Introducción

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue una de las organizaciones armadas de izquierda paradigmáticas de los años 70 en Argentina. Experimentó un desarrollo vertiginoso a partir del V Congreso celebrado en el año 1970, cuando adoptó a la lucha armada como estrategia para conquistar el poder del Estado. Finalmente, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entró en una pendiente de la que no lograría recuperarse, más aún con posterioridad a la muerte de su secretario general, Mario Roberto Santucho, el 19 de julio de ese mismo año.

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre violencia y política en esta organización durante los años 1971 y 1973, es decir, entre el llamado de Lanusse a realizar un Gran Acuerdo Nacional y la elección de septiembre del año 1973 que terminó consagrando el regreso de Juan Domingo Perón al poder. Durante este período, el partido fue progresivamente precisando una estrategia para capitalizar el nuevo escenario político, a pesar de que en un primer momento sus máximos dirigentes se mostraron dubitativos frente a las posibilidades reales de una apertura democrática. No obstante, esta situación terminó por desencadenar una serie de contradicciones internas, que incluso estaban ya presentes en algunos postulados de los documentos más relevantes del PRT-ERP. Es por esta razón que, antes de comenzar con nuestra exposición, debemos abordar primeramente algunas de las paradojas contenidas en las Resoluciones del V Congreso (1970), “guía de ruta” que definió la vida de la organización y que signó su desarrollo posterior.

Por último, debemos destacar la realización de un análisis documental exhaustivo de los órganos de prensa de la organización (El Combatiente y Estrella Roja), de sus boletines internos, las resoluciones de congresos, comités centrales y ejecutivos, entre otros documentos¹. Asimismo, utilizamos de forma secundaria los testimonios de exmilitantes, recolectados por otros autores.

La relación entre violencia y política en las Resoluciones del V Congreso (1970) de la organización

Como se desprende de la lectura del documento, su idea rectora era que la revolución no triunfaría por la vía electoral, sino mediante la lucha armada. Sin embargo, esta esconde una tensión permanente entre una concepción de la política que la reduce a la guerra y otros dos sentidos que, aunque privilegiados en el discurso, constituyen solo matices de la misma: el primero concibe a la política como lucha y la coloca en el mismo nivel que otras formas de lucha, entre ellas la militar; y la segunda profesa un papel rector de la política sobre el aspecto militar.

En este sentido, se suponía que durante la década del 70 el país se encontraba en una situación de guerra, por lo que “la política se hacía en lo fundamental armada […] [y] quién no pelea no existe”.² Desde esta perspectiva entonces, sería inútil distinguir entre política y violencia, pues ambas conformarían una unidad inseparable.

Al mismo tiempo, la política era entendida en términos de lucha que a priori estaba en una relación de igualdad con respecto a otras formas posibles. Se promovía la utilización de “todas las formas de lucha (ideológicas, económicas, políticas, militares) simultáneamente, sabiendo en cada etapa de la lucha de clases distinguir cuál de ellas es preponderante sobre las demás y en qué medida”.³ En el caso de la lucha política, estaba también comprendida la que denominaban lucha por las “reivindicaciones democráticas”: mayor libertad de expresión, implantación de mecanismos de democracia social, mayor participación del pueblo en política, etcétera.

En suma, la política conservaba una función fundamental para la organización, pues era la que fijaba el fin y la que mantenía el control del instrumento militar. Como se afirma también en el documento analizado, “lo determinante es el contenido político y la incidencia que tienen las acciones en el desarrollo del proceso”⁴ y que en la “guerra revolucionaria es dominante la política”, que el partido manda al fusil.⁵ Asimismo, la política era la que definía la cantidad y la magnitud de la violencia que se utilizaría de acuerdo a la coyuntura concreta que se estuviera atravesando.

A lo largo del período que abordamos, estas concepciones de la política entraron en conflicto, y trajeron aparejadas contradicciones en el discurso y en la práctica del PRTERP y un paulatino predominio de la lucha armada sobre la “lucha legal”.

El Gran Acuerdo Nacional y la “farsa electoral”

En julio de 1971, el flamante presidente de la nación, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, convocó a todas las fuerzas políticas a adherir a un Gran Acuerdo Nacional con el fin de restablecer las reglas del juego político para convocar nuevamente a elecciones. A través de esta estrategia, buscaba condicionar el ascenso del peronismo al poder, entendiendo que con el llamado a los comicios se podría poner fin al estado de movilización generalizada que se observaba en la sociedad y al accionar armado de las organizaciones de izquierda. No obstante, con el paso de los meses se fue convirtiendo en una pulseada entre Lanusse y Perón: el primero tuvo que ir reduciendo progresivamente sus exigencias, mientras que el segundo procuró no resignar su papel de referente de la ola de descontento social ni tampoco renunciar al apoyo proclamado por las organizaciones armadas de izquierda peronistas. Más aún, alentó a estas últimas y las legitimó permanentemente y, cuando en 1972 se organizó la Juventud Peronista, incluyó a Rodolfo Galimberti, su dirigente más notorio, en su propio comando estratégico. Finalmente, organizó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), con una serie de partidos menores e impuso la fórmula presidencial Héctor J. Cámpora‑Vicente Solano Lima.

