que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad. Estas barreras pueden incluir accesibilidad limitada, falta de adaptaciones en el entorno, prejuicios y estigmas.14

Este estudio se fundamenta en el modelo social centrado en la dignidad, la igualdad y la libertad del ser humano. Propicia la inclusión social al promover los principios de autonomía personal, accesibilidad y normalización del entorno.

Desde el punto de vista de la educación, el modelo social de discapacidad respalda la educación inclusiva. Este modelo plantea la necesidad de una atención individualizada que tenga en cuenta las necesidades educativas de cada niño y promueve la adaptación curricular en función del ritmo de aprendizaje, sin exclusión. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, propone una evaluación individualizada. Además, se especifican los apoyos y servicios necesarios que garanticen el progreso de cada niño, atendiendo a cada tipo de diversidad funcional, de modo que permitan eliminar las barreras de inclusión educativa que se generan desde la interacción entre los alumnos y su entorno social, político, cultural, desde entidades educativas, situaciones sociales y económicas que afectan a su existencia.15

Método

Enfoque metodológico

El estudio se sustenta en el enfoque cualitativo. Este enfoque tiene como propósito comprender las perspectivas de los participantes.16
Se reconoce a los informantes como agentes de conocimiento para concebir la realidad mediante un constructo de significados, sin desconocer la disimilitud de la sociedad, lo que permitió explorar el fenómeno de la inclusión desde la percepción de los actores educativos en cuanto a las barreras del aprendizaje de los niños sujetos de inclusión.

El diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo con base en un análisis hermenéutico, y cuatro procedimientos metodológicos: la observación de la realidad educativa, la entrevista a los cinco participantes, el análisis de los datos y la interpretación de la información.17

Participantes

Se propició una intervención dialógica por parte de docentes, un director y un especialista psicólogo integrante del equipo del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales. En total, participaron cinco informantes pertenecientes a tres instituciones de gestión estatal, con niños de la ciudad de Trujillo. Estos profesionales participaron en las entrevistas, a partir de las experiencias en el seguimiento que realizan a los niños con necesidades educativas especiales. Estos niños que asisten regularmente a aulas inclusivas de instituciones de educación básica presentan diversos diagnósticos, tales como hipoacusia, autismo leve y discapacidad visual.

El contexto en el que se realizó la investigación corresponde a tres escuelas de educación primaria que están en condición de inclusivas por atender a estudiantes que requieren atención personalizada, que responden a su condición de sujetos incluidos debido a sus capacidades diferenciadas tanto cognitivas como de comunicación.

Tabla 1. Distribución de la unidad de análisis

Tipo de informante	Informante 1	Informante 2	Informante 3 / 4	Informante SAANEE* / 5	Total
Docente	Hipoacusia	Autismo leve	Discapacidad visual		3
Director			Discapacidad visual		1
Especialista SAANEE				Psicólogo	1
TOTAL	1	1	2	1	5

*SAANEE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales)

Fuente: Elaboración propia

Instrumentos de obtención
de la información

El instrumento que se utilizó para obtener los datos textuales fue una guía de entrevista semiestructurada. Este implica elaborar preguntas preconstruidas bien preparadas y que garantice la precisión y la relevancia con el fin de garantizar la credibilidad de la información obtenida.18
Se entrevistó a cada uno de los participantes en el estudio.

Consideraciones éticas

Se garantizó el derecho del consentimiento del informado. Los participantes firmaron la carta de consentimiento en la que se describe la protección de la privacidad de sus datos, el anonimato, la participación voluntaria y el acuerdo en cuanto a que a la información brindada solo es para fines del presente estudio.

Trabajo de campo y análisis
de datos

Los datos que se recogieron de los informantes responden a la percepción que tienen sobre las barreras que impiden el aprendizaje de niños incluidos.

Después de recoger la información directa del informante, se procedió a la reducción de datos y a la localización de los testimonios relevantes sobre el conocimiento de las barreras o los factores que se presentan en las instituciones y limitan la atención personalizada de los niños incluidos, en instituciones educativas de gestión estatal, con algunas necesidades especiales o discapacidad leve. El estudio de campo se realizó mediante varios momentos.

Momento 1: entrevistas
semiestructuradas

Se producen a través del acercamiento inicial con los informantes claves en aras de reconocer el contexto que se genera en la investigación y engloba las características del estudio. La metodología tomó en cuenta las perspectivas de cada informante en cuanto a las barreras de educación inclusiva desde la percepción de los actores educativos de la educación básica.

Momento 2: categorías
orientadoras

La construcción de estas categorías se basó en las percepciones de los informantes claves. Estas fueron originadas mediante el análisis hermenéutico-interpretativo. Este proceso permitió identificar categorías rectoras y formular preguntas guía para la elaboración de la entrevista semiestructurada.

Momento 3: análisis
convergente

Constituye la acción del cruce dialéctico a partir de la percepción de los informantes que se representan en citas y códigos abiertos, con la finalidad de identificar patrones y construir catagorías emergentes. Con esto se estableció el relacionamiento, el cual fue representado en una red semántica que devela la prevalencia de las palabras a través de la frecuencia de aparición en los discursos, para ser evaluados posteriormente en el índice de coocurrencias y de la cual deriva el diagrama de Sankey. Seguido a esto, se realizó el cálculo del índice de emergencia que indica el promedio de evocaciones de códigos a través del enraizamiento y la densidad, con el fin de identificar cuáles etiquetas se encuentran por encima del umbral promedio y así ofrecer una visión holística de los resultados.

Momento 4: análisis
e interpretación

Utilizando el software del ATLAS.ti24 se formaron redes semánticas, esquemas de enraizamiento y densidad, interrelación entre códigos documentos (diagrama de Sankey) y la determinación del índice de emergencia con el fin de responder al objetivo del estudio.

Categorías de análisis

Una categoría se reconoce como un tópico que se toma en cuenta para organizar la información cualitativa y analizar los resultados que emergen de la aplicación de las entrevistas, que funciona como una caja conceptual que agrupa etiquetas e información relacionada. Estas categorías surgen a partir de la contrastación entre referentes teóricos y el discurso inicial de los informantes claves.19 Las categorías orientadoras que surgieron son política, pedagógica, de accesibilidad y cultural, tal como puede observarse en la tabla 1.

La tabla 2 representa, en orden lógico, la información identificada y clasificada producto de la percepción de los informantes claves al aplicar el análisis hermenéutico-interpretativo en los cuatro momentos antes descritos. Este análisis tiene cuatro categorías orientadoras (política, pedagógica, de accesibilidad y cultural) que responden al objetivo del estudio, las cuales definen el rumbo de la investigación y un grupo de códigos que representan factores involucrados en las perspectivas de los informantes claves.

Tabla 2. Guía de categorías orientadoras y grupo de códigos

Enfoque hermenéutico	Categorías orientadoras	Grupo de códigos
Barreras que dificultan el aprendizaje de niños sujetos de inclusión en educación básica	Política	Marco legal
		Alianzas estratégicas
		Gestión institucional
	Pedagógica	Enseñanza
	Pedagógica	Aprendizaje
	De accesibilidad	Infraestructura
	Cultural	Actitudinal
	Cultural	Valoración

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Este apartado devela los resultados del análisis hermenéutico-interpretativo de las entrevistas semiestructuradas con actores educativos de educación básica del Perú. Las entrevistas de las unidades (docentes, directivos y especialista del SAANEE) se obtuvieron a partir de criterios de inclusión: más de diez años de experiencia en la docencia de educación básica y contar como mínimo con un niño sujeto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) en una de las aulas.

Las barras de la figura 1 representan el porcentaje de conformación de las categorías que enmarcan las barreras de educación inclusiva de la educación básica, según el discurso emitido por los informantes claves, mediante la frecuencia de citaciones, de manera que para:

Accesibilidad (A), el 46 % derivó de la perspectiva emitida por el directivo, 33 % por la especialista del SAANEE y 21 % por docentes.
Cultural (C), el 40 % por el directivo, 36 % del especialista del SAANEE y 25 % asociado al discurso de los docentes.
Pedagógica (PE), el 39 % por el directivo, 28 % especialista del SAANEE y 3 % por los docentes.
Política (PO), 22 % por el directivo, 37 % especialista del SAANEE y 41 % por los docentes.

Figura 1. Porcentaje de conformación de categorías de barreras para la educación inclusiva

Nota: G es el enraizamiento que relaciona la cantidad de citas textuales que están asociadas a un código. Gs es la densidad que enmarca el número de enlaces entre dos códigos; muestra la relación y la interconexión entre ellos.

Fuente: Elaboración propia

Mediante la red semántica (ver fig. 2) se visualiza el relacionamiento intrínseco entre el grupo de códigos y las categorías orientadoras, el cual devela las perspectivas de docentes, directivos y especialistas del SAANEE acerca de las barreras de educación inclusiva en la educación básica regular, lo que denota que el discurso emitido por los informantes se centró en enseñanza (E), valoración (V), capacitación docente (CD), rol activo del docente (RAD), tratamiento igualitario (TI), gestión institucional (GI) y sensibilización (S).

Diagrama, Esquemático

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Figura 2. Red semántica de las barreras de la educación inclusiva

Fuente: Elaboración propia

Barreras que afronta la educación
inclusiva

El discurso del directivo señala que las principales barreras que afronta la educación inclusiva en la educación básica son las siguientes:

En nuestro colegio nos falta mucho. Estamos en proyecto de coordinaciones para poder mejorar la infraestructura. La gente de por aquí es de escasa economía. Esperamos mejorar la institución y esos aspectos, ya que ahora es más notable la presencia de estudiantes con características especiales. (Dir.)

… estoy pendiente de las capacitaciones […] tenemos mucha voluntad para trabajar por todos los estudiantes. (Dir.)

El equipo SAANEE […] hasta ahorita nos da algunas orientaciones y prácticamente todo el trabajo nos lo dejan a nosotros para hacer el Plan Operativo Institucional (POI), para hacer la ficha psicopedagógica. Yo no soy experta en esto… (Dir.)

Por parte del Ministerio recibimos capacitaciones de manera virtual, pero seguiremos con las gestiones para recibir materiales educativos ya que esto es prioritario para poder trabajar durante la clase. (Dir.)

Según los docentes, los desafíos de mayor relevancia a los que se enfrenta la educación inclusiva son los siguientes:

… No hemos tenido la visita del equipo SAANEE, al menos yo no. Las únicas informaciones iniciales que tuvimos tanto de la Coordinadora como del director era sacar fuera de clases a la niña para tener un horario con la señorita terapeuta del lenguaje. (D1)

… desde marzo me puse en contacto con SAANEE porque la verdad, es el primer año que tengo tres niños con NEE, en mi aula. Entonces era una experiencia nueva para mí, la verdad que tenía que recurrir a gente profesional … (D2)

Sí recibimos capacitaciones, aunque no frecuentemente. (D2)

… No se han hecho adaptaciones más que en la programación, sí, pero en las hojas de trabajo que se les manda a los niños, no. (D3)

La institución educativa no cuenta con infraestructura específica para niños de inclusión. Todos comparten ambientes homogéneos cuando están en clases presenciales. (D3)

Por su parte, la especialista del SAANEE señala que las barreras de la educación inclusiva en la educación básica están relacionadas con lo siguiente:

Vamos a encontrar distintos tipos de directivos. Algunos están más comprometidos con el trabajo de inclusión. Otros, de repente, no lo están tanto, pero aquellos que sí están comprometidos definitivamente están muy preocupados en gestionar justamente que sus alumnos puedan recibir lo necesario. (Esp.)

Adaptaciones curriculares que en la actualidad se llaman ajustes curriculares. Asimismo, la elaboración del informe psicopedagógico facilita que el docente pueda trabajar una mejor adecuación o ajuste curricular. (Esp.)

… no tienen una infraestructura adecuada para poder trabajar con algún estudiante, ya sea con discapacidad física, que requiere por ejemplo las varillas para poder sujetarse. En cuanto al tema de espacios, no. En nuestros colegios, lamentablemente, no lo tienen implementado, si hablamos de las escuelas básicas regulares. (Esp.)

Para poder sensibilizar sobre este tema de inclusión, a veces hay mucho desconocimiento por parte de los docentes. Desconocen lo referente a discapacidades y cómo afrontarlo. Bueno, como equipo SAANEE venimos trabajando en ello, aunque sentimos que no se hace un trabajo consciente que llegue a todos, pero tratamos de hacer lo que se puede. (Esp.)

El entramado hermenéutico representa todos los códigos involucrados para el análisis sobre las barreras de la educación inclusiva en la educación básica donde las códigos emergentes se reconocen por tener mayor enraizamiento y densidad, de tal forma que la enseñanza (E), la valoración (V), la capacitación docente (CD), el rol activo del docente (RAD), el tratamiento igualitario (TI), la gestión institucional (GI) y la sensibilización(S) son aspectos esenciales según el discurso emitido por los informantes claves (ver fig. 3).

Imagen que contiene Icono

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Figura 3. Diagrama de Sankey

Fuente: Elaboración propia

Los resultados en la tabla 3 representan el porcentaje de participación de cada informante clave respecto a las categorías emergentes anteriormente mencionadas:

Capacitación docente (CD): señalado en 43,90 % por docentes, 35,59 % por especialista del SAANEE y 19,51 % por directivo.
Enseñanza (E): asociado en 50,79 % al directivo, 23,81 % al especialista del SAANEE y 25,40 % a los docentes.
Gestión institucional (GI): representado en 60,76 % por los docentes, 20,25 % por el directivo y 18,99 % por especialista del SAANEE.
Rol activo docente (RAD): asociado en 46,39 % al especialista del SAANEE, 37,11 % a los docentes y 16,49 % al directivo.
Sensibilización (S): representado en 42,86 % del discurso del especialista del SAANEE, 30,48 % del directivo y 26,67 % de los docentes.
Tratamiento igualitario (TI): asociado en 54,24% por el directivo, 25,42 % por especialista del SAANEE y 20,34 % por docentes
Valoración (V): representado en un 39,82 % por el directivo, 31,86 % por los docentes y 28,32 % por especialista del SAANEE.

Tabla 3. Porcentaje de participación de los informantes de las categorías emergentes

Categorías emergentes	DIRECTIVO Gr = 9		ESP. SAANEE Gr = 12		DOCENTES Gr = 43; GS = 3		Totales
Categorías emergentes	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto
Capacitación docente Gr = 12	4	19,51 %	8	36,59 %	9	43,90 %	21	100,00 %
Enseñanza Gr = 14	16	50,79 %	8	23,81 %	8	25,40 %	32	100,00 %
Gestión institucional Gr = 14	4	20,25 %	4	18,99 %	12	60,76 %	20	100,00 %
Rol activo docente Gr = 13	4	16,49 %	11	46,39 %	9	37,11 %	24	100,00 %
Sensibilización Gr = 12	8	30,48 %	11	42,86 %	7	26,67 %	26	100,00 %
Tratamiento igualitario Gr = 12	16	54,24 %	8	25,42 %	6	20,34 %	30	100,00 %
Valoración Gr = 14	8	28,32 %	11	39,82 %	9	31,86 %	28	100,00 %

Fuente: Elaboración propia

Discusión

La integración educativa ha significado un verdadero reto para los sistemas educativos actuales. Reconocer la diversidad desde la concepción de las necesidades especiales y el aprendizaje diferenciado ha descubierto un paradigma educativo que requiere transformaciones para quienes participan del proceso. La diversidad debe ser tratada y entendida desde la oportunidad de cambiar contextos y no como un problema.

En ese sentido, la noción contemporánea de la educación reconoce al sujeto más allá de sus limitaciones y lo enfoca en la potencialización de las distintas capacidades que posee. Por ello, la escuela debe propender a brindar mayores recursos y servicios en favor del desarrollo de habilidades y que exista igualdad de oportunidades para todos.

La educación inclusiva en el Perú, a partir de sus reglamentaciones, se reconoce como un sistema equitativo que garantiza la universalidad y el acceso igualitario de jóvenes y niños al derecho fundamental de la educación. Sin embargo, la efectividad de la educación inclusiva se enfrenta de manera continua a barreras que impiden o ralentizan el cumplimiento de estos objetivos. Esto surge no solo por la transaccionalidad del sistema de educación nacional, sino también porque se requiere remover creencias, imaginarios y concepciones individuales que profundizan la exclusión en la educación. De acuerdo con las perspectivas de los docentes, del directivo y del especialista del SANNEE, las principales barreras a las que se enfrentan los actores educativos en la educación básica son la enseñanza (E), la valoración (V), la capacitación docente (CD), el rol activo del docente (RAD), el tratamiento igualitario (TI), la gestión institucional (GI) y la sensibilización (S).

Los hallazgos apuntan de manera significativa a la enseñanza (E) como una de las barreras de la educación inclusiva, la cual está asociada en 50,79 % al discurso emitido por el directivo, en 23,81 % por el especialista del SANNEE y en 25,40 % por los docentes. De esta manera, se revelan dificultades relacionadas con las adaptaciones curriculares y con las estrategias pedagógicas aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El director de la escuela responsabiliza a los docentes de realizar estas adaptaciones de acuerdo con la individualización de cada niño. Sin embargo, los docentes no cuentan con asistencia de capacitación y esto está significando una barrera hacia la homogeneización de la educación. Estos resultados coinciden con los expuestos por López y la Red Regional por la Educación Inclusiva20 al indicar que los docentes que dirigen aulas inclusivas deben contar con las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar de manera efectiva adaptaciones curriculares que integren a los estudiantes con capacidades diversas.

Asimismo, estos resultados reafirman las recomendaciones alcanzadas por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales,21 al expresar que para favorecer una educación inclusiva, los docentes deben trabajar en equipo; utilizar diversos métodos y estrategias de enseñanza; desarrollar experiencias de aprendizaje significativas, activas y participativas; así como contextualizar y adaptar el currículo, los contenidos de enseñanza y las técnicas de evaluación.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)22 plantea que los docentes a cargo de un aula inclusiva deben cumplir con cuatro valores fundamentales: brindar apoyo a todos los alumnos, sin excepción, teniendo en cuenta el principio de heterogeneidad; trabajar con otros, refiriéndose a la colaboración de equipos de apoyo (p. ej., SAANEE) u otros profesionales y la familia; respetar la diversidad de los alumnos, teniendo en cuenta la igualdad, el cumplimiento de los derechos humanos; y finalmente, demostrar compromiso con su desarrollo profesional, mostrando disposición para continuar aprendiendo.

Por otra parte, la valoración (V), representada en un 39,82 % del discurso emitido por el directivo, en 31,86 % por los docentes y en 28,32 % por el especialista del SANNEE, se reconoció como una barrera en la educación inclusiva. Este código emergente tiene que ver con el reconocimiento y el valor que se les da a los estudiantes, al brindar un contexto inclusivo que acepte, acoja, colabore y estimule a todos, para obtener mejores logros de aprendizaje. Estos valores son compartidos por toda la comunidad escolar; se desarrollan en una cultura escolar.23 Se evidenció que los docentes estiman, valoran, a los niños con necesidades educativas especiales. Se sienten apoyados por los padres de familia, pero esta valoración se ve frustrada cuando no logran los aprendizajes previstos.

Este estudio también demuestra que otra de las barreras que dificulta el cumplimiento de efectivizar la educación inclusiva es la “actitudinal/cultural”. Estos resultados concuerdan con quienes consideran que la actitud del profesorado en el aula inclusiva es ver al niño como otro diferente.24 Esta situación genera barreras actitudinales que implican otros aspectos como la comunicación, el desarrollo cognitivo, el currículo y la gestión institucional, lo que interfiere en el diálogo entre los docentes y los estudiantes, al adoptar representaciones actitudinales de distancia entre el uno y el otro, y entre nosotros y los otros, y al no permitir atender a las diferencias individuales de cada niño.

De la misma forma,25 consideran que la barrera que impide la inclusión es la cultura generalizada en el contexto educativo. La comunidad educativa clasifica a los estudiantes en dos tipos: normal y especial. Expresa que este último, para aprender, necesita estrategias de enseñanza diferentes. Plantean asimismo que si los docentes tienen una actitud negativa hacia la educación inclusiva es porque no tienen conocimiento, capacitación ni experiencia suficiente para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Finalmente, consideran que el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar orientado al desarrollo de capacidades y a estimular su desarrollo, y no a superarlas.