Frente a la convocatoria del Gran Acuerdo Nacional por parte de Lanusse, el PRTERP sostenía que este era un “acuerdo interburgués” para salvar al capitalismo argentino y “desviar” a las masas del camino de la guerra revolucionaria,⁶ una “última carta a través de la cual la burguesía [trataba] de mantener su dominación, dando cabida en su seno a Perón, con el objetivo de lograr así la sumisa canalización de las masas por la vía electoral”.⁷ Se consideraba a la apertura electoral como una “farsa”, “una trampa a través de la cual la burguesía reaccionaria, la casta militar gobernante y el imperialismo, trataban de evitar la posibilidad de que se gestara una firme vinculación entre esa vanguardia armada y las masas proletarias y populares”.⁸ Se sostenía, además, que la dictadura buscaba un ensanchamiento de su apoyo social para dejar sin base a la guerrilla y reprimirla con mayor eficacia, e imponerle también condiciones tanto al radicalismo como al peronismo, con el objeto de arribar a un proceso electoral donde los militares lograsen mantener el control político de la situación.⁹

Los cambios que venía experimentando el escenario político argentino fueron analizados en la reunión del Comité Ejecutivo del PRT de abril de 1971, y se precisó que la participación activa, ya fuera esta mediante el boicot o mediante la postulación de una lista de candidatos propios, debía ser la táctica a seguir en el caso de que se llamara a elecciones. Además, se establecía que la apuesta por una u otra de las opciones dependería de la existencia o no de un “auge de masas”, es decir, si al momento de las elecciones la movilización llegaba a su punto culminante, se inclinarían por el boicot, de lo contrario, debían proponer una lista propia de candidatos para intensificar la propaganda revolucionaria.¹⁰ Cabe destacar que por boicot entendían una práctica basada en una gran actividad de las masas y de la guerrilla, a partir de la cual se realizaran llamados activos o no a concurrir a las urnas, quemando los padrones, dificultando el funcionamiento del correo y de los lugares de votación, irrumpiendo en esos sitios para realizar agitación política y sustrayendo las urnas, etcétera.¹¹ En este marco, la lucha armada no representaba para la organización una forma de boicot a las elecciones, sino que, como veremos más adelante, constituía un requisito para que las hubiera.

Asimismo, en una carta escrita por Mario Roberto Santucho en la cárcel de Rawson en septiembre de 1971,¹² le explicita a su esposa la estrategia que debía seguir la organización con respecto a la elección:

Nuestro punto de partida para tomar posición frente al actual proceso electoral es el punto de vista leninista de que la elección es una farsa, que no ofrece salida alguna y que debemos luchar contra ella, debemos denunciarla ante las masas […] y tratar de poner en claro ante las masas la imposibilidad de triunfar por vía parlamentaria.

[…] la adopción de una u otra táctica [boicot y participación] deberá hacerse en los próximos meses y dependerá del grado de concesiones democráticas que deba aflojar la dictadura y, fundamentalmente, del estado de ánimo de las masas […] rechazar en principio la elección y adoptar el boicot, antes de que estén definidas las situaciones concretas es un punto de vista anarquista, ultraizquierdista, típicamente pequeño burgués, que nuestro Partido en este momento está expuesto a sufrir.¹³

El secretario general se basaba en La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el Comunismo, de Lenin¹⁴, a la hora de afirmar que “cuanta más legalidad se logre tanto más garantizada se hallará la organización del proletariado”.¹⁵ No obstante, aclaraba que la participación en las luchas legales y la convicción de que era conveniente la existencia de un régimen que sustituyera a la dictadura, no era ni un objetivo estratégico ni la solución definitiva y total para la clase obrera y el pueblo, sino meramente una táctica que permitiría una amplia organización de las masas.

En mayo de 1971 se adoptó la línea de los “Comités de Base” para preparar la intervención en un potencial proceso electoral en las zonas de inserción del partido. Estos debían partir de los barrios y pueblos, extendiéndose cada vez a más barriadas y poblaciones, “para canalizar la inquietud política de las masas y organizar al pueblo bajo un programa democrático, antidictatorial y antiimperialista”.¹⁶ La intención de Santucho era que a partir de los Comités, las masas eligieran, en cada barrio y en cada pueblo, sus propios candidatos, motivando la discusión política, sobre el “engaño que preparan los políticos burgueses”, sobre los límites del parlamentarismo, y la imposibilidad de llegar por tal camino a una solución de fondo.¹⁷

Los objetivos que se propuso la organización frente al Gran Acuerdo Nacional fueron los siguientes:

1. 1. Ampliar al máximo la ligazón con las masas, aprovechando audazmente los resquicios legales.
2. 2. Ofrecer la opción de la guerra revolucionaria en la política nacional, frente a la opción electoral de la dictadura.