La capacitación docente (CD) es un factor esencial que busca eliminar las barreras de la educación inclusiva. Los informantes claves destacaron que la enseñanza en el contexto de la educación inclusiva requiere de un profesorado que conozca el enfoque inclusivo, así como estrategias para la enseñanza-aprendizaje para atender a la diversidad, así como las capacidades que debe desarrollar cada niño, que adopte la idea de que la habilidad del aprendizaje de cada estudiante es ilimitada.

Los docentes deben capacitarse en estrategias metodológicas que promuevan la socialización entre pares y el trabajo cooperativo, con
el propósito de que los estudiantes desarrollen autonomía para desenvolverse en escenarios complejos.26 La capacitación docente está en relación con la formación inicial docente. Esta, para atender la inclusión educativa, no es suficiente, por lo que se hacen necesarios programas de formación continua que propicien el asesoramiento y el acompañamiento a las prácticas docentes en contextos de vulnerabilidad social.27

Los docentes se constituyen en agentes de cambio y eliminadores de barreras, por lo que es necesario una formación inicial docente y continua orientada a la atención a la diversidad.28 Asimismo, es necesario que se realicen procesos de sistematización de experiencias a fin de identificar lecciones aprendidas, como recomendaciones para mejorar la formación de docentes.29

En cuanto al rol activo docente” (RAD), se considera que la labor que día a día realiza el cuerpo docente es titánica para desarrollar con efectividad su quehacer y brindar un servicio de calidad. Sin embargo, se evidenció que los maestros carecen de autoconfianza y autoestima principalmente porque no han sido formados para desarrollar actitudes positivas frente a la diversidad. Así mismo, el acompañamiento por parte de los entes encargados, como el SAANEE, ha sido precario.

En ese sentido, es esencial brindar espacios de autoconfianza en los que se puedan compartir experiencias que propicien el aprendizaje conjunto y la implementación de estrategias pedagógicas adaptables a los niveles y contextos de cada alumno. De acuerdo con ello,30 se considera que la cualificación del profesorado se produce en el interaccionismo con otros, el reconocimiento del espacio y las situaciones que lo involucran, con estrategias y sistemas pedagógicos adaptables y prevalentes de la calidad en el servicio educativo, que respeta y valora la diversidad como un elemento de perfeccionamiento profesional.

El tratamiento igualitario (TI) es uno de los aspectos esenciales en el objetivo de lograr un sistema educativo más incluyente. Los resultados de esta categoría señalan que las adaptaciones curriculares son fundamentales si se quiere fomentar la igualdad educativa. Sin embargo, el rol de los padres o cuidadores es fundamental en el avance exitoso de los procesos educacionales.

Por otra parte, los resultados corroboran las evidencias encontradas por Pérez-Castro,31 quien considera que el ambiente inclusivo con tratamiento igualitario depende de las características del grupo de estudiantes. Las actitudes pueden ser facilitadores o barreras para la inclusión de los estudiantes con discapacidad, por lo que recomienda que los estudiantes sin discapacidad vigoricen las fortalezas de los estudiantes con discapacidad y establezcan redes de apoyo con sus compañeros.

Materón32 comenta que las instituciones educativas deben desarrollar sus actividades con un enfoque humanista que esté caracterizado por un sistema educativo para la diversidad, en el que se respeten las diferencias y, asimismo, se incentiven criterios de igualdad de oportunidades para todos, para lo cual es necesario propiciar condiciones de respeto, libertad, solidaridad y convivencia, los cuales son ejes fundamentales en la formación de los niños.

La categoría de gestión institucional (GI) está referida a las acciones de dirigir y guiar una institución hacia el logro de objetivos, en tanto le corresponde crear culturas inclusivas, al fomentar una comunidad educativa con equidad. Las instituciones educativas deben adoptar colectivamente valores como el respeto a la diversidad, la tolerancia, la autocrítica, la participación social, con énfasis en las personas.

Desde esta perspectiva, corresponde a quienes dirigen las instituciones inclusivas contribuir a la formación de los niños con discapacidad, para que desarrollen actividades de sensibilización, de respeto a la diversidad y de atención a los niños con necesidades educativas especiales.

Estos resultados corroboran los hallazgos encontrados por San Martín et al.,33 quienes afirman que la falta de cohesión en relación con el significado de la inclusión educativa por parte de los diferentes docentes y otros profesionales dificulta una cultura inclusiva al concebir un deficiente sentido de comunidad que valora la diversidad y la equidad, y repercute negativamente en el clima escolar, la convivencia, el bienestar y el aprendizaje.

Por último, la sensibilización fue otra barrera cultural identificada en los testimonios, en los que se señala que este aspecto es el paso inicial para adentrarse en el retador mundo de la inclusión. Además, destacan que desde las instituciones se han realizado acciones encaminadas a la integración educativa en aras de fomentar mayor apoyo y respeto por parte de la comunidad académica.

Sin embargo, los actores educativos reconocen que para poder sensibilizar sobre este tema hay que trabajar sobre el desconocimiento de los docentes. Los agentes educativos están concientizados poco o nada sobre la educación inclusiva; sobre el enfoque transversal de la inclusión educativa en el currículo de la educación básica regular; sobre la orientación a los padres de familia en cuanto al apoyo a las actividades escolares; sobre la sensibilización a los estudiantes para la aceptabilidad de las diferencias o habilidades distintas de los niños con necesidades educativas especiales; y sobre los programas relacionados con el bullying escolar.

Por lo tanto, al abordar las barreras, las escuelas pueden propiciar entornos educativos inclusivos, equitativos y de calidad, en los que todos los estudiantes se sientan estimados, valorados, respetados y, sobre todo, apoyados en su aprendizaje y desarrollo integral. Todos los estamentos y actores educativos deben ser sensibilizados con el enfoque inclusivo, la eliminación de barreras para una participación eficiente en la escuela y para lograr aprendizajes deseados. Asimismo, el contexto social debe tomar una posición para que cada persona sea capaz de reconocer al otro como sujeto con su propia singularidad, un ser único.34

La investigación presenta algunas limitaciones. Una de ellas fue que la información recolectada resultó muy limitada debido al escaso conocimiento que los docentes y el director tenían con respecto a la normatividad y a las disposiciones pedagógicas para la atención a niños con necesidades educativas especiales en las instituciones educativas de educación básica regular. Otra de las limitaciones fue el factor tiempo, debido a que los informantes brindaron información limitada por el escaso tiempo que dispusieron para las entrevistas, por tener múltiples ocupaciones académicas y administrativas. Se sugiere realizar futuras investigaciones para que los investigadores puedan abordar el estudio incorporando la técnica de focus group, a fin de que la información sea consensuada por los participantes. Estudios futuros podrían profundizar aún más a través del enfoque mixto para evaluar mejor cómo se presentan las barreras de la educación inclusiva en las instituciones de educación básica regular.

Conclusiones

El estudio revela que la enseñanza impartida por los docentes en las aulas inclusivas es una de las principales barreras predominantes en la atención a estudiantes que requieren una educación que atienda sus necesidades. Urge que los docentes sean capacitados en una didáctica diferenciada y especializada, que oriente y atienda a los niños con necesidades educativas especiales, como así también en temas referidos a conocimientos normativos, disciplinares, con metodología coherente a las necesidades e intereses del estudiante.

Otra barrera que dificulta la educación inclusiva es la valoración.
Se evidenció que los docentes valoran a los niños con necesidades educativas especiales y, asimismo, reciben el apoyo de los padres de familia, sin embargo, se sienten fracasados cuando los niños no logran los aprendizajes previstos, situación que se relaciona con las barreras de la enseñanza y con el rol activo del docente, que imposibilita que los niños desarrollen los aprendizajes esperados. A estas barreras, se suman otras como el tratamiento igualitario, la gestión institucional y la sensibilización.

Es necesario que el Estado y sus órganos desconcentrados tomen medidas alternativas para eliminar las barreras de la educación inclusiva en las instituciones de educación básica regular, al propiciar el desarrollo de planes de capacitación docente, programas de fortalecimiento de capacidades, respecto a conocimientos básicos de las estrategias de atención a la educación inclusiva, desde el diagnóstico hasta las sugerencias de la utilización de las estrategias especializadas. También es importante promover medidas proactivas, que sean accesibles y acogedoras para todos los estudiantes. A los actores educativos, al identificar estas barreras, corresponde elaborar planes de acción y trabajar en forma conjunta a fin de eliminarlas y posibilitar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

1 Rodolfo Cruz, “A 25 años de la Declaración de Salamanca y la Educación Inclusiva: una mirada desde su complejidad”, Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 13, n.o 2 (diciembre de 2019): 75-90.
2 Naciones Unidas, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: guía de formación, Serie de Capacitación Profesional n.º 19 (Nueva York: Naciones Unidas, 2014).
3 Milagros Rojas, “Los retos de una educación virtual para estudiantes con necesidades educativas especiales”, Hamut’ay 8, n.o 1 (enero de 2021): 9-22.
4 Naciones Unidas, Objetivos del Desarrollo Sostenible (2022), https://www.un.org/sustainable
development/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
5 Gabriela Ramos, Santiago Cueto y Claudia Felipe, “La educación de niños y niñas con discapacidad en el Perú durante la pandemia”, Análisis y Propuestas 62 (noviembre de 2021): 1-4.
6 Mel Ainscow, “Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences”, Nordic Journal of Studies in Educational Policy 6, n.o 1 (enero de 2020): 7-16.
7 Tony Booth y Mel Ainscow, Guía para la educación inclusiva: desarrollando el aprendizaje y la participación inclusiva (Madrid: FUHEM, 2015), 44-48.
8 Miguel López, “Barreras que impiden la inclusión y algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones”, Innovación Educativa 21 (mayo de 2011): 37-54.
9 Gerardo Echeita, “Evolución, desafíos y barreras frente al desarrollo de una educación más inclusiva”, Revista Española de Discapacidad 10, n.o 1 (junio de 2022): 207-218.
10 Gerardo Echeita, “Evolución, desafíos y barreras frente al desarrollo de una educación más inclusiva”, Revista Española de Discapacidad 10, n.o 1 (junio de 2022): 208-209; Jorge Herrera y Giovanni Guevara, “Psychopedagogical diagnosis: From classifying students to identifying barriers to learning and participation”, Revista Electrónica Educare, 26, n.o 1 (enero de 2022): 1-21.
11 Ministerio de Educación del Perú, Cartilla sobre la identificación de barreras educativas en la educación básica (Lima: Ministerio de Educación, 2024).
12 Ainscow, “Promoting inclusion and equity in education”, 15.
13 Booth y Ainscow, Guía para la educación inclusiva, 53-76.
14 Elías Barajas y Diana Lozano, Política de inclusión y equidad educativa desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad (México: Fontamara, 2024); Elena Vila, Teresa Rascón e Ignacio Calderón, “Discapacidad, estigma y sufrimiento en las escuelas: narrativas emergentes por el derecho a la educación inclusiva”, Educación XX1 27, n.o 1 (enero de 2024): 353–371.
15 Tony Booth y Mel Ainscow, Guía para la educación inclusiva: desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares, trad. por Gerardo Echeita y Coral Elizondo (Madrid: Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva, 2015), 67-103; Eduardo S. Vila-Merino, Teresa Rascón-Gómez e Ignacio Calderón-Almendros, “Discapacidad, estigma y sufrimiento en las escuelas: narrativas emergentes por el derecho a la educación inclusiva,” Educación XX1 27, n.o 1 (enero de 2024): 356-361.
16 Joseph Maxwell, Investigación cualitativa, multimétodo y de métodos mixtos, trad. por Ezequiel Méndez (Barcelona: Gedisa, 2013).
17 Rafael González, Álvaro Acevedo, Sandra Gómez y Karina Cruz, “Ruta de investigación cualitativa–naturalista: una alternativa para estudios gerenciales”, Revista de Ciencias Sociales 27, n.o 4 (octubre de 2021): 334-350.
18 Chaunce Wilson, Interview techniques for UX practitioners: A user-centered design method (San Francisco: Morgan Kaufmann, 2014), 41.
19 González, Acevedo, Gómez y Cruz, “Ruta de investigación cualitativa-naturalista, 334-350.
20 Miguel López, “Barreras que impiden la inclusión y algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones”, Innovación Educativa 21 (mayo de 2011): 37-54; Red Regional por la Educación Inclusiva, Hacia una docencia inclusiva: pautas para pensar el trabajo en aulas heterogéneas (Buenos Aires: Red Regional por la Educación Inclusiva, 2021).
21 Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, Formación del profesorado para la educación inclusiva en Europa: retos y oportunidades (Bruselas: Agencia Europea, 2011).
22 UNESCO, Informe de seguimiento de la educación en el mundo: América Latina y el Caribe, inclusión y educación; todos y todas sin excepción (París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020).
23 Daniela Cruz, Deisy Castañeda y Javier Serrano, “Barreras para la inclusión educativa a estudiantes con discapacidad motora en instituciones educativas públicas”, Paideia 6, n.o 1 (junio de 2021): 126-146; Martha Martínez, Gloria Guajardo y Silvia Valdez, “Hacia un modelo de escuela incluyente”, en Ambientes del aprendizaje para una educación inclusiva, ed. por Elba Escobar (Chiapas: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, 2018).
24 Natalia Jiménez e Isidora Figueroa, “Barreras actitudinales en el trabajo pedagógico con las diferencias cognitivas: un abordaje desde las representaciones sociales de docentes”, Revista Enfoques Educacionales 20, n.o 1 (enero de 2023): 76-100.
25 Claudia San Martín, Paulina Rogers, Claudia Troncoso y Rodrigo Rojas, “Camino a la educación inclusiva: barreras y facilitadores para las culturas, políticas y prácticas desde la voz docente”, Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 14, n.o 2 (diciembre de 2020): 191-211
26 Evelyn Mena, Katherine Rengel, Mónica Constante, Mayra Molina y Maribel Riera, “Inclusión educativa en los procesos pedagógicos.” Revista Boletín Redipe 9, n.o 10 (octubre de 2020): 55-61.
27 Marcela Díaz y Carolina Betancur, “La mitigación de barreras para el aprendizaje y la participación: un camino posible para la construcción de una escuela para todos”, Praxis Pedagógica 22, n.o 32 (julio de 2022): 91-115.
28 Carmen Galán-Arroyo y José Rojo, “Análisis de la formación docente en inclusión educativa en una muestra de maestros de educación infantil de Extremadura”, Revista Inclusiones 11, n.o 1 (enero de 2023): 1-17.
29 Gerardo Echeita, “Evolución, desafíos y barreras frente al desarrollo de una educación más inclusiva”, Revista Española de Discapacidad 10, n.o 1 (junio de 2022): 207-218.
30 María Aspirilli, La didáctica en la formación docente (Rosario: Homo Sapiens, 2011)
31 José Pérez-Castro, “Condiciones para la docencia inclusiva: análisis desde las barreras y los facilitadores”, Revista Iberoamericana de Educación Superior 12, n.o 33 (septiembre de 2021): 138-157.
32 Sandra Materón, “Principios de equidad e igualdad: una perspectiva inclusiva para la atención educativa de las poblaciones con discapacidad en Colombia”, Revista Colombiana de Bioética 11, n.o 1 (julio de 2016): 117-131.
33 Carolina San Martín, Patricia Rogers, Claudia Troncoso y Rodrigo Rojas, “Camino a la educación inclusiva: barreras y facilitadores para las culturas, políticas y prácticas desde la voz docente”, Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 14, n.o 2 (diciembre de 2020): 191-211.
34 Margarita Díaz y Catalina Betancur, “La mitigación de barreras para el aprendizaje y la participación: un camino posible para la construcción de una escuela para todos”, Praxis Pedagógica 22, n.o 32 (julio de 2022): 91-115.

3. Alexis de Tocqueville: el precursor
de la ciencia política moderna

Alexis de Tocqueville: The precursor
of modern political science

Alexis de Tocqueville: O precursor
da ciência política moderna

H. C. F. Mansilla

Academia Boliviana de Ciencias
La Paz, Bolivia

hcf_mansilla@yahoo.com

Recibido: 28 de agosto de 2024
Aceptado: 15 de mayo de 2025

DOI:

Resumen

El texto contiene un breve esbozo biográfico y un resumen de las dos obras fundamentales de Tocqueville: La democracia en América y El Antiguo Régimen y la Revolución. Tocqueville fue un pionero al establecer las bases para una ciencia política autónoma, no dependiente de la filosofía ni de la economía. Fue también un precursor al estudiar de manera sólida lo que ahora se conoce como cultura política. Él combinó una recolección sistemática y amplia de datos documentales con un tratamiento crítico de estos, lo que le llevó a una opinión diferenciada y escéptica de la democracia y de los intentos revolucionarios de su tiempo.

Palabras claves

Antiguo régimen — Cultura política — Democracia — Estados Unidos — Francia — Revolución

Abstract

The text contains a short biographical sketch and an abstract of the two main works of Tocqueville: Democracy in America and The Old Regime and the Revolution. Tocqueville was a pioneer as he established the solid foundations of what now is called the political culture. He combined a wide and systematic gathering of documental data with a critical treatment of themselves. With this procedure Tocqueville was able to formulate a sceptical and differentiated opinion about democracy and the revolutionary attempts of his time.

Keywords

Democracy — France — Old regime — Political culture — Revolution — United States

Resumo

O texto contém um breve esboço biográfico e um resumo das duas obras fundamentais de Tocqueville: A democracia na América e O Antigo Regime e a Revolução. Tocqueville foi um pioneiro ao estabelecer as bases para uma ciência política autônoma, independente da filosofia e da economia. Ele também foi um precursor ao estudar de forma sólida o que hoje é conhecido como cultura política. Ele combinou uma coleta sistemática e abrangente de dados documentais com um tratamento crítico dos mesmos, o que o levou a uma opinião diferenciada e cética sobre a democracia e as tentativas revolucionárias de sua época.

Palavras-chave

Antigo regime — Cultura política — Democracia — Estados Unidos — França — Revolução

A manera de introducción:
los datos biográficos

El surgimiento y la caída de regímenes totalitarios en el siglo xx y los peligros inherentes al autoritarismo populista en el siglo xxi han fomentado nuevamente un cierto interés, todavía muy modesto y limitado, por la vida y la obra de Alexis de Tocqueville, quien durante décadas había caído en el olvido a causa del éxito académico del marxismo, por un lado, y de las ideologías y teorías asociadas al existencialismo, a las rebeliones juveniles y estudiantiles, y a los enfoques cercanos al posmodernismo, por otro. Todos estos factores han evitado una recepción adecuada de la obra de este autor, situación que, en líneas generales, continúa hasta hoy.

Tibiamente, empezó un modesto renacimiento de las ideas de Tocqueville alrededor de 1960, cuando intelectuales de tendencias muy diferentes entre sí, como Raymond Aron, François Furet y Claude Lefort contribuyeron a difundir sus concepciones más importantes.1 Después de
la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundaron la Escuela Superior de Política y la Universidad Libre de Berlín, dos notables politólogos alemanes afirmaron que en el siglo xix la obra de Tocqueville se encontró, sin rival, en la cúspide de la creación intelectual, debido a su “forma genial de exposición” y a la combinación de “sólida investigación empírica con una elaboración conceptual muy perspicaz”.2

Actualmente, se lo considera uno de los precursores principales de la ciencia política moderna. Para reafirmar el valor propio de una ciencia política autónoma,3 Tocqueville prosiguió una intuición de Aristóteles y de su comentador Polibio, mostrándonos lo negativo y peligroso de una evolución que parecía eminentemente positiva y promisoria, como el ejercicio de la democracia. En este sentido, Tocqueville nos enseña la relevancia de la desilusión, la significación del desencanto para comprender mejor los complejos desarrollos que la democracia puede engendrar.4
La especialista en literatura política Françoise Mélonio calificó a la obra de Tocqueville como una “precoz experiencia del desencantamiento”5 con el mundo, tanto con nuevo orden salido de la Revolución francesa, como con los intentos de restaurar el Ancien Régime —concepto popularizado por nuestro autor— que surgieron a partir del Congreso de Viena y la derrota definitiva de Napoleón en 1815.