El Comité Ejecutivo consideraba que el primero de estos objetivos se lograría combinando la lucha reivindicativa (sindical, campesina, estudiantil, barrial, etc.) con la actividad política clandestina del partido, las operaciones militares y los “comités de base”.¹⁸

En lo que respecta al segundo objetivo, establecían que se alcanzaría mediante la “presencia combatiente”, y se realizarían un conjunto de acciones importantes que demostraran la fortaleza de la guerrilla y a través de la promoción de acciones operativas conjuntas con las demás organizaciones armadas, tanto marxistas como peronistas, para mostrar la unión frente al Gran Acuerdo Nacional en una estrategia de guerra revolucionaria popular.¹⁹ En suma, el PRTERP no realizó ninguna propuesta política concreta ante la posibilidad de que se llamara a elecciones, más allá de la realización de la revolución y la conquista del poder del Estado.

La “desviación militarista”

A pesar de que la organización promovió durante este período todas las formas de lucha -legales como ilegales-, en los primeros meses del año 1972 se manifestaron en su seno las tensiones existentes a raíz de la estrategia adoptada de cara al Gran Acuerdo Nacional. En primer lugar, se envió a los militantes el Boletín Interno del mes de abril, en el cual se señalaba:

Frente a la acusación de la Dictadura de que nos oponemos a la institucionalización, respondemos que preferimos un régimen parlamentario a la dictadura, aunque creemos que no es ninguna solución para la clase obrera, llamando a la lucha por la democratización. […] cualquier concesión que se le arranque a ésta por medio de la lucha de masas es positiva, y que por lo tanto, nuestro Partido, como partido de la clase obrera, debe estar al frente de todas esas luchas, y fundamentalmente de la lucha por los derechos democráticos del pueblo.²⁰

Desde la perspectiva de De Santis, este boletín no desató ninguna crítica y, en conformidad con esos análisis, la Dirección giró en el mes de mayo un volante titulado El ERP al pueblo, en el que se intentaba exponer las resoluciones anteriormente mencionadas.²¹ Se sostenía que era falso que el ERP fuera enemigo de la institucionalización, pues eran los “más firmes luchadores y defensores por un régimen democrático”, y que “las acciones del ERP y de las organizaciones armadas revolucionarias, no están dirigidas a romper ningún proceso de normalización institucional, sino a desnudar la falsa institucionalización a que llama la dictadura y que el pueblo ha bautizado como farsa electoral”.²²

Por último, se declaraba:

Si hubiera libertad y democracia no tendríamos que luchar los revolucionarios en la clandestinidad ni apelar a las armas para llegar al triunfo. Porque el ERP quiere imponer en nuestro país un verdadero régimen democrático, es que la lucha junto al pueblo contra todas las formas de opresión. Queremos dejar bien claro que preferimos mil veces un régimen parlamentario a una dictadura.²³

Este volante fue fuertemente rechazado por casi todas las regionales y en especial por las de Córdoba y Tucumán, que inclusive se negaron a distribuirlo, violando, en consecuencia, el centralismo democrático.²⁴ De Santis, al respecto, sintetiza las críticas mencionando una frase que expresó un militante de la organización haciendo alusión a Santucho: “El Negro se cagó”.²⁵ Señalar la preferencia por el régimen parlamentario era una actitud propia de un “reformista” y no de un revolucionario.

Con respecto a la primera regional mencionada, a través de una minuta comunicaron que el volante significaba “el abandono de la línea política estratégica fijada en el V Congreso para el Ejército en sus relaciones con el Partido, y su estrategia de ‘Gobierno Revolucionario del pueblo dirigido por la clase obrera’, atravesando la necesaria guerra prolongada”.²⁶ Luego agregaban que la burguesía estaba en lo cierto y no se equivocaba al considerarlos “los enemigos más consecuentes del proceso normalizador”, pues la “estrategia era hacer fracasar ‘la farsa electoral’”.²⁷

A su vez, la minuta de la regional de Tucumán no era más moderada en sus críticas, pues decía, en cuanto al volante:

Muestra la vacilación de la pequeña burguesía a la guerra y el socialismo. En ningún momento muestra al pueblo el camino de la guerra y que en ese camino la clase obrera y el pueblo van a ir arrancando concesiones al enemigo […] llega a tanto lo increíble que en algunos párrafos [se] justifica de rodillas que hemos agarrado las armas porque no hay democracia.²⁸