Tocqueville fue un pionero al estudiar las costumbres de relevancia colectiva, los valores normativos de orientación de peso político y las mentalidades prevalecientes en una sociedad, lo que ahora se entiende bajo el rubro de cultura política. En este sentido es que Tocqueville también contribuyó a fundar una politología autónoma.6 Esta línea de favorecer la independencia de los estudios políticos ha sido enriquecida desde muy temprano con aportes de Marco Tulio Cicerón, Marsilio de Padua, Niccolò Machiavelli, Étienne de la Boëtie, Edmund Burke y Hannah Arendt, entre otros autores. No hay duda de que Tocqueville representa actualmente uno de los fundamentos contemporáneos de la politología que se orienta por principios liberal-democráticos.

Por otra parte, él nos acerca a otro conocimiento que puede contener una paradoja histórica: la Revolución francesa puede ser vista como la culminación de un proceso iniciado mucho antes por un régimen altamente conservador. Durante largos años, nuestro autor reunió datos empíricos y documentos históricos para generar una reconstrucción plausible de la historia francesa y para mostrar al público la complejidad de la evolución humana, que no puede ser encasillada fácilmente en esquemas obligatorios con una culminación prestablecida de la historia universal. Mediante la compilación de datos y el análisis cuidadoso de ellos, nos dice Tocqueville, se pueden comprender los hechos del pasado y las vicisitudes del presente, pero no se puede predecir el futuro de ninguna manera.

Tocqueville nació en 1805 en París y falleció en Cannes (en la Costa Azul) a causa de una tuberculosis en 1859, precisamente cuando estaba en la cumbre de su producción intelectual. Por el lado de su padre, formaba parte de una antigua familia noble —los condes Clérel de
Tocqueville—, cuyos integrantes eran terratenientes en Normandía. Por el lado de su madre, pertenecía a una notable dinastía de jurisconsultos y altos funcionarios de la corona, que jugaron un rol político importante antes de 1789. En la casa paterna, recibió una educación muy esmerada en un ambiente que lo predispuso a actividades intelectuales. Fue un gran lector. Su amplia formación, de corte humanista, la adquirió como autodidacta. Estudió derecho sin mucho entusiasmo. Obtuvo su primer puesto laboral como juez auxiliar en un juzgado de Versalles en 1827, cuando recién tenía veintidós años.

En 1831, fue seleccionado por el Ministerio de Justicia, junto con un amigo jurista —Gustave de Beaumont—, para estudiar el sistema penitenciario de los Estados Unidos y su práctica del derecho penal. Pasó varios meses viajando por gran parte de Estados Unidos y Canadá, reuniendo materiales sobre esta temática específica, pero también en torno al funcionamiento cotidiano del sistema de gobierno y la cultura política en Norteamérica en las primeras décadas del siglo xix. Los dos amigos publicaron su informe como libro en 1832, que en su momento fue un tratado muy consultado y discutido acerca del régimen carcelario de los Estados Unidos,7 que entonces tenía la reputación de representar una alternativa más humana con respecto a las prisiones de los países europeos, las cuales estaban saturadas con prisioneros políticos y también con una cantidad enorme de meros imputados sin sentencia judicial.

Después de este viaje, la vida de Tocqueville cambió radicalmente. Dejó para siempre la administración de justicia y se consagró a actividades políticas e intelectuales. La modesta fortuna de su familia le permitió vivir sin tener que ejercer un empleo permanente. Su estudio sobre el sistema penitenciario norteamericano y su libro La democracia en América, cuyo primer volumen fue publicado en 1835 (el segundo en 1840), lo convirtieron rápidamente en una celebridad. El primer volumen de
La democracia en América fue un gran éxito de ventas y de recepción, lo que fundamentó la precoz fama de Tocqueville en el mundo intelectual.8 Con base en esta publicación, nuestro autor fue admitido a una edad muy temprana como miembro de número en la Academia de Ciencias Políticas y Morales en 1838 y en la afamada Academia Francesa en 1841. Su sillón en esta institución fue ocupado posteriormente por el mariscal Ferdinand Foch, el héroe francés de la Primera Guerra mundial. Actualmente, lo ocupa Mario Vargas Llosa.

Tocqueville fue diputado a la Asamblea Nacional desde 1839 hasta 1851. Representó permanentemente a un distrito electoral de Normandía, donde su familia poseía un castillo y unas tierras desde el siglo xii. Perteneció a una fracción moderada de la corriente liberal, que propugnaba un sistema parlamentario de gobierno y políticas públicas cercanas al libre cambio y al libre comercio. La prensa y los corrillos parlamentarios lo consideraba entonces como un aristócrata descarriado que había naufragado en el centro-izquierda del espectro partidario. Tocqueville detestaba los extremos y las tendencias que favorecían el temprano socialismo, por un lado, y la restauración de una monarquía reaccionaria, por otro.

Su época de mayor actividad tuvo lugar durante la Segunda República, instaurada por un levantamiento popular el 25 de febrero de 1848. Tocqueville llegó a ser vicepresidente de la Asamblea Nacional en 1849, ministro de Relaciones Exteriores en ese mismo año y miembro distinguido de la comisión parlamentaria encargada de redactar la nueva constitución para la Segunda República. Él mismo reconoció que era un mal orador, que no entusiasmaba ni a los diputados ni a las masas, que no era bueno para la acción y que su lugar estaba en el trabajo intelectual.

Su proyecto de liberalismo y republicanismo moderado fracasó en la dura realidad cuando en diciembre de 1851 el presidente de la Segunda República, el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, quien había sido elegido para ese cargo con una mayoría abrumadora de votos, dio un golpe de Estado, se dotó a sí mismo de plenos poderes y poco después (1852) se proclamó emperador hereditario de los franceses con el nombre de Napoleón III, para reanudar una tradición dinástico-imperial que había creado su tío, Napoleón I.

Tocqueville fue encarcelado brevemente en diciembre de 1851, destituido de su mandato parlamentario y obligado por el resto de su vida a actividades estrictamente intelectuales. Nunca se congració con el régimen imperial, que duró hasta 1870, cuando Napoleón III fue derrotado en la guerra franco-alemana.

La democracia en América

La democracia en América es un tratado muy amplio sobre la historia, las relaciones sociales, el rol de la religión, la cuestión de la mentalidad y los aspectos político-institucionales de los Estados Unidos. En su época, fue la publicación más completa y leída sobre aquel joven país. La sociedad que describe y analiza Tocqueville era la de Norteamérica de 1831. Casi doscientos años después, el país ha cambiado sustancialmente y en todo sentido. Por ello, el libro de Tocqueville no puede ser considerado hoy como un análisis de los Estados Unidos actuales.

Nuestro autor buscó en los Estados Unidos la esencia de la democracia, una imagen que pudiera ser trasladada a todo el mundo, para discernir lo que se podría aprovechar de ella, por ejemplo, en Francia. Pero también quería averiguar qué era lo que se podría temer y recelar de ella. Varios comentaristas posteriores, como Gabriel Cohn, han enfatizado el “estilo triste” y el “elemento trágico” que tendría esta obra,9 precisamente por el temprano descubrimiento de los factores negativos asociados a esta forma de gobierno.

Hay que señalar que el interés de Tocqueville estaba concentrado en los Estados del norte de la Unión, donde no prevalecían las prácticas esclavistas. Mencionó muy de pasada las condiciones sociales, culturales y laborales en los Estados meridionales, condiciones que consideró detestables y contrarias al progreso de toda la Unión, incluyendo la esclavitud de los afroamericanos, que nuestro autor rechazó claramente.10 Durante su prolongado viaje por Norteamérica, Tocqueville descubrió que las categorías académicas habituales en Europa no podían ser utilizadas para comprender la joven democracia americana. Era un orden social sin una gran teoría que lo legitimara o que, más modestamente, ayudara a comprenderlo. Por ello, el libro de Tocqueville fue considerado en los Estados Unidos y por un tiempo muy largo como la explicación histórica y sociológica más adecuada en torno al modelo norteamericano.

Con un tono melancólico, en el cual se mezclaban la resignación y la admiración, Tocqueville constató que no existían los privilegios del nacimiento y la estirpe, que en Europa continuaban en vigencia pese a la acción de la Revolución francesa. El prestigio social y cultural de las viejas clases altas, que en el Viejo Mundo era aún reconocido, constituía algo que siempre había estado ausente en los Estados Unidos. Al comenzar el libro, nuestro autor enfatiza y apoya el régimen de igualdad social que prevalecía en aquel país y descubre factores sociales muy positivos asociados a la igualdad.11 La igualdad, a la cual se refiere repetidamente nuestro autor, es aquella ante la ley: el desarrollo hacia la igualdad de las condiciones de partida para la vida adulta. Tocqueville se encontró con una marcada tendencia igualitaria, pero que permitía y —en realidad— promovía la acumulación de riquezas como distintivo del éxito y como premio merecido a los esfuerzos individuales.

Para la mayoría de los seres humanos, el postulado de la igualdad es más comprensible que el de la libertad. Este último requiere de algún esfuerzo intelectual, lo cual no es cosa habitual entre los ciudadanos “normales” de una sociedad. La igualdad, en cambio, emerge como algo fácilmente entendible y parece brindar ventajas inmediatas a la mayoría.12

Pero la igualdad, como todo fenómeno social, puede generar aspectos negativos. La dictadura de las mayorías13 —la presión conformista favorable a lo que ya existe—, legitimada por elecciones limpias, puede producir una atmósfera generalizada de mediocridad, que oprima a aquellas personalidades individualistas con un bagaje cultural superior al promedio social y a aquellos que, con buenas razones, no quieran plegarse a las modas obligatorias del momento.

Su concepto central, la posible tiranía de la opinión pública, que conduce al uniformamiento de una sociedad formalmente democrática, se halla esbozado claramente en este libro.14 Es decir que en plena democracia igualitaria puede surgir un régimen dictatorial, el despotismo administrativo, cuando tiene lugar la nivelación de las convicciones y la supresión de nuevos conocimientos y opiniones bajo el poderoso argumento de la corrección política,15 concepción monopolizada ahora por la izquierda aparentemente progresista, el feminismo radical y la predisposición al populismo convencional16.

El régimen igualitario, de acuerdo con Tocqueville, permitía el florecimiento de muchas pequeñas ambiciones personales, pero impedía el surgimiento de una gran ambición social y cultural que enalteciera la sociedad en su conjunto.17

Tocqueville describió con muchos detalles el espíritu práctico y no especulativo de los norteamericanos.18 Más interesante aún fue su estudio de las costumbres colectivas de relevancia socio-política,19 lo que ahora se conoce bajo el rubro de la cultura política. En eso fue un pionero. Admitió que el entorno físico-material es importante para comprender las especificidades de una sociedad, pero que las leyes vigentes tienen mayor relevancia que los aspectos materiales. Y concluyó que las mentalidades son todavía más decisivas que los elementos físicos y que las leyes a la hora de juzgar un orden social.

Muy original fue también su análisis de los complejos vínculos entre la religión y la política en aquel país,20 especialmente el aporte de los credos protestantes puritanos al desarrollo de la democracia en el nivel municipal. Estas apreciaciones sobre los vínculos entre los credos religiosos y el orden social se anticipan a la famosa teoría de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tempranamente, nuestro autor constató que las sectas puritanas hacían una importante contribución al orden social, cuando armonizaban sin fricciones sus reglas morales con la doctrina utilitarista del interés individualista, como lo dictaba la moral colectiva del egoísmo bien comprendido.

Tocqueville describió las “ventajas reales” del sistema democrático,21 sobre todo la importancia de las extendidas prácticas democráticas en el plano municipal y comunal. Este aspecto está enfatizado en innumerables puntos de la obra tocquevilliana. Y también enalteció la relevancia de la actividad política en el nivel de los diferentes Estados de la Unión, que entonces era tan importante como las políticas públicas emanadas del Gobierno federal.22 La democracia municipal sería aquella que verdaderamente produce el gusto por la libertad (le goût de la liberté) entre los ciudadanos.

Nuestro autor mantuvo una discreta amistad con el filósofo británico John Stuart Mill,23 cuya obra más conocida, Sobre la libertad [On liberty]24 [1859], estuvo influida por la lectura de los escritos de Tocqueville. La idea central de Mill —el liberalismo debe asegurar que las porciones centrales de la vida de las personas permanezcan fuera de las intervenciones del Estado—25 se hallaba ya formulada en varios pasajes de la Democracia en América.

El Antiguo Régimen y la Revolución

Concluida su breve actividad política, Tocqueville se puso a reunir documentos y testimonios para una novedosa interpretación de la historia de Francia desde el siglo xvii. De estos esfuerzos salió su libro
El Antiguo Régimen y la Revolución,26 obra difícil de clasificar según los parámetros habituales. La tesis central disgustó igualmente a socialistas y a conservadores.

Nuestro autor asevera que el Antiguo Régimen habría caído sin la Revolución de 1789. Según la opinión popular, el Antiguo Régimen habría estado conformado por la monarquía absoluta, la preeminencia de la nobleza y el catolicismo como ideología vinculante de toda la sociedad. Esta visión, de acuerdo con Tocqueville, es simplista, unilateral, propagandística y por ello básicamente falsa. Desde el siglo xvii, concretamente desde la actividad renovadora del célebre primer ministro de Luis XIII, Armand du Plessis, cardenal-duque de Richelieu, la corona trabajó exitosamente por el fortalecimiento del poder real y el decaimiento de la nobleza, de los poderes intermedios y de las autonomías regionales.

El sistema feudal se debilitó por adentro y no pudo competir con los factores socio-políticos y culturales que hicieron posible la modernidad. El resultado fue la centralización del poder de la corona y la desaparición de todo grupo político que pudiera servir de contrapeso al gobierno central.

Esta evolución, fomentada sistemáticamente por Luis XIV, culminó, según Tocqueville, con la política centralizadora de los jacobinos después del triunfo de la Revolución, continuada enérgicamente por Napoleón I y, paradójicamente, por la restauración de los Borbones a partir de 1815. El carácter laico de la administración pública y de la educación y el proceso concomitante, la declinación cultural y social de la Iglesia católica, fue preparado por la Ilustración del siglo xviii, de modo que la Revolución solo culminó un desarrollo que venía de muy atrás. Lo mismo habría ocurrido con la profesionalización de la administración pública. El poder económico de la burguesía, que fue complementado con el político mediante la Revolución francesa, ya era muy vigoroso antes de 1789.

En esta obra, Tocqueville intenta esbozar una teoría general de las revoluciones y las posibilidades de una contrarrevolución.27 El autor se hace grandes preguntas a propósito de la Revolución francesa. ¿Cómo se conforma la consciencia de lo insoportable con respecto al Antiguo Régimen y cuándo desemboca en el derrocamiento del orden existente? ¿Por qué la revolución de la libertad, la igualdad y la fraternidad se transformó en el despotismo de los extremistas? ¿Y por qué ocurrió tan rápidamente esta conversión? ¿Cuál es, en términos generales, la vinculación entre el “republicanismo aristotélico” y el “despotismo democrático” —utilizando la terminología de Francisco José Presta—28 en la obra de Tocqueville?

Las formas exteriores de un régimen —como la monarquía— se transformaron en un asunto secundario. Triunfó la modernidad en sus múltiples facetas, lo que también se mostró en sus aspectos negativos, como el triunfo de una burocracia impersonal y exenta de valores éticos. Ya durante las etapas extremistas de la Revolución francesa se pudo observar que los valientes revolucionarios mandaban sin mucho trámite a ilustres personalidades a la guillotina, pero obedecían sin chistar disposiciones y cualquier decisión de los burócratas. En la realidad, estos últimos encarnaban el verdadero poder.

Conclusiones provisionales

Tocqueville fue uno de los primeros investigadores en tratar un tema de actualidad: el rol de los intelectuales en la promoción de una atmósfera revolucionaria. Tocqueville creyó que el exceso de ateísmo durante el siglo xviii y la acción disolvente de los filósofos de la Ilustración habían preparado el clima de fanatismo revolucionario y odio entre partidos, que estalló a partir de 1789.29

El retroceso de la esfera político-institucional frente a formas blandas de dictadura fue un elemento central y reiterativo en la obra de Tocqueville. Hoy en día este enfoque tiene una notable relevancia porque casi todas las democracias del mundo occidental sufren una erosión de los llamados cuerpos intermedios —que estudió y defendió Tocqueville— y una crisis de los tejidos grupales. El exceso de igualdad, que caracteriza parcialmente al mundo contemporáneo, puede llevar, como lo avizoró nuestro autor, a modelos de egoísmo individualista que socaven las funciones democráticas de las instituciones civiles.30

En un ámbito de este tipo los ciudadanos compiten efectivamente entre iguales, pero son débiles o hasta impotentes ante la erosión general de la esfera institucional. El resultado puede ser calificado como un desinterés creciente por la esfera público-política. Y este desinterés puede conducir a una atmósfera colectiva signada por una dilatada mediocridad, pues en ella los políticos y los funcionarios estatales saben que no vale la pena un comportamiento superior al promedio generalmente aceptado o un esfuerzo de proponer soluciones o programas sustentados por una alta calidad intelectual-cultural.

Esta mediocridad, que hoy puede ser detectada en el funcionamiento de las democracias de Europa Occidental, es la cualidad distintiva que sobresale ahora en los líderes, los partidos, los programas electorales y el desempeño de las administraciones estatales, que no superan una medianía lindante con el tedio y la repetición.

Como lo previó Tocqueville, la igualdad, bajo ciertas condiciones, puede generar una tiranía de las mayorías —las democracias antiliberales—, lo que puede constatarse en regímenes autoritarios surgidos de elecciones irreprochables, como es el caso actual de Hungría o como fueron las presidencias de Donald Trump en los Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en el Brasil. Esta evolución también fue prevista por el politólogo irlandés Peter Mair,31 inspirado por las teorías de Tocqueville, quien acuñó el término banalización de las democracias occidentales.

El Antiguo Régimen y la Revolución también ha sido criticado severamente. Atilio A. Borón elaboró uno de los mejores análisis de este libro. Señaló algunos datos muy interesantes, entre otros aspectos, la importancia documentada que tuvieron las obras de Tocqueville sobre el pensamiento de los prohombres de la Argentina liberal-democrática (1862-1943), como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Bartolomé Mitre.32

Pero Borón insiste en sobreestimar el llamado lugar de enunciación. El aristócrata Tocqueville —dice él— no pudo comprender realmente un orden social fundamentalmente distinto del favorecido por su clase social, y así percibió a la joven democracia de los Estados Unidos mediante una visión elitista, la que en el fondo no buscaba la comprensión de una sociedad nueva, sino criticar las posibilidades de autoritarismo y excesos populistas si la izquierda seguía avanzando en la propia Francia.33

Gabriel Cohn, por su parte, afirma que Tocqueville se movía permanentemente entre “dos imposibles lealtades”: la fidelidad a la causa aristocrática de su estirpe y de sus gustos estéticos personales, por un lado, y el reconocimiento de que el mundo moderno se inclinaba indefectiblemente hacia un orden social en el que predominaban la igualdad y la democracia.34

Su antiguo maestro, el gran historiador, educador y político François Guizot, quien llegó a ejercer durante largo tiempo el gobierno de Francia —lo que le faltó a Tocqueville—, lo calificó como “un perdedor que reconoce su derrota”.35

El historiador de las ideas, John Lukacs, escribió que Tocqueville “fue un aristócrata que llegó a creer que la democracia era poco menos que inevitable”.36

Como conclusión provisional, podemos citar las palabras de Françoise Mélonio: “El mérito de la obra de Tocqueville es el de prestarse a interpretaciones múltiples y situarse a distancia de las elecciones partidistas”.37

El conocido sociólogo Robert Nisbet afirmó que hay “muchos Tocquevilles” y, por ello, variadas posibilidades de entender su obra.38 Esto constituye lo habitual en los clásicos: un gran autor puede servir de fuente a diversas opiniones y enfoques teóricos, sin haber tomado partido por una corriente política específica.

1 Entre muchos otros escritos, cf. los siguientes: Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique (París: Gallimard 1967); Pierre Manent, Tocqueville et la nature de la démocratie (París: Julliard, 1982); Claude Lefort, “Negarse a pensar el totalitarismo”, Estudios Sociológicos 25, n.º 74 (mayo-agosto de 2007): 297-308.
2 Otto Heinrich von der Gablentz y Ernst Fraenkel, Wissenschaft von der Politik, en Ernst Fraenkel y Karl Dietrich Bracher, comps., Staat und Gesellschaft (Frankfurt: Fischer, 1962), 347.
3 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, edición crítica e introducción de Eduardo Nolla Blanco (Madrid: Trotta, 2018), 115-121. Este libro, de 1360 páginas en esta versión, generalmente se publica en dos volúmenes. La edición llamada “definitiva” de sus obras es la dirigida por Jacob-Peter Mayer en trece volúmenes: Alexis de Tocqueville, Oeuvres complètes: Oeuvres, papiers et correspondances (París: Gallimard, 1951-1964).
4 Cf. una opinión crítica sobre este punto: Gabriel Cohn, La filosofía política moderna: de Hobbes a Marx (Buenos Aires: CLACSO, 2000), especialmente el capítulo IX, “Tocqueville y la pasión bien comprendida”, 247-267.
5 Françoise Mélonio, “Tocqueville, ciudadano de honor de los Estados Unidos”, Revista de Occidente 289 (junio de 2005): 16.
6 Sobre esta temática, cf. Robert Nisbet, “Las raíces del poder: Tocqueville”, La formación del pensamiento sociológico, t. 1 (Buenos Aires: Amorrortu, 2009), 168-182.
7 Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont, Del sistema penitenciario en Estados Unidos y su aplicación en Francia (Madrid: Tecnos, 2005).
8 Datos biográficos en Françoise Mélonio, Alexis de Tocqueville (París: Culturesfrance, 2006); Françoise Mélonio y Charlotte Manzini, L’Abécédaire de Tocqueville (París: Éditions de l’Observatoire, 2021).
9 Cohn, La filosofía política moderna, n. 4, 247.
10 Sobre esta temática, cf. Mercedes Kerz, “Alexis de Tocqueville (1805-1859): algunas acotaciones sobre biografía, contexto y aportes a la democracia”, Studia Politicae 33, n.º 3 (2014): 29-61.
11 de Tocqueville, La democracia en América, n. 3, 115.
12 Ibid., 839-845.
13 Ibid., 467. Tocqueville usa la expresión “la tiranía de las mayorías”.
14 Cf. Hans Vorländer, texto sin título sobre La democracia en América, en Manfred Brocker, comp., Geschichte des politischen Denkens (Frankfurt: Suhrkamp, 2016), 419-450, especialmente 424-430.
15 de Tocqueville, La democracia en América, n. 3, 1148-1160.
16 Sobre esta temática, cf. Eduardo Nolla, comp., Alexis de Tocqueville: libertad, igualdad, despotismo (Madrid: FAES, 2001).
17 de Tocqueville, La democracia en América, n. 3, 1041-1051.
18 Ibid., 758-767.
19 Ibid., 935-941
20 Ibid., 731-739.
21 Ibid., 425-445.
22 Ibid., 196-251.
23 Sobre la relación entre Tocqueville y John Stuart Mill, cf. un estudio histórico-biográfico muy bien logrado: Jürgen Gaulke, John Stuart Mill (Reinbek: Rowohlt, 1996), 97-103, 115. Cf. también Iring Fetscher, Politikwissenschaft (Frankfurt: Fischer, 1968), 79-86.
24 John Stuart Mill, Sobre la libertad, prólogo de Isaiah Berlin (Madrid: Alianza 2004).
25 Sobre esta temática, cf. Peter Rinderle “Sobre la libertad”, en Manfred Brocker, comp., Geschichte des politischen Denkens, n. 18, 435-450.
26 Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución (Madrid: Alianza, 2018). Primera publicación en 1856.
27 Sobre esta temática, cf. las siguientes obras clásicas: Sheldon Wolin, Tocqueville between two worlds (Princeton: Princeton University Press, 2001); François Furet, Penser la Révolution (París: Gallimard, 1978).
28 Cf. el brillante y exhaustivo ensayo de Francisco José Presta, Acerca de la expansión representativa de la democracia: republicanismo aristotélico y despotismo democrático en Alexis de Tocqueville, Enfoques 36, n.º 1 (enero-junio de 2024): 27-52, especialmente 48-51.
29 Sobre este tema, cf. Aníbal Romero, “Tocqueville y la Revolución”, Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública 6 (enero-junio de 2007): 21-33.
30 Sobre esta temática, cf. Jean-Jacques Chevallier, Denker, planer, utopisten: Die grossen politischen Ideen [Pensadores, planificadores, utopistas: las grandes ideas políticas] (Frankfurt: Scheffler, 1966), 236-241.
31 Peter Mair, Gobernando el vacío: la banalización de la democracia occidental (Madrid: Alianza, 2015), passim.
32 Atilio A. Borón, Estado, capitalismo y democracia en América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2003), especialmente el capítulo 4, “Alexis de Tocqueville, la democracia y el estatismo de la sociedad burguesa”, 154.
33 Ibid., 153, 173-178. Sobre esta temática, cf. también Darío Roldán, “Sarmiento, Tocqueville, los viajes y la democracia en América”, Revista de Occidente 289 (2005): 35-60.
34 Cohn, La filosofía política moderna, n. 4, 249.
35 Citado en Darío Roldán, “Tocqueville y la biografía intelectual”, Prismas. Revista de Historia Intelectual 20 (2016), 273-280; Pierre Manent, “Guizot y Tocqueville frente a lo antiguo y lo nuevo”, en Darío Roldán, comp., Lecturas de Tocqueville (México: Siglo XXI, 2007), 65-80.
36 John Lukacs, “Alexis de Tocqueville: A historical appreciation”, Literature of liberty: A review of contemporary liberal thought V, 1 (primavera de 1982), acceso el 4 de abril de 2023,
oll.libertyfund.org/.
37 Françoise Mélonio, “Tocqueville, ciudadano de honor de los Estados Unidos”, n. 5, 16.
38 Robert Nisbet, “Many Tocquevilles”, The American Scholar 46, n.º 1 (invierno de 1976/1977): 217-234.

4. Economía plateada en América Latina:
supuestos y desafíos del envejecimiento

Silver economy in Latin America: assumptions
and challenges of aging

Economia prateada na América Latina: pressupostos e desafios do envelhecimento

Fernando Ariel Manzano

Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS -CONICET)

Tandil, Buenos Aires, República Argentina

fernandoarielmanzano@fch.unicen.edu.ar

https://orcid.org/0000-0002-1513-4891

Recibido: 22 de octubre de 2024
Aceptado: 14 de mayo de 2025

DOI:

Resumen

Las sociedades han pasado de la preocupación por el crecimiento incontrolado de la población al miedo al envejecimiento. En los últimos años, surgió la economía plateada, un término con gran promoción por parte de los organismos internacionales, pero con escasa reflexión científica. Esta nueva perspectiva considera al envejecimiento de las sociedades como una oportunidad de generar crecimiento económico, lo que contradice la amplia bibliografía académica que lo asocia a impactos negativos en la economía. El objetivo de este artículo es develar los supuestos y desafíos que se encuentran detrás de las definiciones de la economía plateada formulada por los organismos internacionales.

Palabras claves

Economía plateada — Envejecimiento — Desarrollo sostenible — Demografía — Economía de la salud del envejecimiento

Abstract

Societies have moved from concern about uncontrolled population growth to fear of ageing. In recent years, the silver economy has emerged, a term widely promoted by international organisations, but with little scientific reflection. This new perspective considers the ageing of societies as an opportunity to generate economic growth, contradicting the extensive academic literature that associates it with negative impacts on the economy. The aim of this article is to unveil the assumptions and challenges behind the definitions of the silver economy formulated by international organisations.

Keywords

Silver economy — Ageing — Sustainable development —Demography — Health economics of ageing

Resumo

As sociedades passaram da preocupação com o crescimento descontrolado da população para o medo do envelhecimento. Nos últimos anos, surgiu a economia prateada, um termo amplamente promovido por organizações internacionais, mas com pouca reflexão científica. Esta nova perspetiva considera o envelhecimento das sociedades como uma oportunidade para gerar crescimento económico, contrariando a extensa literatura académica que o associa a impactos negativos na economia.
O objetivo deste artigo é desvendar os pressupostos e desafios subjacentes às definições de economia prateada formuladas pelas organizações internacionais.

Palavras-chave

Economia da prata — Envelhecimento — Desenvolvimento sustentável — Demografia — Economia da saúde do envelhecimento

Introducción

La pirámide poblacional mundial ha cambiado significativamente en los últimos sesenta años. La mayoría de las sociedades actuales ha venido experimentando tasas de natalidad y de mortalidad cada vez más bajas. Como consecuencia, se produjo una reducción en el porcentaje de personas menores de catorce años y un aumento constante de los grupos etarios más avanzados.1 Los avances en la atención médica y la tecnología han permitido que las personas vivan más tiempo y con una mejor calidad de vida, lo que también contribuye al aumento de la población de las personas mayores.2 Hemos pasado de la preocupación por el crecimiento incontrolado de la población, tal y como auguraba el Informe del Club de Roma,3 al miedo al envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad.

Gran parte de la bibliografía asocia el envejecimiento a problemas futuros en las esferas económicas, sociales y políticas. En particular, se destacan los mayores gastos en jubilaciones —los pagos de pensión se prolongarán por más tiempo—, los altos gastos en atención médica y cuidados (conforme se envejece se eleva la demanda de atención en servicios para tratar problemas crónicos).4

Por otra parte, a medida que las personas mayores se jubilan, pueden retirar sus ahorros, lo que reduce la oferta de capital disponible.5 De esta manera, disminuye la capacidad del Gobierno para financiar otras necesidades sociales, tales como la educación y la infraestructura.6 Adicionalmente, el aumento de la población adulta mayor está caracterizado por alta incidencia de la pobreza, aguda inequidad social, baja cobertura de la seguridad social y probable tendencia hacia el deterioro de las redes de apoyo familiar.7 Todo esto se contrasta con una población en edad laboral disponible que se contrae a consecuencia del envejecimiento de la población, lo que puede limitar el consumo y el crecimiento económico.8

No obstante lo mencionado, hay quienes consideran que el envejecimiento de las sociedades de occidente puede ofrecer una oportunidad de crecimiento económico.9 Esta perspectiva ha propuesto un término nuevo: la economía plateada o economía silver.10 En este sentido, la economía plateada surge como resultado del envejecimiento de la población y la creciente población de adultos mayores.11 Así, un aumento de la duración de la vida humana genera la demanda potencial de bienes y servicios para los consumidores de mayor edad. Y la creciente población de adultos mayores se convertiría en una de las fuerzas económicas más importantes del mundo en las próximas décadas.12

La economía plateada contempla una oportunidad de integración de las personas mayores, al promover el período de participación en la actividad económica el mayor tiempo posible, en línea con los objetivos de las agendas de los organismos internacionales y la búsqueda del envejecimiento activo, pese a la relevancia de la problemática que busca dar respuesta la economía plateada.

La bibliografía dedicada a analizarla es, al momento, muy escasa.
En inglés, existen solo catorce artículos publicados en revistas indexadas entre los años 2016 y 2024. Este artículo se propone profundizar en los supuestos que llevan a generar una mirada optimista del impacto de la economía del envejecimiento por parte del paradigma de la economía plateada, a pesar de la abundante literatura que señala con contundencia los problemas de sostenibilidad frente al aumento del envejecimiento.

Envejecimiento

El envejecimiento ha sido un tema más bien de importancia menor y no había estado presente en ninguna agenda de prioridades.13 Pero a partir de las últimas décadas del siglo xx aumentó el interés por el análisis del descenso de la mortalidad y los cambios en las condiciones de salud de las poblaciones.14 Diversas investigaciones destacaron la plasticidad de la mortalidad, es decir, la capacidad de esta para modificarse a lo largo del tiempo como resultado de avances en la medicina, mejoras en las condiciones de vida y políticas de salud pública. Esta plasticidad se ha vuelto especialmente visible en edades avanzadas,15 donde se ha observado una desaceleración de las tasas de mortalidad que se extiende a edades cada vez más altas. Esto ha provocado un retraso del envejecimiento biológico y, al mismo tiempo, una mejora sostenida en la supervivencia general de las poblaciones.16

El envejecimiento poblacional se refiere al aumento sostenido de la proporción de personas mayores en el total de la población, como resultado combinado del descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Este proceso implica un cambio estructural en la pirámide demográfica y plantea desafíos multidimensionales, desde el sistema de salud y las pensiones, hasta la productividad económica y la demanda de nuevos bienes y servicios adaptados a las necesidades de la población envejecida. Lejos de ser un fenómeno exclusivo de países desarrollados, hoy se manifiesta con rapidez creciente en diversas regiones del mundo, incluso en América Latina.

Las dificultades del rápido envejecimiento de la población fueron abordadas en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en España en el año 2002, que representó un hito en el tratamiento del envejecimiento en el mundo entero.17 Se aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, focalizado en incorporar a las personas de edad en el desarrollo, al promover la salud y el bienestar en la vejez y asegurar entornos propicios y de apoyo. Este plan exhorta a cambiar las actitudes, las políticas y las prácticas a fin de asegurar que las personas de edad sean consideradas no simplemente como beneficiarias de medidas de bienestar social, sino como activas copartícipes en el proceso de desarrollo, cuyos derechos es preciso respetar.

Desde la perspectiva demográfica, el envejecimiento se revela, por un lado, tras la mayor cantidad de años que viven las personas en promedio —aumento de la esperanza de vida18 (E0)— y, por otro, mediante el aumento progresivo de la proporción de las personas de sesenta años y más con respecto a la población total.19 La proporción de adultos mayores se eleva debido al incremento de la esperanza de vida al nacer,20 así como también por la disminución de la población joven, como consecuencia de la reducción drástica de la fecundidad que se viene produciendo desde el último tercio del siglo xx.21

En la figura 1, podemos apreciar la evolución del envejecimiento mediante el aumento en la expectativa de vida. A nivel mundial, vemos que la E0 presenta un incremento continuo y progresivo desde mediados del siglo pasado.22 En el decenio de 1950-1959, el valor era de 49,3 y pasó a 71,6 años en el decenio de 2010-2019. El incremento relativo fue de 45,3 %. Adicionalmente, primó una tendencia a la convergencia entre las seis regiones geográficas.23 Los aumentos más elevados se produjeron en las regiones con menor E0 (Asia tuvo un incremento de 27,6 años; América Latina y el Caribe, de 23,1 años; África,24 en menor medida, presentó un aumento de 21,5 años). Suele considerarse que las regiones con mayores niveles de mortalidad tuvieron la posibilidad de recibir tecnología en salud de aquellas regiones con bajos niveles de mortalidad, lo que provocó una notable reducción de la mortalidad en las primeras etapas de la vida, sobre todo durante la infancia y el nacimiento, vinculadas a las enfermedades infecciosas.25

Fuente: elaboración personal en base a Naciones Unidas (2022).

Figura 1. Esperanza de vida al nacimiento según regiones. Período 1950-201

Otra manera de abordar el envejecimiento es mediante la proporción de adultos mayores. La figura 1 permite observar que, a nivel mundial, la proporción de personas mayores de 60 años se está expandiendo más rápidamente que cualquier otro grupo de edad. Las cifras del año 2021 dan cuenta de que a nivel mundial las personas mayores superan a los menores de 5 años en más de 5 puntos porcentuales, mientras que en 1950 ocurría lo contrario. Cabe destacar la heterogeneidad existente entre las regiones. En un extremo, está Europa, en donde existían 5,3 adultos mayores por cada menor de 5 años en 2021. En el otro extremo, está África, con solo 0,4 adultos mayores por cada menor.

Región	Indicador	1950	1970	1990	2021
Mundo	Menores de 5 años	13,7	14,2	12,1	8,5
Mundo	60 años o más	8,0	8,2	9,1	13,7
África	Menores de 5 años	17,2	18,0	17,6	14,9
África	60 años o más	5,3	5,1	5,0	5,4
Asia	Menores de 5 años	14,8	15,9	12,5	7,5
Asia	60 años o más	6,7	6,2	7,5	13,5
Europa	Menores de 5 años	9,4	8,0	6,7	4,9
Europa	60 años o más	11,8	15,5	18,2	26,0
América Latina y el Caribe	Menores de 5 años	16,6	16,0	12,8	7,6
América Latina y el Caribe	60 años o más	5,2	5,8	7,1	13,1
América del Norte	Menores de 5 años	11,0	8,4	7,4	5,6
América del Norte	60 años o más	12,1	13,8	16,6	23,2
Oceanía	Menores de 5 años	12,2	11,4	9,4	7,7
Oceanía	60 años o más	10,9	10,4	12,7	17,4

Fuente: elaboración personal en base a Naciones Unidas (2022).

Figura 2. Proporción de población menor de 5 años y mayor
de 60 años, según regiones. Años 1950, 1970,1990 y 2021

Al considerar las distintas regiones, vemos que el envejecimiento deja de ser un problema específico de los países desarrollados.26 La mayoría de los países de América Latina y el Caribe, así como también de Asia, se encuentran en plena transición demográfica y han venido experimentando una reducción progresiva de la mortalidad y caídas significativas de los niveles de fecundidad.27 Esto ha llevado a incrementar el temor por la alta carga social de adultos mayores.28

¿Qué es la economía plateada?

Como mencionamos antes, a medida que la esperanza de vida aumenta y la tasa de natalidad disminuye, la proporción de personas mayores en la población total aumenta rápidamente.29 A su vez, la vida media de la población adulta mayor actual es más prolongada que en el pasado, lo que favorece un segmento de mercado de bienes y servicios para los consumidores de mayor edad.30 La economía plateada corresponde a este nuevo segmento económico compuesto por la población de adultos mayores.31

Los organismos internacionales son muy optimistas respecto a la economía plateada. Esperan que esta creciente población de adultos mayores se convierta en una de las fuerzas económicas más importantes del mundo en las próximas décadas.32

En este contexto, las empresas pueden ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de esta población envejecida.33

En términos generales, la economía plateada34 suele describirse como todo tipo de bienes y servicios para adultos mayores y una población que envejece, incluida la extensión de la vida laboral, el voluntariado y la ciudadanía activa de las personas mayores o, en un sentido más estricto, una combinación de condiciones adecuadas de suministro de bienes y servicios y el creciente poder adquisitivo de los consumidores mayores.35

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el concepto de economía plateada es utilizado hace ya varios años, fundamentalmente en Europa, donde ya en 2005 se realizó una conferencia cuya temática fue la economía plateada en Europa, entendida como una oportunidad para la calidad de vida, el crecimiento económico y la competitividad en Europa.36

En un informe más reciente, la Comisión Europea entiende la economía plateada como las oportunidades económicas existentes y emergentes asociadas con el creciente gasto público y de consumo relacionado con el envejecimiento de la población y las necesidades específicas de la población mayor de 50 años. Adopta la definición operativa de Oxford Economics:

… la suma de toda la actividad económica que satisface las necesidades de las personas de 50 años o más,37 incluidos tanto los productos y servicios que compran directamente como la actividad económica adicional que genera este gasto”.38

A favor de la economía plateada

Es importante avanzar en los servicios y en las innovaciones, y utilizar soluciones adaptadas a las personas mayores para garantizar que puedan vivir de manera independiente y mantener su calidad de vida.39

Con el fin de contrarrestar las consecuencias negativas de los estereotipos,40 se deben realizar campañas de concientización contra la discriminación por razones de edad, o edadismo.41 Este aspecto está asociado a las posibilidades económicas de un envejecimiento saludable.42 La prolongación de la vida laboral de las personas mayores, además de ser fuente de ingresos para este grupo poblacional, alivia la potencial presión en el sistema de pensiones y constituye una forma de mantenerse activos y de participar en la sociedad.43

En este sentido, favorecer el envejecimiento activo44 permite un declive de la salud más gradual, al conservar la capacidad para desarrollar las actividades de la vida bien entrada en la vejez.45 Como resultado, es posible reducir los costos de atención médica y seguridad social asociados con las enfermedades no transmisibles46 (ENT) que son más comunes entre las personas mayores.47

Desde las políticas del mercado de trabajo, para potenciar la economía plateada se deben aumentar las tasas de empleo de los mayores de sesenta años —facilitar carreras más largas, disminuir la brecha digital, entre otros objetivos—, insertadas en empresas innovadoras, así como el incremento de los emprendimientos por parte de los séniores, lo que reduce los retos económicos de una sociedad que envejece. Todo esto consolidará el potencial económico de la generación plateada y la generación de oportunidades económicas para las empresas, como, por ejemplo, la atención en el hogar, la atención residencial, los servicios de enfermería, la tecnología de asistencia, los productos farmacéuticos, el cuidado de la salud y los servicios financieros, el desarrollo del turismo y del ocio para personas mayores.48

Cabe señalar que, durante las últimas décadas, las empresas se centraron en los grupos de consumidores más jóvenes porque los adultos mayores eran, según los estereotipos, individuos económicamente débiles y consumidores muy reticentes.