Benito Urteaga, responsable de la organización en ausencia de Santucho, utilizó el mismo Boletín Interno en el que estaban estas minutas para realizar una autocrítica por lo confuso del volante. El propio Santucho escribió también en dicho boletín para defender la lucha por la realización de elecciones en el marco estratégico de la guerra revolucionaria, basándose en la obra de Lenin El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, y presionar al partido para que se insertara en las grandes fábricas combinando el trabajo sindical y político, y enfrentara de este modo las fuertes tendencias militaristas existentes en la organización. A pesar de las críticas, no hay que perder de vista que cuando el secretario general se refería a la lucha por las “reivindicaciones democráticas”, no tenía una posición liberal al respecto. Por el contrario, promovía un uso instrumental de la democracia “burguesa”, y consideraba que esta era una herramienta para mejorar la preparación del partido, para fortalecerlo desde un punto de vista organizativo, construir la unidad con las demás organizaciones y promover prácticas participativas que se asemejaran al “doble poder” surgido durante la Revolución rusa. En definitiva, creía que la lucha por un programa de “reivindicaciones democráticas” complementaba a la lucha armada.²⁹

De Santis afirma que esta discusión surgió más bien por un problema de redacción del volante que por los contenidos vertidos en él, pues en el Boletín Interno de abril de 1972 girado a los militantes se señalaron las mismas cuestiones sin que despertaran crítica alguna.³⁰ Sin embargo, creemos que esta polémica en realidad estaría expresando una tensión permanente entre los diferentes sentidos de la política a los que adhiere la organización, señalados al comienzo de este trabajo: el “santuchismo” sería partidario de una estrategia amplia, que comprendía a la lucha legal como un complemento de la lucha armada; mientras que los otros antagonistas en esta disputa, y en especial las bases de la organización, en su gran mayoría integradas por jóvenes que se habían acercado al PRTERP para realizar la revolución, adherirían a una concepción de la política que la reducía a la guerra.³¹

Por otra parte, esta controversia en la organización también tendría su fundamento en las contradicciones discursivas que algunas veces se pueden observar en sus órganos de prensa, pues para algunos militantes resultaba paradójico que en principio se caracterizara a las elecciones como un bluff, una trampa, un engaño, una farsa, etcétera, y que posteriormente, a la hora de delinear la estrategia de cara a estas, se hablara de democratización, institucionalización, legalidad, candidaturas, alianzas, etcétera.³² Al mismo tiempo, en las publicaciones se presentaba “un arco iris de posiciones políticas sin una orientación controlada”,³³ pues se enunciaba por igual que no se debía descartar la “participación revolucionaria en las elecciones”³⁴, y la estrategia contraria: “Ni golpe ni elección: desarrollar la guerra revolucionaria”.³⁵

Finalmente, en una importante reunión del Comité Ejecutivo realizada en abril de 1972 se concluyó que no se había asimilado correctamente la táctica frente al Gran Acuerdo Nacional, pues el desarrollo de los “Comités de Base” era todavía incipiente, y que la participación en las luchas legales y semilegales también era escasa.³⁶ De este modo, se estaba dando cuenta de lo que posteriormente se denominó “desviación militarista”, ya que se consideró que durante el período 1971-1972 los operativos militares primaron por sobre la lucha política, y la violencia se convirtió en un fin en sí misma. Como señala Mattini, los Comités Militares Regionales y el Comité Militar Nacional, organismos que teóricamente dependían del Comité Central y por consecuencia del secretario general del partido, se independizaron de hecho y pasaron a constituirse en direcciones paralelas.³⁷ Esta desviación se manifestó para este autor en el despliegue de la actividad armada, independientemente del desarrollo político de la organización, de la situación política nacional o regional y alejada totalmente de los “puntos de vista de clase” en el crecimiento y la consolidación del ERP.

Al respecto, Weisz considera que para dar cuenta del funcionamiento del PRTERP durante el año 1972 se debe contrastar la cantidad y la dimensión de las operaciones militares realizadas, y los pocos números de El Combatiente que aparecieron, pues en todo el año se publicaron solamente siete números de este órgano de prensa.³⁸ Otra expresión de la situación partidaria sería que entre octubre de 1971 y diciembre de 1972 no se reunió el Comité Central de la organización, su máxima instancia de dirección entre congresos. Sin embargo, a la hora de realizar estas afirmaciones, el autor no habría tomado en consideración la feroz represión que sufrió la organización durante el año 1972 y el hecho de que sus máximos dirigentes estuvieran casi en su totalidad encarcelados. En este sentido, en el Boletín Interno n.º 31 del día 2 de octubre de 1972, se señala que a fines del año anterior habían sido detenidos dos militantes encargados de la “propaganda central” de la organización y que otro pasó a militar en una regional. Asimismo, se destaca que la publicación de los órganos de prensa se vio afectada, como el conjunto del partido, por la “caída de valiosos cuadros”.³⁹

Un dato que en cambio consideramos pertinente para analizar el irregular funcionamiento de la organización, es que durante este período las listas de acciones armadas se obtenían de los “periódicos burgueses”, a causa de que ninguna Célula Militar elaboraba, “como tendría que hacerlo”, un parte mensual de su actividad. No les quedaba por lo tanto más remedio que recurrir a la “información indirecta, dada la ineptitud de los compañeros para dar a conocer a todo el partido algo tan sencillo como es un parte mensual de operaciones”.⁴⁰ Esta cuestión, aunque parezca anecdótica, refleja la autonomía que tenía el aparato militar y cada una de las regionales a la hora de llevar adelante las operaciones armadas.