Desde un enfoque más amplio, la economía plateada también incluye educación, investigación y desarrollo (I + D) de los productos y los servicios dedicados a las personas mayores.49 Asociados a este componente de la economía plateada, se encuentran la gerontecnología y las innovaciones sociales.

La gerontecnología vincula los términos tecnología y envejecimiento, y tiene como objetivo la mejora de las funciones de la vida diaria de los ancianos.50 En este sentido, la gerontecnología pretende ofrecer respuestas a dos grandes tendencias: el incremento en la población de adultos mayores y el acelerado cambio del entorno tecnológico en el marco de la mencionada búsqueda de un envejecimiento saludable y la reducción de la discriminación por edad. La gerontecnología aporta soluciones electrónicas adaptadas a la vida diaria de las personas mayores —vida inteligente, adaptaciones de viviendas y servicios de vida con apoyo, detectores, alarmas, sensores, equipos para superar deficiencias auditivas y olfativas, etc.—, que permiten un envejecimiento saludable en el que el aumento de la esperanza de vida sea libre de discapacidad.51

La innovación social se refiere a nuevas estrategias, conceptos, productos, servicios y formas organizativas destinadas a satisfacer las necesidades de diversos sectores sociales, mediante la articulación de los sectores públicos y privados —formales e informales— de la economía.
Las últimas innovaciones tecnológicas han sido diseñadas específicamente para mejorar la calidad de vida y el entorno de los adultos mayores. Estas soluciones amigables con las personas mayores, asociadas con el uso de gerontecnología y las innovaciones sociales, son complementarias al concepto de sociedad para todas las edades de las Naciones Unidas y a la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

En síntesis, la economía plateada aporta elementos en contra de los estereotipos negativos sobre la vejez y la consideración de ser percibidos como una carga para la sociedad. Propone la inclusión en el mercado de
trabajo y el desarrollo de emprendimientos por parte de las personas
de más de cincuenta años, para aprovechar el conocimiento y la experiencia laboral. Las nuevas tecnologías existentes permiten prolongar la vida laboral y la participación activa en la sociedad. Además, destaca a las personas mayores como un grupo objetivo atractivo en su rol de consumidores, con gran beneficio potencial para las empresas.

Desafíos de la economía plateada

En la vejez, se incrementan las probabilidades de experimentar un deterioro económico, cuyo impacto puede comprometer la supervivencia y la calidad de vida de las personas adultas mayores. Además, la oportunidad de obtener ingresos dignos —ya sea por su trabajo o por su pensión o jubilación— está estrechamente ligada a su inclusión social.52 Por ello, la
atención a sus necesidades económicas constituye un área prioritaria que
la sociedad, el Gobierno y, sobre todo, los encargados de diseñar políticas públicas deben tener muy en cuenta para poner en marcha acciones que garanticen un bienestar integral y sostenido para este sector de la población.

Sin embargo, uno de los principales factores que limita el potencial económico de este grupo etario es la caída en su capacidad de consumo, especialmente entre jubilados y pensionados. En muchas economías desarrolladas, la pérdida de valor de las pensiones —particularmente aquellas atadas a instrumentos financieros volátiles— y el paulatino deterioro de los sistemas de seguridad social han generado una reducción significativa en los ingresos reales de los adultos mayores. A ello, se suma la creciente desvinculación entre el crecimiento económico general y el bienestar en la vejez, lo que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo de la economía plateada basado en el consumo de esta población. Estos fenómenos afectan directamente la calidad de vida de los mayores y generan un entorno económico menos propicio para que puedan participar activamente como consumidores.

El envejecimiento ha sido considerado un factor negativo en el crecimiento económico, principalmente por la reducción de la capacidad productiva disponible en las empresas, debido a la contracción de la población activa y a la tendencia decreciente de la tasa de crecimiento de la población total.53 Los países en desarrollo experimentan el proceso
de envejecimiento demográfico con mucha mayor rapidez que las naciones desarrolladas y, en general, carecen de políticas sociales estables y consolidadas que les permitan responder, en apenas dos o tres décadas, a las demandas derivadas del aumento poblacional en los grupos de edades más avanzadas.54 Esto genera una elevada presión sobre los sistemas de jubilaciones y de seguridad social. Como resultado, una parte significativa de los adultos mayores vive bajo la línea de pobreza y permanece invisibilizada ante quienes promueven el desarrollo económico, la atención en salud y la educación. La población envejecida suele ser considerada económicamente dependiente y pasiva, por consiguiente, irrelevante para el desarrollo, e incluso, en algunos casos, una barrera para la prosperidad, según el informe sobre el envejecimiento y el desarrollo.55

La transición demográfica (TD)56 —la teoría más utilizada en las ciencias demográficas— describe el pasaje de un régimen demográfico antiguo o tradicional a uno moderno. Entre ambos regímenes, se produce la transición demográfica, en la que el descenso de la mortalidad antecede al de la natalidad. Como resultado, al inicio de la transición, se eleva la proporción de población joven. Es bajo el porcentaje de población adulta mayor. El período dentro de esta transición en el que crece la proporción de personas en edad de trabajar en relación con las potencialmente dependientes se considera favorable para el crecimiento económico, y es conocido como el primer bono demográfico.

El desarrollo de una economía plateada requiere suponer que la generación activa del primer bono demográfico tiene conciencia de una vejez más prolongada, al tiempo que anticipa que las futuras cohortes que ingresarán al mercado laboral serán menos numerosas. Por lo tanto, se vuelve necesario prever dificultades en la sustentabilidad del presupuesto público y fomentar el aumento del nivel de ahorro, lo que da lugar a la hipótesis del segundo bono demográfico. De esta manera, la nueva generación de adultos mayores podría contar con una mayor acumulación de capital humano y mejor estado de salud, y consolidar así el mercado identificado bajo el rótulo de economía plateada.57

Pero si tenemos en cuenta que la generación presente en el mercado laboral es inferior numéricamente, resulta imprescindible dotarla de un mayor nivel educativo y promover un desarrollo tecnológico significativo, a fin de incrementar su productividad, lo que demandaría una parte importante de los recursos del presupuesto público.58

Por otra parte, citando el informe de la Comisión Europea (2015)59 sobre la economía plateada, es importante diferenciar al interior de la población envejecida tres grupos: activos, frágiles y dependientes. En línea con esta apreciación, Cornet (2014)60 se pregunta en qué medida la economía plateada coincide con los objetivos de la gerontotecnología, dado que este concepto abarca una gran diversidad de individuos en cuanto a estatus, ingresos, salud y contexto social y cultural. Se pueden identificar más de cincuenta mercados orientados tanto a los baby boomers con altos ingresos como a los jubilados activos, así como a los adultos mayores pobres y frágiles, estos últimos en su mayoría mujeres solas en riesgo de dependencia y aislamiento social.61

Para ciertos segmentos de adultos mayores, puede ser más difícil acceder a trabajos y servicios que para las personas jóvenes, lo cual incrementa el riesgo de pobreza y exclusión social. Además, conforme avanza el envejecimiento, aumenta la demanda de atención médica y cuidados, lo que representa un reto ineludible para los sistemas de salud y protección social.62

Desde una perspectiva realista, la economía plateada presenta múltiples desafíos económicos y sociales que deben abordarse de manera integral, a fin de garantizar que esta población envejecida pueda disfrutar de una buena calidad de vida y contribuir de manera significativa a la economía global.63

Un desafío adicional asociado al envejecimiento poblacional es el manejo de la transferencia de riqueza intergeneracional. La acumulación de activos por parte de los adultos mayores —en forma de propiedades, ahorros o inversiones— plantea interrogantes sobre cómo y cuándo se redistribuirá esa riqueza hacia las generaciones más jóvenes. En contextos donde los sistemas de pensiones son débiles y los ingresos de los adultos mayores dependen en gran medida de sus propios activos, esta transferencia tiende a retrasarse, lo que afecta tanto la equidad intergeneracional como el dinamismo económico.

Además, existen diferencias significativas en la capacidad de acumular riqueza según el nivel socioeconómico, lo que profundiza la desigualdad entre los mayores y, por extensión, entre las generaciones. Por lo tanto, el diseño de políticas fiscales, sucesorias y de seguridad social que faciliten una distribución equitativa del capital acumulado es fundamental para que la economía plateada no se convierta en una fuente de tensiones sociales, sino en una vía para fortalecer la cohesión intergeneracional.

Por otra parte, el potencial desarrollo de la economía plateada puede enfrentar diversas barreras a nivel nacional y regional.64 Por ejemplo, puede existir escaso interés por este mercado en algunas regiones, así como una percepción limitada que la asocia únicamente con personas mayores de altos ingresos. También pueden influir patrones de consumo poco dinámicos entre las personas mayores o el escaso atractivo de ciertas regiones para inmigrantes y turistas sénior. El enfoque empresarial centrado exclusivamente en bienes y servicios para adultos mayores adinerados también podría constituir un obstáculo. Asimismo, los patrones de consumo de algunos adultos mayores pueden limitar el desarrollo de este mercado, como la orientación hacia productos básicos, la desconfianza hacia nuevas soluciones tecnológicas o el bajo interés por innovaciones.

Además, aunque algunas regiones intentan orientar el desarrollo de la economía plateada para atraer inmigrantes y turistas mayores, esta estrategia puede no producir los efectos esperados, ya sea por su menor atractivo frente a áreas metropolitanas o por deficiencias en su infraestructura social y de servicios.

Conclusiones

Los avances en la atención médica y las nuevas tecnologías generan un aumento constante de los adultos mayores en las sociedades actuales.

Este artículo analiza la economía plateada, un término nuevo con gran apoyo y adhesión por parte de los organismos internacionales, pero con escaso tratamiento a nivel académico. Este nuevo paradigma se destaca por oponerse al consenso mayoritario y por postular al envejecimiento como una gran oportunidad para impulsar la economía.

En el discurso conocido, la amenaza del envejecimiento parece no dar lugar a dudas. A medida que la población envejece, aumenta la carga de los sistemas de seguridad social, como las pensiones y la atención médica, ya que las personas mayores necesitan más atención médica —cuidados de larga duración— y reciben pagos de pensión durante más tiempo.
El aumento de la presión sobre los presupuestos públicos disminuye la capacidad del Gobierno para financiar otras políticas públicas. Esto se da en el marco de una reducción de la población en edad económicamente activa, lo que puede limitar el consumo y el crecimiento económico. Adicionalmente, es más difícil para las personas mayores incorporarse o mantenerse en el mercado de trabajo, lo que incrementa el riesgo de pobreza y exclusión social de este grupo etario. En caso de que se produzca un aumento del deterioro económico personal, se incrementará la demanda sobre los sistemas de salud y de protección social. Parte de los adultos mayores podrán recurrir a retirar sus ahorros depositados, lo que tendrá un impacto negativo sobre el nivel de inversión privada de la economía.

En oposición radical a la reflexión precedente, la economía plateada considera que el envejecimiento ofrece una oportunidad de crecimiento económico.

El aumento de la esperanza de vida, asociado a una población que goce de un envejecimiento saludable con apoyo de las nuevas tecnologías, disminuye los gastos en asistencia sanitaria. Adicionalmente, el aumento de los años por vivir de trabajadores sanos brinda oportunidades de carreras laborales más largas y productivas. Además de ser una fuente de ingresos para los mayores —que permite incrementar el ahorro por un período más largo de tiempo—, la prolongación de la vida laboral alivia la potencial presión en el sistema de pensiones y constituye una forma de mantenerse activos y de participar en la sociedad. Los mayores serán potenciales consumidores de productos y servicios específicos, y contribuirán al incremento de la actividad económica de nuevos sectores productivos adaptados a este sector poblacional. Todo esto hace que existan incentivos para desarrollar tecnologías específicas que mejoren la calidad de vida mientras se va envejeciendo.

El optimismo en la participación en la actividad económica el mayor tiempo posible se encuentra en línea con los objetivos de la agenda de los organismos internacionales y la búsqueda del envejecimiento activo. Surge un claro contraste entre la significativa financiación de proyectos sobre economía plateada a nivel global y regional, y en países por parte de diferentes organismos internacionales, y la escasa cantidad de artículos científicos dedicados a profundizar esta iniciativa.

La revisión del estado del arte de la economía plateada y su contraste con la postura dominante que señala un vínculo negativo entre envejecimiento y crecimiento económico da lugar a nuevos enigmas y preguntas que es necesario profundizar.

Un desafío de relevancia es poder garantizar una buena calidad de vida ante el aumento de los años por vivir de los adultos mayores, lo que enfrenta el interrogante sobre qué políticas se tomarán en el sistema de jubilación y pensiones.

En el mercado laboral, sería posible pronosticar un aumento de los puestos de trabajo en los servicios de cuidado en los adultos mayores, pero no está claro cómo evolucionará la demanda de empleo de la población mayor, mucho menos qué sucederá con las tecnologías innovadoras en el mundo del trabajo, entre otras variables. En el mismo sentido, en el mercado de bienes y servicios es necesario indagar sobre los cambios en los patrones de consumo en la población mayor. Sería posible seguir señalando interrogantes en otros sectores económicos interrelacionados para dar cuenta de la complejidad de esta problemática.

En síntesis, podemos afirmar que el envejecimiento es una realidad que llegó para quedarse, pero conocer su impacto en la economía agregada demanda valiosas investigaciones.

1 Mariana Madrigal-Martínez, “Ingresos y bienes en la vejez: un acercamiento a la configuración de la seguridad económica de los adultos mayores mexiquenses”, Papeles de Población 16, n.o 63 (2010): 117-153; Catalina Latorre Santos, “El envejecimiento de la población: oportunidades y retos”, Revista Ciencias de la Salud 17, n.o 3 (2019): 6-8.
2 Pengjun Zhao y Jinxin Xie, Population aging and age-friendly transport in China (Germany: Springer,2022)
3 Dennis L. Meadows, Donella H. Meadows, Jørgen Randers y William W. Behrens III, The limits to growth (New York: A Potomac Associates Book, 1972); Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows y Jorgen Randers, Más allá de los límites del crecimiento (Madrid: El País-Aguilar, 1992).
4 José Iñaki de la Peña Esteban, “Impacto del envejecimiento de la población en el seguro de salud y de dependencia”, Papeles de Población 9, n.o 35 (2003): 45-75; Carmelo Mesa-Lago, “El envejecimiento en América Latina: efectos en las pensiones públicas y privadas y lecciones para los países desarrollados”, Revista de la Facultad de Derecho, 52 (2021): 1-17.
5 Monika Nova, “Aging of population with trends in social development taken into account”, SHS Web of Conferences 129, art. 09014 (2021), https://doi.org/10.1051/shsconf/202112909014.
6 Rubén Carlos Alvarez Diez, Reina Margarita Vega Esparza y María Teresa Villegas Santillán, “Diagnóstico de sostenimiento económico de adultos mayores en Zacatecas, México, como derecho humano fundamental”, RICSH: Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas 9, n.o 18 (2020): 212-234; Andrew Mason y Ronald Lee, “Six ways population change will affect the global economy”, Population and Development Review 48, n.o 1 (2022): 51-73.
7 José Miguel Guzmán, Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe (Cepal, 2002); Juan José Maldonado Briegas, et al., “Silver economy: una oportunidad de desarrollo”, Confinia Cephalalgica et Neurologica 31, n.o 2(2021): 1-14.
8 Luis Carlos Berino Díaz de Bedoya, “El envejecimiento de la población y el crecimiento económico: el caso paraguayo”, Población y Desarrollo 22, n.o 43 (2016): 62-71; Andrzej Klimczuk, The silver economy as a constructive response in public policy on aging: Strategic approach to aging population; experiences and challenges (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2021), 19-35.
9 Maldonado Briegas, et al., “Silver economy: una oportunidad de desarrollo”, 5-6.
10 Elisa Aracil Fernández y David Roch Dupré, “La dimensión económica de la longevidad: marco conceptual”, en Mayores y postpandemia: derechos, riesgos y oportunidades, ed. por M. J. López Álvarez (Las Rozas, España: La Ley, 2022), ISBN: 978-84-19032-83-6.
11 Julia Perić, Social entrepreneurship as a mean to boost silver economy growth aging society-rethinking and redesigning retirement (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2020), 221-232.
12 Rubén Carlos Álvarez Diez et al., “Economía plateada y emprendimiento, un área innovadora de futuro: un marco de referencia académico, científico y empresarial para la construcción de nuevos conocimientos”, Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication 2, n.o 3 (2022):1-17.
13 David-Sven Reher, “Vejez y envejecimiento en perspectiva histórica: retos de un campo en auge”, Política y Sociedad 26 (1997): 63-71.
14 Enrique Regidor, Diferencias y desigualdades en salud en España (Madrid: Díaz de Santos, 1994).
15 Jean-Marie Robine, Colin D. Mathers y Carol Jagger, Determining health expectancies (J. Wiley on-line library, 2003), 75-104; Rembrandt Scholz y Heiner Maier, “German unification and the plasticity of mortality at older ages”, MPIDR Working Paper WP-2003-031 (Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research, 2003); Jorge M. González, “¿Por qué vivimos más?: descomposición por causa de la esperanza de vida española de 1980 a 2009”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 148, n.o 1(2014): 39-59.
16 Jorge M. González, “¿Por qué vivimos más?: descomposición por causa de la esperanza de vida española de 1980 a 2009”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 148, n.o 1(2014): 39-59.
17 Juan Chackiel, “América Latina: ¿hacia una población decreciente y envejecida?”, Papeles de Población 12, n.o 50 (2006): 37-70.
18 La esperanza de vida al nacimiento (E0), indica la duración media de la vida de los individuos que integran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas las edades a los riesgos de mortalidad del período en estudio. Natalia Aranco, Marco Stampini, Pablo Ibarrarán y Nadin Medellín, Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe (Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2018)
19 Jean-Claude Chesnais, El proceso de envejecimiento de la población (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Centro Latinoamericano de Demografía e Instituto Nacional de Estudios Demográficos, 1990), Serie LC/DEM/G.87; Juan Chackiel,
El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia favorable? (Santiago de Chile: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2000).
20 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Observatorio Demográfico, 2019 (Santiago de Chile: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2000), (LC/PUB.2019/24-P).
21 Aurora García Ballesteros y Beatriz C. Jiménez Blasco, “Envejecimiento y urbanización: implicaciones de dos procesos coincidentes”, Investigaciones Geográficas 89 (2016): 58-73.
22 Jim Oeppen y James W. Vaupel, “Broken limits to life expectancy”, Science 296 (2002): 1029-1031; Sandra Huenchuan, ed., Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos (Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018), Libros de la CEPAL, N.º 154 (LC/PUB.2018/24-P).
23 A partir de la disminución del valor de la brecha y de la variabilidad en la E0 entre las seis regiones durante el período 1950-2019, predominó cierta convicción —no sin la presencia de desacuerdos—, de que la brecha entre países más y menos desarrollados podría disminuir algo más. En línea con esta postura, se considera que el aumento de la esperanza de vida en el mundo responde en gran medida al mayor índice de supervivencia a edades menores, y una pequeña parte corresponde al incremento de la esperanza de vida en edades avanzadas. Carlos Grushka, “¿Cuánto vivimos? ¿Cuánto viviremos?”, A. Lattes, ed. (Dinámica de una ciudad: Buenos Aires, 1810- 2010 (Buenos Aires: Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010).
24 No deben olvidarse las significativas diferencias entre países desarrollados y en desarrollo —así como al interior de estas categorías—. Por ejemplo, la E0 de España supera los de 80 años y duplica a la de Mozambique.
25 Ronald Lee y Rafael Rofman, “Modelación y proyección de la mortalidad en Chile”, Notas de Población (1994): 183-213; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Observatorio Demográfico, 2019”.
26 Por ejemplo, Francia demoró casi 150 años para aumentar del 10 % al 20 % la proporción de la población mayor de 60 años, mientras que en algunos países como Brasil, China e India se producirá en poco más de 20 años, lo que demanda una adaptación mucho más veloz que en el pasado (CEPAL, 2020); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Demográfico, 2019 (LC/PUB.2019/24-P) (Santiago: CEPAL, 2020); Luis Carlos Berino Díaz de Bedoya, “El envejecimiento de la población y el crecimiento económico: el caso paraguayo”, Población y Desarrollo 43 (2016): 62-71.
27 Álvarez Diez et al., “Economía plateada y emprendimiento”, 6-7.
28 Chackiel, “América Latina: ¿hacia una población decreciente y envejecida?”, 40-42
29 Florina Bran, Maria-Loredana Popescu y Pavel Stanciu, “Perspectives of silver economy in European Union”, Revista de Management Comparat International 17, n.o 2 (2016): 130; Giulio Marcucci, Filippo Emanuele Ciarapica y Raúl Polery Raquel Sanchis, “A bibliometric analysis of the emerging trends in silver economy”, IFAC PapersOnLine 54, n.o 1 (2021): 936-941; Valerija Rogelj y David Bogataj, “Social infrastructure of silver economy: Literature review and research agenda”, IFAC-PapersOnLine 52, n.o 13 (2019): 2680-2685, doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.612.
30 European Commission, Growing the European silver economy: Background paper (23 de febrero de 2015), https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/growing-silver-economy-background-
paper.
31 Maldonado Briegas et al., “Silver economy, una oportunidad de desarrollo”, 8-9.
32 Xinxia He, Bing He y Chenhui Li, “Research on the development path and countermeasures of the silver economy: Taking Shanghai as an example”, en ESFCT 2022: International Conference on Economics, Smart Finance and Contemporary Trade, ed. por F. Balli et al. (Paris: Atlantis Press/Springer, 2022), 79-86, https://doi.org/10.2991/978-94-6463-052-7_10; Klimczuk, “The silver economy as a constructive response”, 19-35.
33 Juan Carlos Alcaide Casado, “‘Silver economy’: objetivo ineludible de futuro”, Harvard Deusto Márketing y Ventas 164 (2020): 48-56.
34 La economía plateada o también llamada mercado plateado hace referencia a la oferta de bienes y servicios dirigidos a la creciente población de adultos mayores, que se supone dispondrán de tiempo, salud y, en muchos casos, de capacidad adquisitiva gracias al ahorro acumulado. Álvarez-Fernández, Roch Dupré y Gómez-Bengoechea, “Synthetic labor market index”, International Journal of Manpower 46, n.º 8 (2025): 1563-1586.
35 Andrzej Klimczuk, “Comparative analysis of national and regional models of the silver economy in the European Union”, International Journal of Ageing and Later Life 10, n.o 2, (2016):31-59.
36 OCDE, The silver and white economy: The Chinese demographic challenge (2013), acceso el 25 de octubre de 2024, https://www.oecd.org/employment/leed/oecd-china-report-final.pdf.
37 En otras definiciones, se considera al grupo de personas mayores de 55 años. Adicionalmente, se recomienda segmentar el “mercado silver”, puesto que las necesidades de los mayores de 60 son muy diferentes a las del segmento que supera los 80. Fernández y Dupré, “La dimensión económica de la longevidad”,162-168.
38 European Commission, “Growing the european silver economy”, 7.
39 Grażyna Krzyminiewska, “Innovative technologies in the process of development of the silver economy”, en Kesra Nermend y Małgorzata Łatuszyńska, Experimental and quantitative methods in contemporary economics (Springer International Publishing, 2020); Marcucci et al., “A bibliometric analysis”.
40 Los estereotipos más frecuentes son los siguientes: se habla con una connotación negativa del término vejez, la prevalencia del temor a la mala calidad del trabajo de las personas de más de 50 años, los prejuicios sobre la resistencia de las personas mayores a aprender y aceptar lo nuevo, contemplar a las personas mayores como grupo objetivo poco atractivo, demasiado exigente, pero que no genera beneficios potenciales sustanciales para las empresas. También ser percibidos como una carga.
41 Existen empresas denominadas age-friendly que incorporan talento sénior como fuente de ventaja competitiva. Fernández y Dupré, “La dimensión económica de la longevidad”, 169-174; George Moschis y Simone Pettigrew, “Business strategies for enhancing quality of life in later years: the silver market phenomenon”, Marketing and innovation in the aging society, F. Kohlbache y C. Herstat eds. (Springer: Heidelberg, 2011), 229-247.
42 Bajo la década del envejecimiento activo (2020-2030), entendido como “el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2002: 12). La OMS promueve un estilo de vida activo y saludable que alivia la presión al sistema sanitario, mejora las posibilidades de empleabilidad, emprendimiento sénior y voluntariado, y la participación social. Organización Mundial de la Salud. Active ageing: A policy framefwork (Ginebra: OMS, 2002, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf; Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud (Ginebra: OMS, 2015), acceso el 19 de octubre de 2024, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf.
43 Fernández y Dupré, “La dimensión económica de la longevidad”,177-179.
44 Es decisivo establecer políticas alineadas con el envejecimiento activo, que hagan partícipes a las personas mayores en la sociedad, de una forma activa e integradora, que incluyan intervenciones públicas concretas, para mantener la solidaridad entre generaciones y prevenir la exclusión de los trabajadores. Maldonado Briegas et al., “Silver economy, una oportunidad de desarrollo”, 10-12.
45 Yannis Dionyssiotis, “Active ageing”, Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls 3, n.o 3 (2018): 125-127.
46 Muchas ENT pueden evitarse o retrasarse mediante la promoción de la salud, la prevención de enfermedades crónicas, la promoción de estilos de vida saludables y la seguridad en el trabajo que reduzca el riesgo de discapacidad y la promoción de una vida independiente y el “envejecimiento en el lugar”. Todas estas áreas requieren el uso de productos y servicios apropiados para los adultos mayores y las sociedades que envejecen.
47 Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.
48 Casado, “‘Silver economy’; Álvarez Diez et al., “Economía plateada y emprendimiento” 8-9.
49 European Commission, Growing the European silver economy.
50 Federico De la Torre, Diana Morales y Carlos P. Quiroz, “Gerontecnología: Rapid review y tendencias mundiales”, Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica 36, n.o 3 (2015): 171-179.
51 Peter Enste, Gerhard Naegele y Verena Leve, “The discovery and development of the silver market in Germany”, en F. Kohlbacher y C. Herstatt eds., The silver market phenomenon: Business oportunities in an era of demographic change (Berlin: Heidelberg: Springer, 2008), 325-339.
52 Organización Internacional del Trabajo, Envejecimiento, empleo y protección social en América Latina (Santiago de Chile: Oficina Internacional del Trabajo, 2006).
53 Ronald Lee y Gretchen Donehower, El envejecimiento de la población, las transferencias intergeneracionales y el crecimiento económico: América Latina en el contexto mundial (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011); Gustav Ranis y Frances Stewart, Crecimiento económico y desarrollo humano en América Latina (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2002).
54 Organización Internacional del Trabajo, Envejecimiento, empleo y protección social en América Latina (Santiago de Chile: Oficina Internacional del Trabajo, 2006).
55 HelpAge International, “Envejecimiento y desarrollo”, ed. 30 (septiembre de 2011), https://www.helpage.org/silo/files/envejecimiento-y-desarrollo-30.pdf
56 Landry (1905) y Thomson (1929) se basaron en la evolución demográfica europea. Notestein (1945) formuló la teoría de la transición demográfica que es utilizada en la actualidad. Tomó la información de 300 años de los países que tenían información. Para las regiones como América Latina, África y Asia estimó los valores. Para simplificar, supuso una población cerrada. Solo dependía del componente vegetativo —no de las migraciones—. Notestein entendía que esta dinámica demográfica se daba dentro de un proceso más general de modernización a través de procesos de urbanización, emancipación de la mujer y envejecimiento, entre otros.
Alfred Landry, “Les trois théories principales de la population”, Scientia 6, n.º 11 (1909): 3-29;
Warren S. Thompson, “Population,” American Journal of Sociology 34 (1929): 959-975;
Frank W. Notestein, “Population: The long view,” en Food for the world, ed. por Theodore W. Schultz (Chicago: University of Chicago Press, 1945), 36-57. Por supuesto, existen críticas a
esta teoría. Los comportamientos demográficos de la mayoría de estos países no se adaptan
a las regularidades supuestas por la TD. Existe consenso es que no es posible establecer un único modelo demográfico para explicar a todos los países.
57 European Commission, Growing the European silver economy.
58 Berino Díaz de Bedoya, “El envejecimiento de la población”, 65-66.
59 European Commission, Growing the European silver economy.
60 Gérard Cornet, “Europe silver economy: A potential source for economic growth”, Gerontechnology 13, n.º 3 (2014): 319-321.
61 Ibid.
62 Álvarez Diez et al., “Economía plateada y emprendimiento”, 10.
63 Perić, Social entrepreneurship, 217-219.
64 Andrzej Klimczuk, “Supporting the development of gerontechnology as art of silver economy building”, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 2, n.o 2 (2012): 52-56.

5. Impacto de Twitter, Facebook e Instagram
en propaganda constitucional chilena

Impact of Twitter, Facebook, and Instagram
on Chilean constitutional campaigns

Impacto do Twitter, Facebook e Instagram
na propaganda constitucional chilena

Rodolfo Arenas Romero

Universidad de Las Américas, Chile

rodolfo.arenas@edu.udla.cl

Recibido: 31 de julio de 2024
Aceptado: 9 de mayo de 2025

DOI:

Resumen

Frente al rol protagónico que adquieren las redes sociales en comunicación política, se buscó explorar su capacidad de impacto político. Mediante el registro de más de un millón de comunicaciones, realizados por 44 candidatos del Distrito 10 de la elección constituyente chilena (2021), y la aplicación de herramientas estadísticas, se concluyó que Facebook e Instagram resultan significativos en las campañas y que incluso se evidencia una correlación directamente proporcional respecto de la cantidad de votos. Por el contrario, Twitter no ofrece muestras de influencia. Estos resultados son iniciales, sin embargo, apuntan a la necesidad de explorar relaciones causales de las redes en política.

Palabras claves

Redes sociales — Propaganda — Análisis estadístico — Chile — Convención Constitucional

Abstract

Given the prominent role that social media has acquired in political communication, this study aimed to explore its potential political impact. By analyzing over one million communications made by 44 candidates from District 10 in the 2021 Chilean constituent election, and applying statistical tools, it was concluded that Facebook and Instagram play a significant role in campaigns and even show a directly proportional correlation with the number of votes. In contrast, Twitter shows no evidence of influence. These results are preliminary; however, they highlight the need to further explore causal relationships between social media and politics.

Keywords

Social Media — Political campaigning — Statistical analysis — Chile — Constitutional Convention

Resumo

Diante do papel proeminente que as redes sociais assumem na comunicação política, buscou-se explorar sua capacidade de impacto político. Por meio do registro de mais de um milhão de comunicações realizadas por 44 candidatos do Distrito 10 na eleição constituinte chilena de 2021, e da aplicação de ferramentas estatísticas, concluiu-se que o Facebook e o Instagram têm um papel significativo nas campanhas, havendo inclusive uma correlação diretamente proporcional com a quantidade de votos. Por outro lado, o Twitter não apresenta evidências de influência. Esses resultados são preliminares; no entanto, apontam para a necessidade de explorar mais profundamente as relações causais entre redes sociais e política.

Palavras-chave

Redes sociais — Campanha política — Análise estatística — Chile — Convenção Constitucional

Introducción

Tres situaciones confluyeron en el Chile de 2021: los efectos de un alzamiento popular que remeció la institucionalidad heredada del Gobierno militar, la pandemia de la COVID-19, un desarrollo creciente de la comunicación digital y las redes sociales.

En octubre de 2019, con el detonante de un alza de precios en el transporte público, pero como una repulsa al sistema neoliberal, grandes sectores de la comunidad salieron a la calle a solicitar cambios. Las demostraciones de rebeldía se sucedieron con altas cotas de violencia durante meses y alcanzaron su cúspide en una marcha que reunió a más de un millón de personas, la más multitudinaria en la historia de la nación sudamericana.1 Finalmente, se convocó a un proceso constituyente (el primer proyecto fue rechazado; lo mismo ocurrió con el segundo, con lo cual se cerró esa posibilidad), con lo que se consolidó la vigencia de la Constitución de 1980, la estructura jurídica legada por el Gobierno militar.2

Tan solo dos meses después, se detectó un virus, el SARS-CoV-2, cuya acelerada propagación hizo que la Organización Mundial de la Salud decretara la enfermedad que provoca, la COVID-19, como una pandemia mundial a comienzos de 2020. En Chile, se sucedieron una serie de medidas restrictivas para evitar el contagio, las que incluyeron limitación de desplazamientos y toque de queda nocturno.3

En el intertanto, en esa década, Chile era considerado como el país con mayor desarrollo de redes sociales en Iberoamérica. El 83,5 por ciento de los chilenos es usuario activo de estas plataformas.4

De esta manera, se daba un proceso eleccionario no considerado en el itinerario político chileno tradicional y en una sociedad en la que la comunicación digital desempeña un rol relevante. Todo se dio, además, dentro del marco pandémico, que obligó a retrasar el plebiscito inicial, a interrumpir la campaña constituyente y el acto eleccionario en sí, que fue dividido en dos jornadas para evitar las aglomeraciones.5 La enfermedad, además, limitó la propaganda, que en la tradición chilena se caracteriza por la difusión en la vía pública.

Esta conjunción de acto político inédito con desarrollo de las redes sociales y en una emergencia sanitaria hace de esta elección un experimento natural6 para revisar posibles tendencias comunicacionales que se
vinculen al logro en el resultado eleccionario. Por ende, este estudio describe la actividad política en redes sociales durante la campaña constituyente chilena 2020-2021, para explorar su gravitación política.

Redes sociales y cambio de roles

Los medios masivos representaban el mainstream. No solo potenciaban las tendencias, sino que ellos constituían la tendencia central, casi monopólica. Esa realidad, imperante a lo largo de todo el siglo xx, se vio trastocada por una inversión de roles. Los receptores pasan de la pasividad absoluta a la prescripción, la comunicación grassroot.7

Esta transformación presupone una modificación de toda la comunicación, por ende, de todas las actividades humanas, entre ellas, la política, que verifica un desplazamiento que no solo incluye herramientas y estrategias diferentes, sino que debería considerar un nuevo tipo de sujeto. “Las redes sociales son parteras de nuevas formas de hacer política”.8

Al democratizar las comunicaciones, se agilizan los tiempos de respuesta de la ciudadanía y se evita el monopolio de los profesionales.9 Las redes redibujan los roles de la comunicación política. El podio desde el cual el líder se dirigía a las masas queda obsoleto. Es la hora de los amateurs. La comunicación política actual se parece más a una mesa en la que todos intercambian opiniones, se informa, se miente, se reciben apoyos y se enrostran diatribas.

Las redes sociales como propaganda

La campaña presidencial de Barack Obama en 2008, con sus cinco millones de seguidores digitales,10 constituye el hecho noticioso recordado como fundacional para el uso de redes sociales en campañas electorales. Sin embargo, existen empleos masivos en política levemente anteriores, como la utilización de blogs en el conflicto poselectoral de México en 2006.11

El uso de las redes sociales en política, desde entonces, se encuentra profusamente estudiado, especialmente, como propone Muñiz,12 por el impacto que la práctica de comunicación política en el ámbito digital durante las campañas electorales puede tener en las alternativas democráticas. Estas investigaciones concluyen que existe evidencia de carácter estadístico entre el uso de redes sociales y la participación política.
De hecho, un estudio realizado durante las protestas estudiantiles chilenas de 2011 asevera que un usuario de redes sociales, en cantidad de accesos y duración de estos, especialmente si lee noticias en red, tiene once veces más posibilidades de participar en demostraciones callejeras que los no usuarios.13 Sin embargo, la pregunta se desplaza a por qué se da esa relación, ya que se puede entender el uso de redes como característica de las personas tendientes a estas participaciones y no necesariamente como una razón de ellas; correlación, mas no causalidad.

La utilización de estos recursos digitales se halla documentado en casos como la “wikiconstitución” de Islandia, la “primavera árabe”, los “indignados” españoles, el movimiento Occupy Wall Street, el grupo mexicano #Yosoy132 y las ya mencionadas protestas estudiantiles chilenas.14 Arditi15 agrega, además, WikiLeaks, #Metoo, la también referida irrupción social chilena de 2019 y el caso Gamestop.

Respecto al impacto que puede alcanzar este uso propagandístico, un trabajo reciente,16 aunque muy focalizado, ya que revisa apenas una candidatura, encuentra que el 58,06 % de los electores entrevistados aseguraron conocer al candidato a través de redes sociales, canal informativo seguido por la televisión, con 22,58 %; internet, con 16,13 %, y los medios de prensa, con 3,22 %.

Respecto del impacto de esa comunicación, Paz17 asegura que el 97 % de la varianza en participación electoral en las elecciones francesas de 2017 se puede considerar resultado del marketing digital; también establece una correlación estadística directamente proporcional entre el uso de Facebook y la participación electoral en las elecciones brasileñas de 2018 y las municipales limeñas del mismo año.

De similar manera, han sido descritas dos campañas paradigmáticas: la de Trump, en 2016, y la de Bolsonaro, en 2018. La del expresidente estadounidense mostró énfasis en Facebook en vez de la tradicional campaña televisiva, el uso de dark post (mensajes que provienen de los comandos, pero sin identificación explícita), de bots (emisión robotizada) y fake news (información falsa). La del expresidente brasileño, en la campaña que lo llevó al poder, tuvo un promedio de interacciones 29 veces mayor que la de sus rivales, empleó bots en el 70 % de sus emisiones digitales y generó, incluso personalmente, campañas de fake news.18

Además de su hipermeditización, estas campañas paradigmáticas se unen en la tendencia de no superación del “eclipse del público”, ya que lejos de construir comunidades se apunta más bien a la captación sumatoria de minorías.19

La búsqueda académica se orienta a describir los mecanismos de esta influencia aún polémica. Las redes sociales, en términos de su propiedad relacional, han contribuido a la aparición y a la difusión de movimientos políticos emanados desde la base social, lo que alentaría su evaluación como agentes de una mayor democratización, en términos de elidir ciertas intermediaciones. Sin embargo, al asumir también la vehiculización de la información tradicional, no solo reproducen la intermediación, sino que también la invisibilizan. Esta situación se complejiza más aún cuando las informaciones difundidas canalizan medios sin resguardo ético o toman directamente las informaciones falsas, generalmente muy atractivas. De esa manera, la realidad de segunda mano a la que aludía McCombs en la agenda setting se convierte en algo que no necesariamente podría ser considerado como una realidad.20

En este sentido, las redes sociales no serían democratizadoras, sino parrésicas. La comunicación en red social, como anteriormente se indicó, no constituye comunidad, porque lo comunicativo constituye razón necesaria, pero no suficiente, ya que los usuarios de redes limitan su accionar a la mera selección y, a veces, retransmisión de contenidos y, además, de manera “incorpórea”, con escasa participación proactiva. De esta manera, mediante el desarraigo, el ciudadano deviene en usuario, normalmente con altas dosis de hastío.21

Capacidad predictora

Un estudio español22 revisa la actividad en redes sociales según sexo entre estudiantes universitarios y, lo que resulta más relevante para los objetivos de este trabajo, es su capacidad de fomento de la participación social, entendida como la integración a cualquier actividad orientada a la sociedad sin recibir remuneración por ello, la que puede darse como conexión entre personas o con el interés de incorporar un cambio social.