Las elecciones presidenciales: entre la “primavera camporista” y el regreso de Perón al poder

La fuga de la cárcel de Rawson, en agosto de 1972, permitió que Santucho, Menna y Gorriarán Merlo pudieran reincorporarse a la dirección partidaria de forma activa. El PRTERP planteó entonces una dura autocrítica centrada en el problema del militarismo y se especificó que “un amplio movimiento legal en una organización es de carácter estratégico imprescindible para el desarrollo y triunfo de la guerra revolucionaria”.⁴¹ Así, en la reunión del Comité Central de diciembre de 1972, se reconocieron “los retrasos conocidos”, aunque señalando que todavía contaban con algunas posibilidades de lograr una “intervención positiva” que dificultara la concreción de los planes de la burguesía.⁴² Para ello, se llamaba a intensificar la línea de los Comités de Base para ampliar la relación con las masas y combinar ese trabajo legal con la propaganda armada. Además, se remarcó la necesidad de promover también la realización de “acciones de envergadura” a partir de la “ausencia total de una opción genuinamente popular” de cara a las elecciones, para “demostrar al pueblo la fuerza y la decisión de la guerrilla y colocar en forma destacada ante los ojos de las masas […] la verdadera salida […] la salida de la guerra revolucionaria”.⁴³

En consonancia con la táctica dispuesta por el Comité Central, se desprende de los testimonios de De Santis y de Ponce de León que el PRTERP procuró organizar un partido electoral en la provincia de Buenos Aires, y que se logró el lanzamiento de tres partidos vecinales en las ciudades de Santa Fe (Partido Popular Santafesino), Córdoba y Baradero. No obstante, la participación en las elecciones solo se concretó en esta última localidad.⁴⁴

Por otro lado, un mes antes de la elección presidencial, la organización asaltó el Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba en febrero de 1973, y realizó de este modo su primera “gran acción”. A través de esta operación no solo se procuró expropiar una gran cantidad de armamento, sino también “realizar una advertencia” a la dictadura militar de que si no respetaba el llamado a elecciones del 11 de marzo de 1973, habría peligro de iniciar una guerra contra las organizaciones guerrilleras. En este sentido, en Estrella Roja n.° 30⁴⁵ se afirma que el asalto a este regimiento permitió que la dictadura dejara de lado sus intentos de proscripción del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y que con esta operación quedó demostrado lo siguiente:

Cuanto más fuertes fueran los golpes del pueblo y la guerrilla, tanto más se vería obligada la Dictadura a recostarse en la tramposa salida electoral y tanto menos condicionada sería ésta, abriendo en cierta medida un período de algunas libertades democráticas, duramente conquistadas por el accionar de las masas y su vanguardia armada.⁴⁶

Asimismo, se sostenía que las acciones armadas llevadas a cabo por el PRTERP y por otras organizaciones “convencieron definitivamente a los militares y a la burguesía y los monopolios de la necesidad de hacer concesiones en el terreno político, con el objetivo de lograr de esa manera alejar el peligro de la revolución socialista que veían en un futuro próximo”.⁴⁷

Esta percepción de que la violencia permitía aumentar los espacios democráticos y que constituía un “coto” frente a la “violencia represiva” no deja de resultar llamativa, pues pondría de manifiesto la escasa comprensión que tenía el PRTERP del momento político en el que se encontraba el país, en la medida que las Fuerzas Armadas habían definido que la apertura era la mejor manera de frenar el peligro revolucionario en un mediano plazo. No obstante, De Santis en su libro rechaza estas críticas y afirma que la mejor demostración de que la lucha armada ampliaba las posibilidades de la lucha legal era que Perón mismo la utilizaba en su propio plan para llegar a las elecciones con el menor grado de proscripción. Si bien esto es correcto, hay que señalar también que la estrategia de Perón tenía un grado de complejidad mayor al que sugiere este autor, pues combinó la negociación política con Lanusse, con la acción de las “formaciones especiales” y la presión de los sindicatos, mientras que el PRTERP se limitó a realizar acciones militares sin tener un objetivo político concreto, más allá de realizar la revolución y tomar el poder del Estado.⁴⁸ Es más: podríamos afirmar que las acciones armadas de la organización fueron incluso capitalizadas por Perón, pues constituyeron otro factor que presionó aún más a una dictadura que ya había decidido abandonar el gobierno.

Finalmente, la Dirección decidió no participar activamente en las elecciones de marzo de 1973, es decir, no favoreció ni el boicot ni la presentación de una lista de candidatos propios como estrategia de cara a los comicios, sino que se inclinó por la abstención a raíz del déficit de trabajo legal que hubo durante la “desviación militarista”.⁴⁹ Al mismo tiempo, para justificar esta medida, afirmaban que las elecciones estaban “condicionadas”, que eran “fraudulentas”⁵⁰ y que no había una “verdadera democracia”,⁵¹ ya que ellos adherían a una “democracia social”, que promoviera formas de participación directa del pueblo. Sin embargo, la primera enunciación resulta incompresible. Las elecciones del 11 marzo de 1973 fueron las primeras sin restricciones desde las realizadas en el año 1951, pues el peronismo fue sistemáticamente proscripto a partir de la autodenominada “Revolución libertadora”. El único condicionamiento que se estableció fue que los candidatos a presidente debían estar residiendo en la Argentina antes del 25 de agosto de 1972, lo cual finalmente impidió que Juan Domingo Perón se presentara.

Asimismo, se sobrestimaba el apoyo popular que tenían las organizaciones armadas de izquierda al señalar la necesidad de constituir “una lista de candidatos que representaran fielmente los intereses progresistas y revolucionarios de la mayoría del pueblo argentino”.⁵² Esta apreciación también se observa en las justificaciones del Comité Ejecutivo a la hora de declarar que la abstención era la mejor estrategia de cara a las elecciones. En efecto, se sostenía que el voto en blanco no era una opción clara para instrumentar el repudio contra la farsa electoral, ya que las masas no se orientaban hacia esa posición, y que no era conveniente aplicar esta táctica electoral, pues se podría dar la “falsa impresión” de que las fuerzas revolucionarias eran en realidad muy minoritarias y que amplios sectores preferían el parlamentarismo. Finalmente, se promovió la abstención y el lanzamiento de un volante que denunciaba la “farsa electoral”, que podía ser colocado en el sobre como voto.⁵³

Por otra parte, la organización se autoengañaba al considerar que las masas se encontraban apáticas e indiferentes de cara a las próximas elecciones. En este sentido, sostenían:

La clase obrera y el pueblo observan el circo electoral como un programa más de televisión; de ninguna manera se sienten interesados ni partícipes, y aunque votarán, lo harán sin ninguna esperanza de cambios. La generalidad de los trabajadores a pocos días [de los comicios], no sabe aún a quién votar, índice elocuente de la intrascendencia del acto electoral en el desarrollo de la lucha de clases argentina.⁵⁴

De esta forma, no reconocían el fervor y el clima festivo que había despertado la apertura democrática y el tan ansiado retorno de Perón al país, después de más de dieciocho años en el exilio. Como señala Weiz, los análisis del santuchismo sobre las expectativas populares, sobre el imaginario social en torno a la etapa que se abría y sobre la cultura política, fueron absolutamente ajenos al proceso efectivo en marcha, y esto pese a las fuertes muestras que los trabajadores y los sectores populares daban, incluso ya antes de marzo del año 73.⁵⁵

Esta posición tampoco será revisada después de las elecciones del 23 septiembre de ese mismo año, pues se continuó afirmando que “la falta de una opción valedera se manifiesta en la falta de entusiasmo y la indiferencia con que el pueblo observa el proceso electoral”,⁵⁶ a pesar de que Cámpora había ganado las elecciones y obtenido casi un 50 % de los votos, en comicios en los que había participado el 86 % del padrón electoral. Juan Domingo Perón obtendrá un resultado aún más arrollador en septiembre de 1973 y reunirá el 61 % de los votos con una participación del 84 % de los votantes habilitados.⁵⁷

La primacía de la lucha armada por sobre la lucha legal

La organización consideró que durante el período 1971-1972 hubo una “desviación militarista”, es decir una absolutización del rol del aparato militar por sobre el aparato legal. En este sentido, se creía que se había descuidado la penetración en las fábricas construyéndose tanto el PRT como el ERP por fuera del movimiento de masas, como en el caso de la regional Buenos Aires, en la cual se promovió la formación de las unidades militares y, sobre todo, la creación de los Comités Militares Regionales, sin ninguna vinculación con las masas y desligados de la actividad de las células de masas.⁵⁸

Esta posibilidad ya había sido contemplada en un artículo de El Combatiente del año 1970, en el que se sostiene que las organizaciones armadas de izquierda, por el carácter clandestino que adoptan para eludir la represión, sufren una “evidente presión militarista que puede esterilizar la actividad en lo que se refiere al aspecto de la vinculación a las masas”.⁵⁹ Asimismo, se manifiesta la preocupación por

el peligro, siempre existente, de que la persistencia de las operaciones militares en ese sentido, tienda a convertirlas en hechos que las masas no vivan, más que como espectadores, en la medida que no se refieren en forma concreta a los problemas que en ese momento se le plantean […] Es necesario, en consecuencia, orientar en forma decidida la actividad militar hacia las masas, que permite a la naciente vanguardia armada vincularse estrechamente con ellas, incorporándolas gradualmente al desarrollo de la guerra.⁶⁰