Los resultados demostraron que no existirían diferencias entre los sexos respecto de la tendencia a participar en dominios en que se interactúa acerca de temas sociopolíticos, así como tampoco en la predisposición a participar de actividades de esta índole. Sin embargo, en el caso de las usuarias femeninas, los contactos sociales predisponen para la participación cívica, por ejemplo, en algún tipo de voluntariado, mientras que, en el caso de los hombres, los contactos sociales predicen una participación de tendencia política.

Los autores explican estas diferencias empleando el focus form, que indica que las normas mediatizadas determinan la interpretación y la actuación en los mundos sociales. La conclusión resulta relevante: las redes sociales pueden ayudar a desarrollar la participación social, empero siguen siendo más determinantes los estereotipos de rol.

Otro estudio hispano23 resulta más específico, al revisar las campañas en redes sociales de los cinco principales candidatos en las elecciones 2015 para las Cortes. Los autores se centran en la capacidad de generación de un tráfico de calidad, lo que implica creación de contenidos e interacción con los usuarios. En este sentido, el estudio define que, en la segmentación de los mensajes, todos los candidatos resultan mal evaluados. Además, sindica a los candidatos Rajoy y Sánchez como los peores emisores en redes, quienes paradojalmente fueron los candidatos más votados (28 % y 22 % de los sufragios, respectivamente). La investigación define, por el contrario, que los mejores comunicadores son Iglesias y Rivera (los perdedores de los comicios, con 20 % y 13 %).

En este mismo estudio,24 las métricas arrojan resultados en apariencia contradictorios. En seguidores, Rajoy llega en segundo lugar, Sánchez es el último e Iglesias destaca concentrando adherentes, cifras muy distantes de las votaciones. En tasas de participación, Iglesias y Rivera superan con creces a los otros dos candidatos, lo que no traspasó a las urnas. Finalmente, la audiencia sí es coincidente con los resultados electorales: el orden de preferencias calza exactamente con las votaciones. Los autores explican estos desfases en que las cuentas de los candidatos ganadores y sus seguidores son institucionales, mientras que las de los otros dos postulantes tienden a ser individuales. Así, con menos seguidores se pueden lograr mejores resultados. La investigación concluye en la relevancia de las redes sociales en la política actual, pero al mismo tiempo que un mejor uso no asegura la victoria, siguen gravitando decisivamente factores como la tradición de las fuerzas políticas. Sin embargo, vaticina que su importancia seguirá incrementándose.

Otro estudio respecto de los comicios hispanos de 2015 y 201625 revisa la relevancia de un factor específico en las cibercampañas de Facebook, el engagement, entendido como la implicación de los intervinientes. Es un fenómeno que en redes sociales se concreta en acciones específicas como dar “me gusta” o compartir. Al respecto, Ballesteros26 nuevamente aprecia resultados insuficientes para asignar variables causales a las redes sociales en el éxito político. El partido con mayor implicancia, en 2015 y 2016, es Podemos, 8,427 y 8,8, respectivamente, que solo obtuvo el tercer lugar en número de votos, y los menos favorecidos en este ámbito fueron el Partido Socialista Obrero, 5,4 y 7,0, y el Partido Popular, 4,4 y 3,7, agrupaciones que, como ya se indicó, resultaron ganadoras. En las comunicaciones de los candidatos 2015 y 2016 las cifras tienden a acercarse más a los resultados de urna, ya que Rajoy obtiene la mayor cantidad, 7,2 y 6,4; pero es seguido y superado por Iglesias, 6,7, y 8,8, y por Sánchez con 5,8 y 5,6.
El estudio concluye que no se descubre correlación estadística entre engagement y resultado electoral.28

El ya mencionado trabajo de Yllan,29 con una metodología basada en entrevistas a votantes, llega a que, si bien casi todos los encuestados ubican al candidato —como ya se indicó— preferentemente a través de las redes sociales, solo un 3,2 no lo conocía, únicamente la mitad reconocía su partido político y un 96,7 desconocía sus propuestas. La investigación concluye que la comunicación en redes sociales resulta la principal herramienta de difusión, pero que responde más bien a identificación, no a desarrollo de propuestas complejas. Si bien no lo detalla, el estudio también avanza en declarar que la identidad construida por las redes —publicar temprano (trabajador) y tener grado académico (educado)— puede ser modificada con igual facilidad.

Del otro lado del Atlántico, un trabajo30 revisa la elección presidencial estadounidense de 2020 con la meta de dilucidar si la actividad en Twitter puede servir como predictor de la contienda entre los candidatos Trump y Biden. La conclusión a la que arriba resulta negativa. Estima que no resulta posible emplear las redes sociales como síntomas discretos de los resultados en urna. Sin embargo, el autor31 advierte que su falta de predictibilidad puede deberse a una cantidad de información que no fue lo suficientemente extensa, por lo que propone continuar las investigaciones en este ámbito con períodos de trabajo de campo más extensos y mayor número de casos en la recolección de información.

Propuesta metodológica

Los comicios del Distrito 10

El sistema electoral chileno divide el territorio en 28 distritos, los que agrupan a su vez a varios municipios (denominados comunas). Para esta investigación, se optó por estudiar el Distrito 10, dado que se trata de uno de los dos sectores más disputados electoralmente.32 Además, a diferencia del otro distrito reñido, el 11, que concentra las comunas más pudientes de la nación, resulta más heterogéneo, por lo que puede dar mejores indicios respecto de la sociedad chilena. Este distrito considera la comuna en que se ubica la sede del Poder Ejecutivo y que da nombre a la ciudad, Santiago, y otras cinco de la zona centro y centrosur de la capital. Según el Índice de Calidad de Vida Urbana,33 de las seis comunas que lo componen, cuatro demuestran alto índice social (Providencia, Santiago, Ñuñoa y Macul), una presenta nivel medio alto (San Joaquín) y la restante tiene una baja calidad de vida (La Granja).

La elección constituyente se realiza según el método D’Hont, que reemplazó al antiguo sistema binominal, en que se busca la proporcionalidad por listas; no hay énfasis en las votaciones personales. Además, en esta elección específica se reservaron 17 de 155 cupos para los pueblos originarios y, además, fue comprometida una composición paritaria de sexo.34 De esta manera, podría darse que una lista que obtenga alto número de sufragios y derrote a otra, pese a tener una mayoría individual, obtenga menos votos totales. En el caso de que se eligiera un candidato varón de una lista y se tuvieran suficientes votos para obtener un segundo representante —lo que ocurrió en el distrito estudiado—, el segundo representante debería ser necesariamente una mujer.

En el Distrito 10 fueron aprobadas finalmente 78 candidaturas, agrupadas en 10 pactos (alianzas de partidos políticos y también acuerdos entre independientes) y se registraron 437 544 votos totales.35

Tres redes sociales

Los objetivos de este trabajo imponen la necesidad de registrar la actividad propagandística en redes sociales de un número representativo de estas candidaturas. Para ello, se realizó un recuento exhaustivo de la actividad en Facebook, Twitter36 e Instagram, que recogió la totalidad de los mensajes generados durante la campaña de los candidatos seleccionados.

Se eligió concentrar el registro en tres redes sociales. En primer lugar, se optó por Facebook, debido a su amplia difusión, la que llega a 10 millones de conexiones mensuales en Chile.37 La segunda escogida fue Instagram, por su alta penetración, con 9,1 millones de cuentas activas, y su impacto en el segmento de nativos digitales.38 Finalmente, se eligió a Twitter, por la fuerte conexión emocional que depositan los usuarios en sus interacciones.39

Se desechó Whatsapp, pese a su extrema difusión40 y carácter dialógico, porque se halla constituido por redes autónomas de acceso limitado. Esto último constituye la principal objeción para que sea considerada una red social —pese a compartir varias de sus características— y, en cambio, se considere un sistema de mensajería.41

Las tres redes elegidas se ubican en las posiciones principales de la popularidad en Chile, en los lugares segundo (Facebook), cuarto (Twitter) y sexto (Instagram) de popularidad entre los recursos comunicacionales chilenos durante el año de estudio. El resto de la lista considera a You Tube en primer lugar; Tumbir, en tercero; y Pinterest, en quinto.42

Muestreo aleatorio

Ante la imposibilidad de establecer un registro diario de las redes sociales de todas las candidaturas que abarcara la totalidad de la campaña, que se desarrolló entre el 10 de febrero de 2021 y el 13 de mayo, con un intervalo (producto de la pandemia) entre el 8 de abril y el 28 del mismo mes, se procedió a elegir candidatos en forma aleatoria.

A partir de las condiciones financieras, humanas, materiales y sanitarias que viabilizaban el proyecto43 con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error inferior al 10 %,44 se optó por estudiar las comunicaciones en redes sociales de 46 candidatos.

Tabla 1. Candidatos y pactos

Número	Pacto	Candidato
1	Vamos por Chile	Teresa Marinovic
2	Vamos por Chile	Gonzalo Blumel
3	Vamos por Chile	Jaime Flores
4	Vamos por Chile	Cristian Monckeberg
5	Vamos por Chile	Macarena Letelier
6	Apruebo	Carolina Parraguez
7	Apruebo	Patricio Zapata
8	Apruebo	Catalina Lagos
9	Apruebo	Laura Albornoz
10	Apruebo Dignidad	Fernando Atria
11	Apruebo Dignidad	Giovanna Roa
12	Apruebo Dignidad	Alejandra Jiménez
13	Ecologista Verde	María Guajardo
14	Ecologista Verde	Angélica Yévenes
15	Ecologista Verde	Phellipe Romero
16	Ecologista Verde	Claudio Rosello
17	Ecologista Verde	Gregorio Correa
18	Ind. por la Nueva Constitución	Patricia Politzer
19	Ind. por la Nueva Constitución	Roxana Espinoza
20	Ind. por la Nueva Constitución	Andrés Pérez
21	Ind. por la Nueva Constitución	Macarena Lobos
22	Ind. por la Nueva Constitución	José Andrés Murillo
23	Independientes	Sung Young Yun
24	Independientes	Felipe Rocha
25	Lista del Pueblo	Patricia Navarrete
26	Lista del Pueblo	Alexis Garrido
27	Lista del Pueblo	Andrés Saldías
28	Lista del Pueblo	Antonia Orellana
29	Lista del Pueblo	Juana Millal
30	Lista del Pueblo	Piare Muñoz
31	Lista del Pueblo	Verónica Guzmán
32	Movimientos Sociales	Andrea Gutiérrez
33	Movimientos Sociales	Javier Pineda
34	Movimientos Sociales	Pablo Sepúlveda
35	Movimientos Sociales	Pía Meza
36	Movimientos Sociales	Manuel Hidalgo
37	Movimientos Sociales	Andrea Gutiérrez
38	Movimientos Sociales	Karina Nohales
39	Movimientos Sociales	Camilo Parada
40	Movimientos Sociales	María Soledad Acuña
41	Trabajadores Revolucionarios	Suely Arancibia
42	Trabajadores Revolucionarios	Carolina Toledo
43	Trabajadores Revolucionarios	María Torres
44	Trabajadores Revolucionarios	Julio Mancilla
45	Trabajadores Revolucionarios	Dauno Tótoro
46	Trabajadores Revolucionarios	Rafaella Ruilova
47	Trabajadores Revolucionarios	José Joaquín Romero

Fuente: elaboración propia a partir de Servel 2021.

El sorteo —a través de la asignación de un número a cada candidatura y luego la selección a través de una tómbola manual— se realizó el día previo al inicio de la campaña, a partir de la lista de postulantes publicada por la
entidad que regula los actos eleccionarios en Chile. Lamentablemente,
la nómina oficial de candidatos fue entregada con bastante posterioridad, por lo que dos de las candidaturas seleccionadas —los casos 24 y 30— finalmente fueron rechazados y no formaron parte de la papeleta. Aunque sus actividades fueron registradas, los invalida para los objetivos de este trabajo, por lo que no fueron finalmente considerados.

La votación declaró electos a siete postulantes: Cristian Monckeberg y Teresa Marinovic, del pacto Vamos por Chile; Jorge Baradit, de la lista del Apruebo; Fernando Atria y Giovana Roa, del grupo Apruebo Dignidad; Manuel Woldarsky, representante de la Lista del Pueblo; y Patricia Politzer, candidata del grupo denominado Independientes por la Nueva Constitución.45

Por ende, este trabajo registra las actividades de redes sociales en función propagandística de cinco candidatos electos y de treinta y nueve rechazados.

Análisis estadístico correlacional

La actividad de los candidatos desplegada en redes sociales se registró y luego se cruzó con el número de sufragios obtenidos. Dado el sistema electoral, según se expuso anteriormente, ser elegido no escapa de lo puramente relativo al número en votos. Esos resultados son relativizados por la adhesión a los pactos y la pertenencia a pueblos originarios o el sexo del candidato.

Para validar los resultados de este cruce, se utilizaron dos procedimientos estadísticos: la regresión lineal y la correlación de Pearson.

El primero de ellos permite reconocer la relación y la magnitud entre variables. En consecuencia, se pueden definir las incidencias entre dos variables. Por ejemplo, si una variable se incrementa, es posible esperar un incremento proporcional en la relacionada. “Esta forma de análisis estima los coeficientes de la ecuación lineal, involucrando una o más variables independientes que mejor predicen el valor de la variable dependiente”.46 En la regresión lineal, la significación bilateral posibilita establecer la correlación (para ser significativa debe ser menor a 0,05). Dado que cero es la falta de correlación, con rango entre 1 y -1, las menores de cero se comportan en proporcionalidad indirecta y los superiores a cero presentan proporcionalidad directa.

Las correlaciones permiten establecer relaciones no causales entre variables. “La correlación mide el grado de relación lineal entre dos o más variables, dando como resultado la fuerza y sentido de la relación”.47 Nuevamente, la significación bilateral, que debe ser menor a 0,05 para resultar significativa, lo permite establecer si existe una correlación.
El coeficiente de Pearson mide la magnitud de la relación y el máximo valor esperable es 1, por lo que mientras más se acerque el valor encontrado de la relación a esa cifra, mayor será su magnitud.

De esta manera, en la conjunción de ambos procedimientos resulta viable definir si existe significación en la relación entre una variable y otra (resultado menor a 0,05 en las significaciones bilaterales) y si es posible establecer correlaciones de magnitud relevante en la relación entre dos variables (coeficiente de Pearson tendiente a 1).

Resultados

La revisión de las cuentas de los 46 candidatos seleccionados aleatoriamente48 obtuvo un total superior a un millón de registros.

No todos los candidatos desarrollaron actividad en todas las redes consideradas. Varios de ellos decidieron (o no tuvieron capacidad para más) optar con concentrarse en una o dos de ellas. Como primer hallazgo, sin ánimo de entenderlo como un rasgo causal, se constató que los cinco candidatos investigados que resultaron finalmente vencedores desplegaron actividad en Twitter, Instagram y Facebook.

Tabla 2. Actividad en redes sociales, votación y resultado

	candidato	pacto	Twiter				Facebook				Instagram				Votos	Elegido
N°	candidato	pacto	Seg. inicial	Mensajes	Retuits	Seg. final	Amig inicial	Mensajes	Compartidos	Amig final	Seg inicial	Mensajes	Comentarios	Seg .final
1	Fernando Atria	Apruebo Dignidad	122500	325	60861	126600	16916	133	1246	18179	32200	133	1292	39100	52.443	sí
2	Patricia Politzer	Ind. por la Nueva Constituc.	41500	619	155283	45900	2822	134	307	3059	2300	124	664	4197	31.695	sí
3	Teresa Marinovic	Vamos por Chile	107000	10722	77818	180800	41182	12058	6578	46374	23200	127176	9633	39500	39.700	sí
4	Gonzalo Blumel	Vamos por Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	73	974	3420	19.131	no
5	Andrea Gutiérez	Movimientos Sociales	6882	2147	154334	8247	759	198	353	1082	5768	189	736	7698	6.276	no
6	Patricia Navarrete	Lista del Pueblo	560	113	278997	583	261	31	220	285	2105	34	86	2157	5.895	no
7	Alexis Garrido	Lista del Pueblo	0	0	0	0	no inf.	90	343	612	497	77	131	792	4.467	no
8	Giovanna Roa	Apruebo Dignidad	3833	104	3459	4466	2178	74	132	2508	4147	70	521	5824	3.843	sí
9	María Guajardo	Ecologista Verde	4	57	3691	37	2335	155	88	4203	244	87	85	673	3.664	no
10	Andrés Saldías	Lista del Pueblo	0	0	0	0	0	0	0	0	1023	145	152	1888	3.036	no
11	Sung Young Yun	Independientes	0	0	0	0	489	287	792	593	540	205	218	800	2.339	no
12	Angélica Yévenes	Ecologista Verde	0	0	0	0	29	72	49	131	76	60	37	236	2.066	no
13	Carolina Parraguez	Apruebo	35	7	69	42	255	62	145	446	363	57	158	812	1.961	no
14	Roxana Espinoza	Ind. por la Nueva Constituc.	0	0	0	0	0	0	0	0	80	44	72	204	1.856	no
15	Jaime Flores	Vamos por Chile	2771	66	2847	3160	308	29	11	656	2048	46	516	3466	1.822	no
16	Javier Pineda	Movimientos Sociales	1298	23	384	1311	1298	96	647	1311	497	81	101	1821	1.751	no
17	Pablo Sepúlveda	Movimientos Sociales	413	7	94	424	2356	23	860	1046	401	65	84	777	1.685	no
18	Phellipe Romero	Ecologista Verde	930	18	43	980	no inf.	260	297	no inf.	1190	82	72	1335	1.149	no
19	Suely Arancibia	Trabajadores Revolucionarios	119	63	1127	550	no inf.	15	52	no inf.	4054	57	684	4504	1.123	no
20	Pia Meza	Movimientos Sociales	66	50	728	182	0	0	0	0	656	30	31	784	987	no
21	Carolina Toledo	Trabajadores Revolucionarios	200	11	63	208	0	0	0	0	996	3	8	1026	969	no
22	Manuel Hidalgo	Movimientos Sociales	121	70	215	234	74	79	264	171	129	91	20	306	649	no
23	María Torres	Trabajadores Revolucionarios	100	8	122	127	50	15	1	289	50	18	14	540	299	no
24	Julio Mancilla	Trabajadores Revolucionarios	0	0	0	0	no inf	327	194	no inf.	230	4	4	251	234	no
25	Felipe Rocha	Independientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	eliminado	no
26	Patricio Zapata	Apruebo	0	314	1717	1067	23	172	436	2911	608	166	579	2668	9180	no
27	Andrés Pérez	Ind. por la Nueva Constituc.	1348	11	0	1362	4957	0	0	4954	6931	0	0	6955	1411	no
28	Andrea Gutiérrez	Movimientos Sociales	6882	708	26776	728	759	68	84	885	5768	69	258	6143	6276	no
29	Alejandra Jiménez	Apruebo dignidad	145	226	1172	485	571	323	1550	1023	270	240	311	1027	9442	no
30	Antonia Orellana	Lista del pueblo	8320	667	15536	14800	2075	103	2263	2336	4740	101	1163	14000	10309	no
31	Catalina Lagos	Apruebo	7833	542	3847	9420	2070	149	1045	3378	1091	160	378	2314	5089	no
32	Claudio Rosello	Ecologista Verde	0	0	0	0	0	0	0	0	607	5	26	662	1197	No
33	Cristian Monckeberg	Vamos por Chile	95000	129	394	95200	25774	97	1638	27796	20600	107	2177	21000	18533	sí
34	Gregorio Correa	Ecologista Verde	0	0	0	0	17	0	0	21	1	0	0	2	795	no
35	Laura Albornoz	Apruebo	0	0	0	0	1134	231	1218	1229	1244	492	495	1705	7814	no
36	Macarena Lobos	Ind. por la Nueva Constituc.	562	136	1019	905	317	174	573	487	260	131	121	544	2289	no
37	Macarena Letelier	Vamos por Chile	296	191	186	452	1468	198	934	1520	642	197	477	1385	2441	no
38	José Andrés Murillo	Ind. por la Nueva Constituc.	68000	195	2252	66700	290	60	128	556	521	124	1548	1621	8320	no
39	Juana Millal	Lista del pueblo	188	11	192	324	72	30	224	109	540	119	5904	1885	9451	no
40	Piare Muñoz	Lista del pueblo	1786	7	83	1986	1501	118	22	1734	30000	10571	401	44300	eliminado	no
41	Verónica Guzmán	Lista del pueblo	745	3	24	1785	0	0	0	0	4468	619	31	4570	5381	no
42	Karina Nohales	Movimientos Sociales	3987	320	4493	5210	150	3759	227	249	4263	21606	470	7232	14630	no
43	Dauno Tótoro	Trabajadores Revolucionarios	5600	507	4552	132200	72033	210	1778	11563	5123	16821	591	8530	1550	no
44	Camilo Parada	Movimientos Sociales	57800	119	2270	58100	712	1576	24	1202	1730	7303	489	2766	8773	no
45	María Soledad Acuña	Movimientos Sociales	134	30	112	213	362	167	68	463	633	1397	160	982	2883	no
46	Rafaella Ruilova	Trabajadores Revolucionarios	524	19	168	649	156	52	2	2660	604	779	20	1199	375	no
47	José Joaquín Romero	Trabajadores Revolucionarios	0	0	0	0	2417	6	0	2403	1560	27	128	1691	418	no

Fuente: elaboración propia.