El PRT-ERP nunca percibió las posibilidades de acumulación política que ofrecían las elecciones,⁶¹ como por ejemplo sí lo hizo Montoneros durante los comicios de 1973 e inclusive con la creación del Partido Auténtico en el año 1975. Además, la organización relegó la necesidad de una construcción social en la cual se desarrollaran formas alternativas a las hegemónicas, a partir de la absolutización de la instancia específica de la toma militar del poder. En este sentido, como señala Mattini, una de las falencias de la organización fue la falta de política, pues se presentaba a la “guerra revolucionaria” como alternativa para todas las coyunturas y los problemas cotidianos de la política nacional.⁶² La comprobación de esta situación llevó a que la IV Internacional le cuestionara que las acciones armadas carecían de “un plan a largo alcance”⁶³ y de que no se observaba una estrategia para que el PRT tuviera influencia de masas. Asimismo, la Fracción Roja de la organización también planteó una serie de críticas en consonancia con las de la IV Internacional, señalando que el trabajo de masas se encontraba en un plano secundario, pues todos los esfuerzos, los medios y los cuadros fundamentales eran consagrados a las tareas militares.⁶⁴

Sin embargo, la crítica más dura que probablemente recibió la organización la efectuó Miguel Enríquez, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, quien en una carta dirigida a Santucho le señaló la falta de precisión en los objetivos a ofrecerles a las masas, la ausencia de un programa y de una plataforma precisa para el período, y de plataformas específicas por frente. Además, le sugirió plantear un proyecto concreto de gobierno más allá de “la continuación de la guerra”, la “conquista del poder”, la defensa de los ingresos de los trabajadores y la lucha antiburocrática. Desde su perspectiva, se debían proponer también nuevas formas de organización. Por último, se mostró preocupado por las acciones armadas de mayor envergadura que estaba realizando la organización, pues sostenía que se podía “generar un vacío”, “una enorme distancia entre el carácter, la extensión y la profundidad del trabajo de masas y el accionar militar [‘adelantado’] del PRT”, pues el peligro era que el reformismo y el populismo terminaran capitalizando políticamente lo que el ERP generaba en su práctica revolucionaria, aislando de este modo a la organización del núcleo fundamental de la clase obrera y permitiéndole solo su vinculación con los sectores de vanguardia más conscientes.⁶⁵

En suma, el ejercicio de la “violencia revolucionaria” por parte de la organización incluso minó el trabajo de masas que estaban llevando a cabo otras agrupaciones políticas que no tenían relación alguna con ella. Es ilustrativo al respecto el volante de la Organización Política Obrera, titulado “Las AAA y el ERP se complementan para destruir a la vanguardia obrera”, en el que igualaban a estas dos organizaciones de polos opuestos, al considerar que su accionar, y en especial las campañas de represalias establecidas por el PRTERP contra los empresarios, les impedía continuar con la política sindical que emprendían en las fábricas. El organismo hizo a un lado esta acusación y señaló que los dirigentes de la Organización Política Obrera se descargaban sobre ellos por su “incapacidad” para dirigir el movimiento de masas, por su origen pequeñoburgués -“que ante la primera dificultad, ante el primer golpe, se amilanan, esconden la cabeza y emprenden la retirada”- por su “punto de vista hostil a los del proletariado”, etcétera.⁶⁶ Así, la organización consideraba que el único camino para arribar al poder obrero y el socialismo era combatir en la “guerra civil revolucionaria” que ya había comenzado, y que la actividad sindical era solo una forma de lucha, pero no la única. Nuevamente, el PRTERP daba muestras de no comprender que el ejercicio de la violencia imposibilitaba otras formas de acción política.

A modo de conclusión

Aunque durante el período analizado la organización haya promovido por igual la expansión de la lucha legal y la realización de operativos armados, a partir del análisis de su discurso y de su práctica observamos una primacía de una concepción que reducía la política a la lucha armada, y convertía a la política y a la violencia en una unidad inseparable. Como señala Ingrao, una lectura de este tipo concluye concibiendo a la política esencialmente como dominio, y -en el peor de los casos- reduciendo el dominio al ejercicio de la fuerza física.⁶⁷ Es así como son prácticamente cancelados los momentos del consenso, de la participación y las formas, las dimensiones, las articulaciones, en las que aquellos pueden realizarse; y también se excluye la construcción de una hegemonía, como transformación y crecimiento de sujetos políticos, como refundición de fuerzas.

La concepción de revolución de la organización estaba absolutamente acotada al acto de la toma del poder, y fue restringida a una operación militar. Sin embargo, esta cuestión no era privativa del PRTERP pues en todas las organizaciones armadas de izquierda de la época la discusión por los métodos -la lucha armada- postergó la discusión de qué revolución se pretendía y se sustituyó por el debate sobre cómo lograr tomar el aparato del Estado.⁶⁸

El consenso era otro elemento soslayado por el PRT-ERP a pesar de que en sus documentos se impulsaran los vínculos con otras organizaciones armadas de izquierda o corrientes políticas asociadas al progresismo o que Santucho promoviera en Poder burgués y poder revolucionario una “sabia combinación” de avances en la movilización política de masas por abajo con una correcta política de acuerdos entre las distintas organizaciones obreras y populares. Es así que, por ejemplo, Armando Jaime, un referente nacional del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), considera que el PRT era poco respetuoso con las demás fuerzas que componían a ese frente y que tenía una actitud hegemonista,⁶⁹ a pesar de que en el discurso se manifestaran abiertos al diálogo.

La construcción de una contrahegemonía era un elemento secundario para la organización, ya que se consideraban en un momento de ofensiva, iniciado después del Cordobazo⁷⁰, cuando la clase obrera había obtenido la iniciativa política en el país.⁷¹ El principio revolucionario que guiaba su acción era que una vez capturada la ofensiva, “los revolucionarios deben realizar los mayores esfuerzos por mantenerla”.⁷² No procuraron, en consecuencia, captar a las masas para el marxismo revolucionario, mediante la organización paciente y la agitación hábil a favor de la unidad de acción del proletariado; nunca se propusieron llevar adelante una estrategia de corte gramsciana, una “guerra de posición” para ganar ideológicamente (consensualmente) a las masas para la causa del socialismo, con anterioridad al momento de la revuelta final contra el estado burgués.

El resultado del conflicto no se determina solo mediante la victoria en el campo militar, sino que cuenta y pesa la capacidad de construir una organización social diferente.⁷³ La propuesta del PRTERP en esta última materia no se caracterizaba por la innovación, sino por la adaptación al contexto argentino de la clásica idea de Lenin del “doble poder” y de las “zonas liberadas” de la experiencia china y vietnamita. Esta limitación teórica les impidió captar el carácter complejo y policéntrico que alcanza el poder en las sociedades capitalistas avanzadas, y los llevó a simplificar ingenuamente la dinámica de constitución de una nueva hegemonía en una sociedad tan compleja como la argentina. En suma, su intento de construir una “zona liberada” en el monte tucumano en el año 1974 los llevó en los hechos a caer en el “foquismo” que tanto combatían en sus documentos y órganos de prensa.

La inclinación por la “violencia revolucionaria”, como señalamos anteriormente, encontraba su fundamento en el rol que el PRTERP le asignaba: desde su perspectiva esta permitía limitar la represión estatal, crear conciencia entre las masas, extender los espacios democráticos en la política argentina, etcétera. No obstante, su aplicación no trajo aparejados los efectos deseados, pues las masas se sintieron crecientemente ajenas a lo que aparecía como una “guerra de aparatos”. Es más, la violencia creciente solo contribuyó a homogeneizar a los diferentes sectores de las Fuerzas Armadas y cohesionarlos con respecto a la necesidad de su intervención en la “lucha antisubversiva”.

Como señala Merleau-Ponty, si se entra en el juego de la violencia existe la posibilidad de permanecer en ella para siempre, pues los medios utilizados nos terminan atrapando en su propia lógica.⁷⁴ No obstante, consideramos que la cantidad de acciones que efectuó durante el período también sería una manifestación de cómo lo militar se fue convirtiendo progresivamente en el principal recurso político que poseía la organización, fundamentalmente a fines del año 1973, en la medida que aumentaba la represión y disminuían las posibilidades de realizar cualquier trabajo político de tipo legal.

El PRT-ERP se vio siempre tentado por el militarismo, pues se creía que la promoción de acciones armadas, que muchas veces requerían pocos recursos humanos y económicos, les significarían, en cambio, un alto capital político frente a las masas, las cuales en su gran mayoría adherían al peronismo. Esto mismo es insinuado por De Santis, cuando afirma que

los obreros ya eran mayoritariamente peronistas y los militantes del PRT no eran muchos y sólo tenían argumentos teóricos, ideológicos y, por supuesto, una voluntad de hierro y las acciones del ERP siempre fueron las más numerosas, para contrarrestar el fenómeno de la peronización masiva de la clase media, sobre todo de la juventud universitaria.

Del mismo modo, este comportamiento se habría reforzado a partir de lo que Pozzi denomina una “impaciencia permanente” característica de la organización, la cual la llevó, en el plano militar, a acelerar los tiempos más allá de las coyunturas y desarrollos políticos.⁷⁵

El ejercicio de la lucha armada era justificado por la organización por el fin último que se procuraba alcanzar: el establecimiento de una sociedad radicalmente igualitaria y la creación de un hombre nuevo. No obstante, este camino no era necesariamente el único disponible, aunque tal vez era el más tentador. Todos los actores que intervinieron en este período convulsionado de la historia argentina no pueden buscar excusas ni desentenderse de la responsabilidad por las decisiones que tomaron, aun cuando los dados de la historia estuvieran cargados en esa dirección.

Notas

Enlace alternativo

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