Resultados del cruce estadístico

La tabla 3 resume el cruce de variables de actividad en redes sociales, por tipo de actividad y red específica, respecto de la votación obtenida, según el modelo de regresión lineal. A las que resultan significativas, se les agrega un asterisco (*) (recurso convencional para identificar las que son relevantes).

Tabla 3. Correlaciones

Redes		Twitter			Facebook			Instagram
Redes		Seguidores en	Mensajes	Retuits	Amigos en	Mensajes	Publicaciones	Seguidores	Mensajes	Comentarios
Votos	Correlación de Pearson	0,611	0,772	0,033	0,759	0,833	0,81	0,616	0,807	0,809
Votos	Significación bilateral	0,000	0,000	0,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Fuente: elaboración propia

Se aprecia que no todas las actividades en redes sociales ofrecen significación bilateral respecto de las votaciones. De nuevo, es una métrica de Twitter, los retuits, la variante que ofrece insignificancia, ya que arroja una cifra superior a 0,05 (en negrita). Por ende, este apartado no ofrece información, dado que no existe correlación. Todas las demás opciones reportan relación con los resultados de urna.

Sin embargo, en la correlación de Pearson, los resultados aparecen como más relevantes. Cuatro actividades en las redes (número de publicaciones y de mensajes compartidos en Facebook, mensajes y comentarios en Instagram) presentan cantidades superiores a 0,8, tendientes al máximo posible de 1 (subrayados), por consiguiente, existe una alta correlación entre las variables. Los dos desagregados de Twitter, exceptuando el que ya se declaró como no significativo, un apartado de Facebook y otro de Instagram presentan correlaciones significativas, aunque de menor intensidad. La dirección de estas correlaciones significativas, dado que todos los valores son positivos, puede presagiar un aumento de los votos, incremento difícilmente mensurable porque no se trata de una causalidad, sino de una correlación. Se puede estimar un aumento posible, pero no determinar su envergadura.

Tabla 4. Regresión lineal

	Coeficientes no estandarizados		Coeficiente estandarizado
Modelo	B	Desv. error	Beta	t	Sig. 0,05
Constante	366,938	597,376		0,614	0,544
Seguidores en Twitter	0,023	0,024	0,132	0,947	0,351
Mensajes en Twitter	-0,769	1,219	-0,177	-0,631	0,533
Retuits en Twitter	-0,009	0,009	-0,065	-0,914	0,368
Amigos en Facebook	0,358	0,156	0,423	2,299	0,028
Mensajes en Facebook	7,522	1,395	2,004	5,393	0,000
Publicaciones en Facebook	3,128	0,943	0,48	3,315	0,002
Seguidores en Instagram	-0,309	0,123	-0,374	-2,511	0,017
Mensajes en Instagram	-0,688	0,191	-1,892	-3,605	0,001
Comentarios en Instagram	1,689	0,458	0,399	3,685	0,001

Fuente: elaboración propia

De estos resultados, se desprende que resultan significativas las comunicaciones en Facebook e Instagram (valores subrayados), respecto de la votación alcanzada por los candidatos. No significa que se establezcan relaciones causales, sino solo que ambas variables se presentan al unísono (esto podría deberse, por ejemplo, a la popularidad anterior del candidato o a la capacidad de producción del grupo que lo respalda, posibilidades que lograrían generar tanto alta actividad en redes sociales como sufragios). En el sentido inverso, las acciones en Twitter carecen de significancia, ya que son superiores al valor estimado como máximo (en negrita).

Discusión: rol en política
y capacidad predictiva

Respecto de la relación entre redes sociales y actividad política, tanto Muñiz49 como Dávila de León et al.50 concluyen que la exposición y la intervención en redes sociales incrementaría la participación en actividades políticas. Yllan51 adelanta resultados positivos respecto de este tipo de comunicación como factor de conocimiento de los candidatos en una elección local. Paz52 e Ituassu et al.53 van más allá y asignan un rol relevante en los resultados de los actos eleccionarios revisados.

La presente investigación coincide en el rol sustantivo que desempeñan las redes sociales en la política actual. El primer indicador de esto reside en la cantidad de interacciones realizadas por los candidatos y sus seguidores durante la campaña, las que alcanzaron 1 117 695, lo que refiere el sentido de palestra que asignan los movimientos políticos a las redes y la identificación como ámbitos de información y debate que establecen los usuarios. En segundo término, los resultados estadísticos de significación positiva de dos redes sociales —Facebook e Instagram— en la regresión lineal y también en la Correlación de Pearson confirman la noción de que las redes sociales inciden en las campañas políticas.

En relación con la capacidad de predictibilidad de los resultados políticos a partir del ejercicio comunicacional en redes, Chávez y Gadea,54 focalizado en la calidad de las emisiones, y Ballesteros,55 con énfasis en el engagement, determinan resultados que los hace ser escépticos al respecto. Yllan56 tampoco encuentra correlación y concluye que las redes no resultan capaces de construir contenidos complejos ni estables. Caballero57 también llega a la incapacidad de establecer correlaciones entre actividad en redes y votación, sin embargo, advierte que resultan necesarias investigaciones mucho más robustas para descartarlas de forma decisiva.

Este trabajo coincide con los autores precedentes en que no se logran cifras que demuestren correlaciones fuertes entre actividad en redes y éxito eleccionario. Los datos recogidos en Twitter en las magnitudes referidas —amigos iniciales y finales, emisión y retuits—, así como también las variables de número de seguidores de Instagram y Facebook, no establecen relaciones significativas. Sin embargo, los datos de Facebook e Instagram, en cuanto a emisión de mensajes e interacción con ellos, rompen esa tendencia, ya que arrojan una correlación relevante. Si bien se siguió a 46 candidaturas durante toda una campaña y se recogieron más de un millón de interacciones, se condice con Caballero58 en que todavía resulta una data insuficiente como para establecer definitivamente el tema, por lo que esta capacidad de correlacionar estas redes con resultados electorales se entiende como una hipótesis que debe ser nuevamente investigada.

Conclusiones: diacronía
y singularidad

La profusión de las emisiones de los candidatos y seguramente sus equipos, y el alcance de la implicación de los amigos y seguidores instalan a las redes sociales como un vector acuciante en la comunicación política actual. La evidencia estadística de esta investigación lo corrobora, al otorgar significancia relevante en los casos de Instagram y Facebook.

Sin embargo, esta presencia activa no implica efectos necesarios.
No resulta posible indicar que ante cierto avance en tal o cual actividad en redes sociales se producirá un crecimiento o decrecimiento, discreto y proporcional en las urnas. Instagram, y en mayor medida Facebook, presentan estadísticamente algún grado de correlación, pero esto no implica una relación causal. Seguramente, responde a la correlación vinculada a algún fenómeno, como la capacidad de producción o la fama del candidato, que también afecta a las votaciones. Resta, ergo, un trabajo que intente establecer causalidad —de haberlas— entre la actividad en redes sociales y la actividad electoral de urna.

Los resultados de este trabajo apuntan a que no todas las redes sociales se comportan de igual manera. Twitter incluso no presenta efectos significativos en los resultados electorales. Se pueden elaborar hipótesis de peculiaridades comunicacionales, como que el carácter confrontacional que presenta Twitter le restaría capacidad promocional y, por el contrario, tendería a la polarización de usuarios y la anulación del relato, o que la edad de quienes emplean Facebook les otorga características diferentes de quienes utilizan Instagram.

De esta manera, surge la necesidad de implicar otras variables. La falta de uniformidad de comportamientos propagandísticos de las tres redes, es más, su carácter incluso diametralmente disímil, obliga a sumar la necesidad de revisar la diacronía, tanto del contexto de la instancia democrática específica como de la ecología de cada una de las redes sociales involucradas. La situación de las redes sociales con respecto de esta campaña eleccionaria resulta metaestable; la diacronía subyace.

En este sentido, en la elección constituyente de 2021 en Chile, en virtud del contexto y de las condiciones coyunturales de las redes sociales, Facebook resultó una herramienta política ligeramente más eficiente que Instagram, seguramente por el desnivel de sus correlaciones con los fenómenos causales de las votaciones, al tiempo que Twitter carecía radicalmente de esas posibilidades. Resta avanzar en la revisión de estas características para saber si se mantienen en otros actos electorales venideros y si resulta posible identificarlas también en las democracias de otras latitudes.

1 Pablo Artaza, et al., Chile despertó: lecturas desde la historia del estallido social de octubre (Santiago: Universidad de Chile, 2019).
2 Boris Santander, “Chile, el acto social en cuarentena”, Derecho Global: estudios sobre derecho y justicia (2020): 181-187, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-51362020000200181.
3 Andrea Gartenlaub y Rodolfo Arenas, “La pandemia sanitaria, económica y social: discurso presidencial chileno frente al COVID-19”, Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos (noviembre de 2021): 91-103, https://rua.ua.es/dspace/ bitstream/10045/119483/1/Ambos-Mundos-n02_09.pdf.
4 A. Statista, “Uso de redes sociales en América Latina y Caribe 2021”, acceso en marzo de 2021, https://es.statista.com/estadisticas/1073796/alcance-redes-sociales-ameri ca-latina/.
5 Paula Catena, “Subsecretario del Interior y la fórmula para el plebiscito: “Dos días es una buena opción porque hay más tiempo, pero impone mayores exigencias”, 22 de julio 2020, https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8edb1e91367ea65e535c640e968224a562a8c26c90eb08a6fc8fe56e2f21f0beJmltdHM9MTc2MTI2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=10efc8ab-da26-627f-2892-dde3db836373&psq=plebiscito+en+dos+d%c3%adas&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGF0ZXJjZXJhLmNvbS9sYS1.
6 Juan Moreno y Lucas Gortázar, “Escolarización en confinamiento: experimento natural y prueba de esfuerzo”, Revista de Currículum y Formación del Profesorado 24, n.o 2 (2020):168-181, https://doi.org/10.30827profesorado. v24i2.15540.
7 Antoni Gutiérrez-Rubí, La transformación digital y móvil de la comunicación política (Barcelona: Ariel, 2015), 52.
8 Benjamín Arditi, “La política en el tiempo de redes”, Punto Dorsal, Revista de Cultura Política (2021): 34, https://www.academia.edu/67142097/La_ pol%C3%ADtica_
en_tiempo_de_las_redes_2021_.
9 Arditi, “La política en el tiempo de redes”, 34-42.
10 Leyvi Castro, “El marketing político en Estados Unidos: el caso Obama”, Norteamérica 7, n.o 1 (2012), https://www.academia.edu/67142097/La_pol% C3%ADtica_en_tiempo_de_las_ redes_2021_.
11 Luis Torres, “Los mecanismos de lo político en las redes sociales de Internet”, Aposta, Revista de Ciencias Sociales (2013), 2 , https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=495950254001.
12 Carlos Muñiz, “Estudios de comunicación política desde una visión múltiple”, Perspectivas de la Comunicación 12, n.o 2 (2019): 7-10, https:// doi.org/10.4067/s0718-48672019000 200007.
13 Francisco Osorio, “La influencia de las redes sociales en la participación política”, Culturamediatica.cl. (noviembre de 2020), 3, https://www.researchgate.net/publication/274251799_La_influencia_de_las_redes_sociales_en_la_participacion_politica.
14 Torres, “Los mecanismos de lo político en las redes sociales”, 2; Osorio, “La influencia de las redes sociales”, 3; Arditi, “La política en el tiempo de redes”, 42.
15 Arditi, “La política en el tiempo de redes”, 34-42.
16 Elisa Yllan, “El impacto de las redes sociales en las elecciones: caso Samuel García candidato a la gubernatura del Estado de Nuevo León 2021”, Razón y Palabra 25, n.o 112, (2021): 169-182, https://doi.org/10.26807/rp.v2 5i112.1843.
17 David Paz, “Impacto de las redes sociales y los diarios digitales en la votación electoral” (tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019), https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10990?show=full.
18 Arthur Ituassu, et al., “Comunicación política, elecciones y democracia: las campañas de Donald Trump y Jair Bolsonaro”, Perspectivas de la Comunicación (2019), 17, https://scielo.Conicyt.cl/pdf/perspectcomun/v12n2/0718-4867-perspectcomun-12-02-0001 1.pdf.
19 Ituassu et al., “Comunicación política, elecciones y democracia”, 11-12.
20 Salvador Enguix, “Impacto político e informativo de las redes sociales: esferas de actuación y comparación con los medios”, Analisi 56 (2017): 71-85, 30, https://ddd.uab.cat/pub/analisi/analisi_a2017n56/analisi_a2017n56p71.pdf.
21 Torres, “Los mecanismos de lo político en las redes sociales”, 7-8.
22 María Dávila de León, Anna Zlobin y Gloria Álvarez, “The differential influence of social networks on the social participation of women and men”, Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales (2019), 11-14, https://doi.org/10.5565/ rev/redes.835.
23 Alfonso Chaves y Walter Gadea, “Uso, efectividad y alcance de la comunicación política en las redes sociales”, Comunicación Política y Redes Sociales (2017): 13-32, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig= 6505202&orden=1&info=link.
24 Chaves y Gadea, “Uso, efectividad y alcance de la comunicación política en las redes sociales”, 27.
25 Carlos Ballesteros, “El índice de engagement en redes sociales como predictor de los resultados en las elecciones generales de 2015 y 2016”, IC, Revista Científica de Información y Comunicación (2019), 620-622, https://uvadoc.uva.es/ handle/10324/51833.
26 Ballesteros, “El índice de engagement en redes sociales”, 639-640.
27 Los números que aparecen en este párrafo y en el siguiente corresponden a una medición de engagement que va desde 0 (nivel mínimo de involucramiento) a 10 (cota máxima).
28 Ibid., 635-636.
29 Yllan, “El impacto de las redes sociales, 169-182.
30 Michael Caballero, Predicting the 2020 US presidential election with Twitter (Ithaca: Cornell University, 2021), 63-64.
31 Caballero, Predicting the 2020 US presidential election, 21-23.
32 Felipe Cáceres, Isabel Caro y Paula Catena, “Distrito 10 y 11: así quedaron las zonas más codiciadas para la Convención Constitucional”, Diario La Tercera, 11 de enero de 2021, acceso en marzo de 2021, https:// www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/distrito-10-y-11-asi-quedaron-las-zonas-mas-codiciadas-para-la-convencion-constitucional/4QN RF3SUDVDDXD6 BYNQGIHNLHE/.
33 Arturo Orellana, Índice de Calidad de Vida Urbana (2021), https://www.bing.com/ck/a?!&&p=000f3b04c8edaed76181c8f4e674720dcac6b3873e2bf202e65569144509013fJmltdHM9MTc2MTI2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=10efc8ab-da26-627f-2892-dde3db836373&psq=el+%c3%8dndice+de+Calidad+de+Vida+Urbana+(Orellana+et+al.%2c+2021&u=a1aHR0cHM6Ly9jY2hjLmNsL2RvY3VtZW50cy80MzE0MDkvNTM5MjU1L2ljdnUtMjAyMS5wZGYvOGMyMzdmYmMtYzJjOC01MWEwLWJlNzItZWVmMzhkM2IzYmYy.
34 Servicio Electoral A, “Sistema D’Hondt”, Servicio Electoral, Gobierno de Chile (2021), https://elecciones2021.servel.cl/sistema-dhondt/.
35 Servicio Electoral B, “Resultados definitivos: elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales 2021”, Servicio Electoral, Gobierno de Chile (2021), https://www.servel.cl/resultados-definitivos-elecciones-de-convencionales-constituyentes-gobernadores-re gionales-alcaldes-y-concejales/.
36 En el momento de la recolección de la información recibía esa denominación. Luego se modificó a X.
37 Facebook.com/business, “Facebook en Chile”, febrero de 2022, https://www.facebook.com/business/news/LA-Chile-10-millones-de-personas-se-conectan-a-Facebook-cada-mes.
38 Asociación Nacional de Avisadores, “Uso de las redes sociales en Chile 2019” (ANDA, 2019), https://anda.cl/uso-de-redes-sociales-en-chile/.
39 Paulina Sepúlveda, ¿Quiénes son los usuarios de Twitter en Chile?, Diario La Tercera, 3 de septiembre 2018, https://www.latercera.com/tendencias/noticia/quienes-los-usuarios-twitter-
chile/304944/.
40 Jelly, Adictos al Whatsapp (Agencia de Comunicaciones Jelly, 2021), https://www.jelly .cl/wp-content/uploads/2021/09/Jelly-Adictos-a-Whatsapp.pdf.
41 Susana Calleja, “Whatsapp, ¿es o no una red social?”, AndalucíaLab (10 de febrero de 2022), https://www.andalucialab.org/blog/whatsapp-no-red-social/.
42 Statista B, “Los sitios web de redes sociales más populares en Chile en junio de 2021, según porcentaje de visitas” (statista.com, 2022), https://es.statista.com/estadisticas/ 1090842/chile-visitas-redes-sociales.
43 Roberto Hernández-Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista, Metodología de la investigación (México: McGrawHill, 2010): 41.
44 QuestionPro.com, Calculadora de muestras (2021), https://www. questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html.
45 Servicio Electoral C, “Último boletín público y solemne de resultados preliminares de las elecciones 2021 para constituyentes generales”, Servicio Electoral, Gobierno de Chile (2021), https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/05/4_Boletin_ Detalle_Eleccion_de_Constituyentes.pdf.
46 IBM Topics, Acerca de la regresión lineal, febrero de 2022, https://www. mendeley. com/catalogue/f9e049ef-b335-349e-81ac-5fdf3b2d39ca/.
47 Fabiola Leal-Cornejo et al., “Análisis de regresión y correlación lineal”, XIKUA, Boletín Científico de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, 7-13 (enero de 2019), https://doi.org/10.29057/xikua.v7i13.3558.
48 En el trabajo de campo de este estudio, participaron tres estudiantes de Periodismo de la UDLA (Natalia Pinto, Naomi Suárez, Juan Suazo) y dos ayudantes externas (Sara Arriagada y Claudia Vásquez).
49 Carlos Muñiz, “Estudios de comunicación política desde una visión múltiple”, Perspectivas de la Comunicación 12, n.o 2 (2019): 7-10, https:// doi.org/10.4067/s0718-48672019000 200007.
50 María Dávila de León, Anna Zlobin y Gloria Álvarez, “The differential influence of social networks on the social participation of women and men”, Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales (2019), https://doi.org/10.5565/ rev/redes.835.
51 Yllan, “El impacto de las redes sociales 169-182.
52 David Paz, Impacto de las redes sociales y los diarios digitales en la votación electoral (tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019), 229-230, https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10990?show=full.
53 Ituassu et al., “Comunicación política, elecciones y democracia”, 28-29.
54 Chaves y Gadea, “Uso, efectividad y alcance de la comunicación política en las redes sociales”, 13-32.
55 Ballesteros, “El índice de engagement en redes sociales”, 639-640.
56 Yllan, “El impacto de las redes sociales 169-182.
57 Caballero, Predicting the 2020 US presidential election, 64.
58 Ibid.